El impeachment o proceso de destitución de la mandataria Dilma Rouseff, que hunde hoy a Brasil en una crisis política, tiene profundas raíces sociales en un país con un sistema político altamente fragmentado, atizado por la corrupción y la crisis económica.
Este jueves el proceso llegó a uno de sus puntos cruciales, pues con la mayoría de 55 votos y 22 en contra, el Senado de Brasil decidió remover de su cargo a la presidenta por un plazo de 180 días, para responder a un juicio político que llevaría a su destitución definitiva.
Rousseff enfrenta este proceso por el presunto maquillaje del déficit presupuestario de su gobierno usando dinero de bancos públicos. La mandataria niega haber cometido alguna irregularidad e insiste en que el juicio equivale a un “golpe de Estado” destinado a desmantelar los programas sociales que han sacado a unos 35 millones de brasileños de la pobreza.
Tras ser separada del cargo, la mandataria ha disuelto su Gobierno mediante un decreto publicado en el Diario Oficial en el que destituye a todo su gabinete compuesto por 33 ministros y sus asesores directos.
Durante este periodo asume la presidencia el Vicepresidente Michel Temer con nuevos ministros que conformarán el Gobierno. En caso de que Rousseff sea destituida definitivamente él debería completar el mandato que concluye el 1 de enero de 2019.
El Dr. Rodrigo Rodrigues Silveira, profesor e investigador de Ciencias Políticas y de Administración, de la Universidad de Salamanca, analizó este tema y sus implicaciones este miércoles 11 de mayo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR desde una perspectiva alternativa.
La conferencia fue organizada por la Escuela de Ciencias Políticas con la colaboración del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y Maestría en Ciencias Políticas y en el ella el especialista Rodrigues planteó y respondió seis preguntas que explican en forma resumida el proceso crítico que vive Brasil a partir de este momento.
Para el analista, hay dos objetivos claros detrás de este juicio político; por un lado remover el actual gobierno del cargo y evitar que el ex presidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva dispute las próximas elecciones en 2018.
Rodrígues explicó que el cálculo de la oposición es que si Lula participa en las elecciones gana. Por ello, se crea una serie de efectos y acciones políticas para evitar que Dilma siga en el gobierno y que Lula (quien ha sido señalado por irregularidades relacionadas con un apartamento que posee en el municipio del litoral de São Paulo Guarujá) pueda disputar las elecciones.
“Es un juicio político que tiene que ver con una oposición que está demasiado harta de no participar en el gobierno activamente, porque estuvo fuera en cuatro mandatos consecutivos y quiere volver al poder” asegura Rodrigues.
Con la disolución del gobierno de Rousself y la imposibilidad de Lula de participar en las elecciones, el mandato de la izquierda en Brasil llegaría a su fin tras trece años en el poder. El Partido de los Trabajadores (PT) ha gobernado el país desde 2003 cuando Lula asumió su primer periodo presidencial.
El PT ya ha perdido mucha de su militancia original, llegó al gobierno como el partido de los movimientos sociales y ahora sale debilitado y tendrá que pasar por un proceso de reconstrucción.
Brasil está fuertemente dividido. Tanto los defensores como los detractores del empeachment tienen fuerte respaldo y legitimidad social, lo que hace que quien quede como presidente tendrá muchas dificultades para gobernar.
En términos sociales hay una polarización entre una sociedad clasista que ve los avances sociales del gobierno como una ayuda a los pobres que están tomando un espacio que no era suyo, y del otro lado la idea de que hay una sociedad que ha sido incorporada, nuevas clases medias que apoyan fuertemente al gobierno.
Hay una parte de democratización y de aprendizaje en que esta población que ha sido incorporada por las políticas del gobierno ha aprendido a votar y ha aprendido a exigir derechos en un contexto democrático, acotó Rodrigues.
Con todos los escándalos alrededor del empeachment y las disputas políticas internas se abona a un fuerte debilitamiento de la imagen internacional de Brasil como una potencia emergente y de su posición económica.
El politólogo explicó que aunque la oposición llegue al gobierno, el hecho de que haya habido una interrupción institucional, esto demuestra que el país no tiene capacidad de mantener las reglas de juego y eso aumenta el riesgo.
El daño a la imagen podría tener efectos sobre la ya de por sí afectada economía brasileña, pues al aumentar el riesgo y la incertidumbre es más caro para el país financiar proyectos.
Hasta ahora la política dominarte en América Latina estaba basada en un modelo de exportación basada en el comercio de productos primarios “commoditie boom” que es legitimado por la inversión en políticas sociales.
Hay un fin de un ciclo de expansión económica a partir de la exportación de commodities (materias primas) que vive toda América Latina. La premisa que manejan al respecto en el grupo de investigación de elites políticas de la Universidad de Salamanca es que este fin de ciclo ha permitido el surgimiento de un espacio político de discurso disonante.
Con la crisis de ese modelo surgen posibilidades de que los actores que fueron excluidos durante el proceso de participación política empiecen a buscar la manera de derrotar a la izquierda argumentando que no es capaz de generar mejorías sostenibles.
Para el especialista, después de este proceso no se vislumbran cambios sustanciales en la política brasileña o en la situación económica que atraviesa el país, provocada en parte por la crisis del modelo de exportación de commodities que afecta a los países de América Latina.
Opina que no hay ninguna intención de fondo de resolver los problemas estructurales que han generado la situación actual, como por ejemplo la excesiva fragmentación del sistema político y la relación entre el Estado y las empresas privadas que sirven a la financiación de campañas políticas.
Esa dependencia orgánica entre el capital estatal y privado está arraigado en la práctica y sus relaciones son de carácter informal por lo que es muy difícil de controlar aseguró el experto.
“Mientras no haya un cambio significativo en la forma en que el Estado se relaciona con esas empresas creando procesos más transparentes y visibles de interacción o asumiendo totalmente las funciones que esas empresas desempeñan va a ser muy difícil que se sane”.
Tampoco se ve en el horizonte reformas políticas y electorales que permitan la reducción del número de partidos en el Senado o una reforma electoral que facilite los procesos de formación de gobierno. Así que el coste de formación de gobierno seguirá muy alto en los próximos años apuntó el analista.
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