La Universidad de Costa Rica (UCR) pondrá en funcionamiento consultorios jurídicos exclusivos para las personas adultas mayores, que les darán representación legal en las diligencias judiciales. Esto es posible gracias a un acuerdo entre la UCR y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), que fue suscrito en la conmemoración del Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, y del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez declarado por la ONU.
Estos consultorios jurídicos especializados, serás dirigidos por un profesional en Derecho y en el cual pondrán a prueba sus conocimientos estudiantes avanzados de la Facultad de Derecho de la UCR. Además de ejercer una representación legal eficiente y dar acompañamiento a las y los adultos mayores en la realización de diligencias judiciales en casos de maltrato, abuso y apropiación patrimonial, allí también se evacuarán todo tipo de consultas jurídicas y se facilitará la resolución alterna de conflictos, cuando el caso lo permita.
Aunque inicialmente funcionarán en la Sede Rodrigo Facio en Montes de Oca, se espera que en poco tiempo el servicio se extienda a las diferentes sedes de la UCR en otras regiones del país.
Al respecto, la Licda. Zulema Villalta Bolaños, presidenta de la junta rectora del CONAPAM, indicó que este convenio responde a un objetivo muy claro de cero tolerancia al abuso y maltrato en contra de la población adulta mayor y a la necesidad de que este segmento de la población obtenga justicia pronta y cumplida. “Que más abuso y maltrato en la vejez que lo que diariamente tenemos nosotros al negar dos esenciales escenarios a la población adulta mayor: el acceso a la justicia y no poner freno al maltrato en un servicio tan sensible e importante como lo es el transporte público por autobús”, indicó Villalta.
Durante la suscripción del convenio, que tuvo lugar en la Presidencia de la República, el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Institución, recalcó que la UCR se reconoce parte del proyecto histórico de un país basado en un Estado Social de Derecho, cuya pertinencia social de sus actividades evidencia sus vínculos con ese Estado, con la institucionalidad y con distintos sectores. “Como parte de esa visión, nuestros mecanismos de trabajo se enfocan en un acercamiento solidario con la población, especialmente con aquellos grupos más vulnerables y a quienes el conocimiento que se genera en la Universidad pueda ser de mayor utilidad en concordancia con otras instituciones y sectores para generar un impacto positivo y de mayor alcance”.
En ese sentido, se manifestó complacido de que la UCR sea parte de un nuevo proyecto de colaboración, esta vez con una entidad que vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores. “Esta es una muestra más de nuestro compromiso con uno de los grupos de mayor vulnerabilidad en nuestra sociedad, muchas veces excluidos por personas e instituciones, y marginados de toda decisión ciudadana para mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades”.
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, explicó que este gobierno desea que los programas dirigidos a la población adulta mayor, se fundamenten en una lógica de respeto a los derechos humanos. “Esa es la forma correcta de verlo: son obligaciones que el Estado asume con el propósito de que esta población tan importante -y que además dentro de pocas décadas será la mayor del país- cuente con todas las garantías en los diferentes espacios públicos para vivir una existencia sin violencia y plena, con sus derechos garantizados”.
El presidente Solís agradeció la presencia en el proyecto de la Universidad de Costa Rica, “que es un referente que nunca ha dejado de estar presente en los esfuerzos por devolver a la sociedad costarricense un poquito de lo mucho que le da”.
Además del convenio suscrito con la UCR, se firmó otro con participación del Sistema de Emergencias 911, el Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección de la Policía de Tránsito y el Consejo de Trasporte Público (CPT), para la creación de un mecanismo de atención de las denuncias, que asegure un trato preferente y prioritario a la persona adulta mayor cuando sea maltratada en el uso del transporte público. Villalta explicó que esto conlleva acabar con la impunidad ante el maltrato por parte de una minoría significativa de conductores de autobús que han trasladado a la condición de objetos de abuso y maltrato a las personas adultas mayores, lesionando su dignidad.
Si en el seguimiento del caso se comprueba este tipo de abuso, el chofer en cuestión podría llegar a perder su permiso para transporte remunerado de personas, y por ende su fuente de trabajo.
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