Universidad de Costa Rica
La trata de personas es un problema mundial que priva de su dignidad a millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo. Esta problemática silenciosa también afecta a poblaciones costarricenses, especialmente a aquellas que viven en situaciones de pobreza y exclusión social.
Para conmemorar el Día Internacional contra la trata de personas, el pasado 30 de julio, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica el Conversatorio “Reflexiones sobre la problemática de trata de personas en Costa Rica con fines de explotación laboral de la población Ngöbe Bugle´”.
En este encuentro participaron miembros de una amplia red de instituciones de gobierno, organizaciones internacionales y organizaciones locales vinculadas con esta temática para analizar las implicaciones económicas, políticas, sociales e individuales de este fenómeno y lantear mecanismos jurídicos y sociales más efectivos para combatir este tipo de delincuencia.
Se realizaron dos mesas de discusión, en las cuales se desarrollaron temas como la situación criminal e institucional de la tarta de personas en Costa Rica y las condiciones de vulnerabilidad de la población Ngöbe Buglé para ser víctimas de la trata de personas con fines de explotación laboral.
En todo el mundo los tratantes seducen y engañan a mujeres, hombres y niños con atractivas ofertas de trabajos, estudios y viajes, con la promesa de obtener muchos beneficios. Estas ofertas luego se convierten en un círculo de explotación laboral o sexual y en otros casos las personas se ven sometidas, incluso a la extracción de sus órganos.
El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho, manifestó que “a la misma vez que crece la pobreza y la desigualdad crece también la necesidad de compensar estas circunstancias con movimientos de personas que buscan encontrar esperanzas y mejores posibilidades en otras latitudes”.
El Instituto latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente (ILANUD) ha planteado que este fenómeno se vea como una grave violación a los derechos humanos, pero también como un fenómeno que reúne diversas patologías de nuestro tiempo; como el crimen organizado, los mercados laborales, las economías sugeridas y la globalización de la pobreza.
Según detalló la especialista Licda. Mercedes Álvarez, representante de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) este es un fenómeno del cual se tiene poca información. No obstante, se reconoce que las características de los mercados laborales actuales como la flexibilización, la desregularización y la globalización y el crimen organizado son condiciones ideales para la trata de personas.
El investigador Lic. Alejandro Guevara Arroyo, del ILANUD, explicó que es difícil detectar los casos de trata de personas para explotación laboral debido a la brevedad en que ocurre el hecho delictivo, la aceptación cultural y la falta de normativa y derechos laborales básicos.
Guevara citó datos de las Naciones Unidas que indican que existen más de 40 mil víctimas de la trata de personas a nivel mundial (detectadas y reportadas oficialmente), de ellas el 53% victimas con fines de explotación sexual, 40% con fines de explotación laboral y el porcentaje restante incluye a víctimas sometidas a la mendicidad, la extracción de órganos entre otros. No obstante, la Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. En esa cifra se incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual.
Las situaciones de vulnerabilidad social como la pobreza, la exclusión, la precarización del trabajo y el desempleo hacen que las personas caigan fácilmente en las redes de tráfico que hacen sus ofertas engañosas ya sea personalmente a través de anuncios, mensajes o páginas de Internet.
El Lic. Guevara explicó que las victimas de América Central son transportadas por las fronteras de los países vecinos. Un factor clave es que las victimas proceden de zonas excluidas socialmente y económicamente y de zonas rurales hacia zonas urbanas y de países de bajos ingresos a países de altos ingresos. El 80% de los ofensores de trata de personas son nacionales, es decir, cometen el delito en su propio país de ciudadanía.
En el caso de la población indígena Ngöbe Buglé diariamente viven en escenarios de desigualdades, sociales, económicas y políticas que los convierte en posibles víctimas de trata laboral. Para la representante de esta comunidad, la Dra. Myrna Román, la pobreza, el índice elevado de analfabetismo y las dificultades de acceso a los servicios de salud y educación son algunos de los factores que hacen vulnerables a mujeres, hombres y niños indígenas.
Los campos de la agricultura, la construcción y los servicios son las áreas donde más incide este fenómeno, donde las redes y organizaciones aparentan desarrollar sus actividades en el marco de la legalidad con la complicidad de las mismas personas explotadas que en muchas ocasiones temen regresar a situaciones peores en sus países.
Para la directora General de Migración y Extranjería, Licda. Kattya Rodríguez Araica. “Mientras las condiciones de desigualdad social y económica existan tenemos todo el caldo de cultivo para que se genere la trata de personas, tenemos personas en condiciones vulnerables que pueden llegar a ser víctimas de la trata en todas sus modalidades”.
En Costa Rica, más de una veintena de instituciones sociales y de la administración de la justicia, organizaciones nacionales e internacionales han aglutinado esfuerzos para combatir esta problemática desde la prevención y la atención de las víctimas.
Éstas se reúnen alrededor de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) que se creó junto con la Ley 9095 Contra la Trata de Personas. El reto de esta coalición es articular acciones entre instituciones muy diversas para llegar a las víctimas a brindarles protección de manera oportuna y administrar justicia a los tratadores.
Guillermo Arroyo, investigador del ILANUD, destacó la necesidad de aplicar medidas preventivas enfrentar para las causas profundas de estos delitos, crear más oportunidades económicas en los países, promover practicas de contratación justas, exigir la responsabilidad de las empresas, a visibilizar la situación, abrir más canales de migración legal y establecer programas de movilidad laboral para evitar esta situación.
Un aspecto fundamental del combate contra la trata de personas es la información y educación de la población, así como el aporte de la ciudadanía en denunciar posibles situaciones de este tipo. Para ello el OIJ con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) instan a la ciudadanía a denunciar llamando al 800 8000 OIJ (645).
La actividad fue organizada por la Facultad de Derecho, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente (ILANUD), con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT).
