Estudian impacto del proyecto del Canal Interoceánico en el recurso natural del Istmo

El proyecto del Canal Interoceánico Nicaragua ha generado polémica dentro de la comunidad ambientalista por sus posibles impactos negativos, en un área en la que se comparte frontera con Costa Rica (Foto: BBC Mundo).

Se trata de una obra que será tres veces más grande que el Canal de Panamá, lo que la convierte en la mayor remoción de tierra y sedimentos que haya realizado el ser humano en su historia, abarcará 278 Kms. de largo, un área de influencia directa de 10 Kms. a cada lado, además de incluir la construcción de un lago artificial y una represa hidroeléctrica; así de monumental es el proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua.

Un plan de tal envergadura tiene un impacto en el medio ambiente y por estar cerca de la frontera con nuestro país, las repercusiones también afectarán a los recursos naturales costarricenses.

Ante este panorama, la Cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales organizó con el apoyo de la Escuela de Biología y la Vicerrectoría de Docencia, el foro denominado El proyecto de Canal Interoceánico por Nicaragua: realidades, perspectivas e impactos, el cual se realizó en el Auditorio 290 de la Escuela de Biología el miércoles 10 de junio.

El Dr. Bernal Herrera Montero, vicerrector de Docencia de la UCR, dio la bienvenida al inicio del foro y abogó por la apertura de espacios de discusión que brinden información veraz sobre el proyecto del canal (foto Laura Rodríguez).

Encuentro académico para la discusión

El dirigente campesino y activista nicaragüense, Octavio Ortega Arana, participó en el foro como el coordinador del Consejo Nacional por la Defensa de Nuestras Tierras, Lago y Soberanía, allí contó las experiencias que han tenido hasta el momento los movimientos sociales ante las directrices del Gobierno, “de los 153 municipios que componen el país, 66 están organizados en contra de la ley canalera o Ley 840 que aprueba la concesión del proyecto y hemos organizado 46 marchas para mostrar nuestra oposición”, acotó.

Según explicó Ortega Arana dicha concesión exime al inversionista, la empresa china HKND Group, del pago de cualquier tipo de impuestos, asimismo en el área del canal no se aplicará la normativa administrativa, económica, civil, penal y laboral que rige en Nicaragua, “los recursos hídricos y energéticos del país serán de uso prioritario para el proyecto. Casi 300 comunidades serán destruidas; 119 mil personas perderán sus redes familiares y sociales; y tenemos una amenaza real de contaminación por hidrocarburos, salinización, sedimentación y turbidez en el Lago Cocibolca (Lago Nicaragua), que es el reservorio de agua dulce más grande de Centroamérica”, declaró Ortega Arana.

Otros aspectos negativos del proyecto a tomar en cuenta, recalcó Ortega, es que “la concesión fue aprobada sin consultar a las comunidades afectadas ni al resto del pueblo, sin contar con estudios de impacto ambiental, viola más de 30 artículos de la Constitución Política y transgrede más de 10 tratados ambientales ratificados por Nicaragua”, manifestó.

El Dr. Nicolás Boeglin Naumovic indicó que el proyecto no sólo atraviesa el Lago de Nicaragua, sino que también la cuenca hidrográfica compartida entre ambos países, lo que tendría implicaciones para las aguas superficiales que fluyen hacia una desembocadura común, como lo es el río San Juan, y también podría afectar las aguas subterráneas (foto Laura Rodríguez).

Por su parte la M.Sc. Mónica López Baltodano, abogada ambientalista nicaragüense, experta en cambio climático y directora de la Fundación POPOL NA, cuestionó la idea histórica de que el desarrollo para Nicaragua debe venir de la mano de un canal interoceánico.

“Este proyecto es una iniciativa manejada en secreto, abusiva y violatoria del derecho nacional, de la legislación internacional, del ambiente y de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en la zona de impacto”, esgrimió López Baltodano.

López resaltó que Nicaragua enfrenta una concesión que garantiza a la empresa constructora 116 años de dominio absoluto sobre el Lago y al menos siete áreas protegidas, “todo esto sin los debidos estudios de factibilidad y de impacto ambiental”, apuntó. Además, la Directora de la Fundación POPOL NA dijo que se creó una comisión gubernamental para regular los temas del canal, cuyas reuniones, criterios técnicos y resoluciones nunca se han dado a conocer públicamente, informó la abogada.

Organizaciones sociales de Nicaragua han realizado más de 57 foros hasta la fecha para informar al mundo sobre el desarrollo del proyecto del canal y se han creado comités de solidaridad en países como España, Italia y Costa Rica (foto Laura Rodríguez).

Afectación en Costa Rica

El Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, experto en derecho internacional público y docente de la Facultad de Derecho de la UCR, expuso sobre la huella que dejaría este proyecto en la cuenca del Río San Juan y aseguró que llama la atención la existencia de una evasión sistematizada del Estado de Nicaragua sobre el tema.

Boeglin insistió en que, con el fin de hacer del canal una realidad, Nicaragua ha creado una especie de “zona de no aplicación del derecho” que exonera al concesionario y que no hay manera, hasta el momento, de tener acceso a los estudios de impacto ambiental que se hicieron dos años después de haberse asignado la concesión. 

“El agua no respeta fronteras, se burla de las fronteras” mencionó Boeglin en referencia a que los mantos acuíferos que alimentan tanto el Río San Juan como el Lago de Nicaragua, se ubican bajo la superficie de ambos países, como una reserva común, “este caso se puede comparar con la situación que vivimos hace un tiempo con la concesión en el caso Crucitas”, citó el especialista.

Finalmente el Dr. Salvador Montenegro Guillén, experto en recursos hídricos y exdirector del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA/UNAN), ahondó en las implicaciones sobre el ambiente del proyecto, “una catástrofe provocada por el futuro canal tendría, sin duda, un impacto devastador para ambos países. Los principales usos de la cuenca son: consumo de agua potable, irrigación de cultivos, pesca artesanal y deportiva, conservación de la diversidad biológica y turismo; todas estas actividades se verían amenazadas por el proyecto”, concluyó Montenegro.