En tiempos de alta conflictividad social la familia se ve afectada

La familia en sus distintas composiciones es una de las instituciones sociales que más se ve afectada por la conflictividad social (foto archivo ODI).
 

La conflictividad social y su efecto sobre las familias fue el tema que abordó la Mag. Lilliana Barg, durante su exposición como parte del I Simposio Familias y conflictividad social, las políticas sociales en la actualidad.

La trabajadora social argentina manifestó que en América Latina se está presentando un retroceso en relación con las políticas de inclusión que produjeron cambios positivos en la sociedad y por consiguiente en la familia. Según su opinión, este cambio de políticas se combina con otros mecanismos de ajuste como el aumento de tarifas de los servicios públicos, devaluación de la moneda e inflación, que tienen como consecuencia desempleo y deterioro de las condiciones laborales.

Ante este contexto, aumenta la conflictividad social y las familias no están exentas de esta situación.

La Mag. Lilliana Berg criticó el cambio en las políticas públicas, relacionadas al tema de la familia, que se están dando en algunos países de Latinoamérica pues en su opinión retornan proyectos neo conservadores que apuntan al asistencialismo en lugar de la inclusión social (foto Laura Rodríguez).
 

“En este escenario de temor y conflicto las familias se construyen y reconstruyen, sufren los embates del modelo de sociedad que altera sus vidas, avasalla sus derechos especialmente los sectores medios y pobres, se producen nuevos agrupamientos que modifican el espacio social”, explicó Barg.

La familia está en medio de la sociedad, es parte de ella y se puede encontrar a la sociedad misma al mirar a la familia. La violencia, el temor, las relaciones de poder son cuestiones que circulan tanto en la sociedad como en la familia, y más en momentos de alta conflictividad social.

Y ¿qué pasa con las familias en estos momentos? Pues que hay consecuencias importantes especialmente en aquellas que se encuentran en condición de pobreza. Por lo tanto, para los profesionales en Trabajo Social se vuelve fundamental establecer estrategias de intervención que comprendan que la labor del especialista debe reforzar todos aquellos recursos con los que cuentan los integrantes de la familia para lograr salir de la situación en la que se encuentran.

La Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez manifestó que se debe trabajar por atender las causas de la violencia y aumentar la inversión en políticas públicas preventivas que recurran a otro tipo de sanciones diferentes al encarcelamiento (foto Laura Rodríguez).
 

En el marco de una política social que puede universalizar derechos, la intervención profesional puede darse en un marco de prácticas alternativas, promover y reconocer la importancia de la reducción de la inequidad y un mayor ejercicio de derechos.

“Un factor clave en los diagnósticos familiares es indagar percepciones y representaciones de los integrantes del grupo, la explicación y comprensión de sus estrategias de reproducción, cómo circula el poder en la familia, cuáles son las distintas posiciones en el campo familiar, cuál es el estado de lucha por los distintos capitales, qué disposiciones existen para actuar, moverse, hablar. Esto permite evaluar sus altos y cuáles son los intercambios de movimientos de posición que pueden darse dentro del círculo familiar”, recalcó.

Esta fue la charla inaugural del I Simposio Familias y conflictividad social, las políticas sociales en la actualidad, que organizó el Programa Pridena junto al núcleo de administración de la justicia de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (UCR). En la actividad participaron profesionales de trabajo social y otras áreas que laboran en el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y la UCR.

En el acto de inauguración también participaron la Licda. Damaris González de la jefatura nacional de Trabajo Social del Ministerio de Justicia; la Mag. Roxana Mesén del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial; la Mag. Carmen María Castillo, directora de la Escuela de Trabajo Social; y la Licda. Verónica Castro de la oficina de atención y protección a la víctima del delito (foto Laura Rodríguez).