Actores y mediadores se pronuncian sobre conflicto en Salitre

El Auditorio de la Ciudad de la Investigación reunió a representantes del Gobierno y de la población indígena, invitados por el Instituto de Investigaciones Sociales, para discutir sobre la disputa por los territorios indígenas en Salitre (foto Anel Kenjekeeva).

La lucha por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas ha sido una constante en el país, principalmente por parte de sectores sociales y también desde la academia, en donde la Universidad de Costa Rica (UCR) juega un papel relevante al servir como escenario para la discusión y búsqueda de soluciones que ayuden a resolver los conflictos que existan en torno a dicha población.

De ahí que el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Facultad de Ciencias Sociales, con la colaboración del Laboratorio de Etnología de la Escuela de Antropología, organizara el conversatorio denominado Territorio indígena de Salitre: demandas históricas y desafíos políticos, el martes 7 de abril en el auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR.

En esta actividad participaron la Dra. Montserrat Solano Carboni, defensora de los Habitantes; Licda. Ana Gabriel Zúñiga Aponte, viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del Ministerio de la Presidencia; Karla González Maroto y Jorge Morales Elizondo, ambos representantes de la Federación Indígena Estudiantil; y la Mag. Rocío Loría Bolaños, investigadora y docente del IIS como moderadora.

Jorge Morales Elizondo es representante de la Federación Indígena Estudiantil, conformada por jóvenes universitarios, y alzó su voz para solicitar que se respeten los derechos ancestrales de sus comunidades y se ponga fin a la violencia en Salitre (foto Anel Kenjekeeva).

Desde enero del año 2013 la comunidad Bribri que habita terrenos en Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, y personas no indígenas protagonizan una ardua disputa por la tenencia de la tierra que no ha registrado una solución justa y duradera para el conflicto.

El estudiante universitario Jorge Morales Elizondo enfatizó en que hasta el momento no se han incluido a todos los actores implicados en esta situación, lo cual debe de realizarse antes de decidir lo que va a suceder, “no es de buena fe golpear a alguien que está tratando de recuperar su territorio. Las denuncias sobre violencia, quema de viviendas y tortura que se han vivido en Salitre han sido desestimadas por las autoridades”, advirtió Morales Elizondo.

Salitre forma parte de los seis territorios indígenas que se ubican en Buenos Aires y para la Licda. Ana Zúñiga Aponte el Estado costarricense tiene una deuda de muchos años con las comunidades indígenas que viven allí.

La Licda. Ana Gabriel Zúñiga Aponte hizo hincapié en que para aportar positivamente a la solución de la problemática que se vive en la comunidad de Salitre hay que visitar la zona y conocer de primera mano la situación que allí se vive (foto Anel Kenjekeeva).

A la vez, Zúñiga Aponte afirmó que se debe conocer la realidad de sitios como Salitre para poder tener un panorama claro de la situación, “los gobiernos anteriores no quisieron asumir la responsabilidad de solucionar este problema y no se debe perder el sentido de humanidad en este conflicto”, acotó en su intervención.

La Viceministra de Asuntos Políticos mencionó a algunos de los actores que forman parte de esta disputa: la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre, el Consejo de Mayores de Salitre, la Comisión Pro Defensa de los Derechos de los Poseedores de Buena Fe de los Territorios Indígenas del Cantón de Buenos Aires, la Asociación de Productores del Cantón de Buenos Aires y diputados del Congreso, entre otros.

Por los derechos de los indígenas

Salitre tiene una extensión de 238.200 hectáreas de las cuales 91.045 son territorio indígena, con una población de 45.244 habitantes, de los que 8.930 son indígenas, en su mayoría de la cultura Bribri.

La Dra. Montserrat Solano Carboni abogó por más apoyo por parte del Gobierno para fortalecer los derechos de las comunidades indígenas de Costa Rica (foto Anel Kenjekeeva).

“El enfoque de la actual Administración se apega a la legalidad y el accionar del Gobierno actual ha sido contundente desde ese punto de vista, pero no somos un gobierno que solamente cumple la Ley de Autonomía Indígena promulgada en 1977, que a su vez es insuficiente, sino que también es una administración sensible. Entendemos que hay vidas de por medio y que no solamente es una disputa de territorio”, detalló Zúñiga Aponte.

Al respecto de esta problemática, la Dra. Montserrat Solano Carboni explicó que más del 40% de las tierras declaradas como territorio indígena está en manos de personas no indígenas, “las ventas (de terrenos) que se han dado no tienen hasta ahora sentencias que vengan a sentar responsabilidades por dichas ventas. La situación que se vive actualmente en la mayoría de los territorios indígenas es responsabilidad de los gobiernos pasados y no de las comunidades indígenas”, sentenció Solano Carboni.

La Defensora de los Habitantes dijo además que cuando se habla de territorios indígenas no se refiere a un regalo que se les dio, se trata de un derecho ancestral que tienen estas comunidades. El Estado debe velar por los derechos de esta población que incluyan el acceso a la educación, reconocimiento de sus aportes a la historia del país y derecho a la propiedad; este último es vital para el desarrollo integral de los pueblos indígenas”, expresó finalmente Solano Carboni.