La negociación para aprobar el Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) que corresponde al periodo del 2017 al 2020 está en proceso, es por esto que la Escuela de Ciencias Políticas abrió un espacio para la discusión de este tema.
En la actividad, el M.Sc. Max Soto Jiménez, director del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas, expuso el panorama macroecónomico del país para entender el contexto en que se lleva a cabo la negociación.
El economista detalló que entre los años 2007 y 2015 los gastos del gobierno central aumentaron un 5,9% del PIB, mientras que los ingresos sufrieron una contracción y la carga tributaria se mantiene hoy en día más baja de lo que era antes de la crisis mundial de 2008. Principalmente el aumento del gasto se debió al incremento de la planilla estatal y de los salarios públicos que se dio a partir del 2008.
“El resultado financiero de estas tendencias en ingresos y gastos fue que después de tener un pequeño superávit entre el 2006 y 2007 empezamos a incurrir en déficit. Pero lo preocupante es si vemos históricamente son los déficits más altos de los últimos 28 años”, recalcó Soto.
Así mismo, señaló que es preocupante la aparición después de 15 años de déficits primarios de más de 3% del PIB, es decir que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, por lo que hay que endeudarse para pagar intereses de la deuda pública, y esto lleva a lo que se llama insostenibilidad fiscal.
“No la tiene fácil ni el país ni el gobierno ni las universidades públicas, la situación es compleja, llegar al 8% del PIB para educación no está fácil en este contexto y dentro de eso llegar al 1,5% para educación superior también tiene sus problemas para la negociación de este FEES”, señaló.
Por su parte, el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración se refirió a las propuestas que tienen las universidades públicas basándose en tres escenarios distintos.
La reforma del artículo 78 de la Constitución Política establece que el presupuesto para la educación pública debe ser de un 8% del PIB y al alcanzar esta meta la inversión en la educación superior pública será del 1,5% del PIB, en tanto, la recaudación tributaria con respecto al PIB alcance el 15,9%.
Ante este mandato constitucional y tomando en consideración la situación económica del país, las universidades públicas han planteado en la comisión de enlace tres propuestas.
Según explicó Araya, la primera opción, que es la más optimista, pretende llegar al 1,5% del FEES con respecto al PIB, en el marco del 8% para Educación en 2017 y continuar con esta relación hasta el 2020.
La segunda propuesta establece aumentar la gradualidad del FEES con respecto al PIB en el 2017, para llegar al 1,5 en el 2018 y continuar con esta relación del PIB hasta el 2020.
Mientras que la tercera posibilidad, que al parecer de Araya es la más realista, es mantener en el 2017, la relación del FEES con respecto al PIB que se logró en el 2016 (1,453 %) y llegar al 1,5% del PIB en el 2018 y continuar con esta relación hasta el 2020.
“Se le ha pedido a los representantes del Gobierno en la Comisión de Enlace que definan cuál es la ruta, nosotros a partir de lo que tenemos estamos valorando diferentes rutas para llegar a la meta, pero lo lógico es pedirle al Gobierno que defina la ruta que se considera oportuna”, concluyó.
Luis Siles, presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), detalló los distintos aspectos que el Movimiento Estudiantil desea que se tomen en cuenta durante la negociación del VI Convenio FEES.
En este momento, las cinco federaciones de estudiantes de las universidades públicas se pusieron de acuerdo y decidieron trabajar en conjunto para presentar una serie de peticiones que aseguren la adecuada negociación del FEES.
Uno de los principales puntos que creen que se debe reforzar es la democratización de la educación pública, abriendo la posibilidad de que más personas tengan acceso a la universidad. En este punto Siles destacó los esfuerzos que ya se están realizando en las distintas instituciones por abrir espacios a poblaciones vulnerables. De igual manera, fortalecer el sistema de becas y equiparar las condiciones en Sedes y Recintos.
“Es fundamental que se nos incluya al sector estudiantil en la mesa de negociación porque ahorita no tenemos otra opción que salir a la calle. Muchas veces nos critican por realizar una movilización, pero no tenemos otra herramienta efectiva, aparte de las reuniones que tenemos a veces en CONARE con el Rector, para llevar nuestra voz a esa mesa de negociación”, defendió Siles.
También recalcó que es muy importante conocer la propuesta del Gobierno, pues se ha dicho que sí se quiere llegar a la cifra del 8% del PIB para la educación pública, pero no se ha mencionado ni el cómo y ni el cuándo.
El apoyo a los proyectos contra la evasión fiscal e iniciar una discusión para la modificación constitucional para llegar a un 10% del PIB en educación después del 20020, son otros de los temas que el sector estudiantil quiere que se empiecen a debatir dentro de las universidades.
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