Universidad de Costa Rica
Se cumplen 25 años de que Costa Rica ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y sin embargo persisten importantes desigualdades en las áreas de educación, salud, protección y acceso a la recreación, que afectan especialmente a las niñas, niños y adolescentes de poblaciones indígenas, migrantes y afro descendientes; así como a aquellos con discapacidad. Esta es la conclusión contundente que se desprende del VIII Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA).
El VIII Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (conocido como el Informe EDNA) ofrece un balance sobre la situación de las personas menores de edad en nuestro país y se elabora en el marco de cooperación entre la UCR y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El VIII Informe EDNA fue presentado este viernes 11 de diciembre, en el auditorio de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Consiste en un trabajo analítico sobre la situación de diferentes factores normativos, políticos, programáticos y socioculturales que inciden en el desarrollo integral de la niñez y adolescencia costarricense. Las fuentes utilizadas en el Informe corresponden a fuentes oficiales de información primarias y segundarias provenientes tanto de registros administrativos (registros de estadísticas vitales, educativos, de salud, judiciales, etc.) como de Encuestas Nacionales (Encuestas Nacionales de Hogares y/o personas) y Censos (Censo Nacional de Población y Vivienda 1989, 2000 y 2011). El EDNA también genera datos relevantes convirtiéndose en fuente primaria.
Para la Dra. Patricia Fumero Vargas, de la UCR y coordinadora académica de este informe, es necesario superar el predominio de la visión adulto-céntrica basada en el concepto de posesión y control social sobre las niñas, niños y adolescentes para brindar a esta población el acceso a sus derechos. “Necesitamos empezar a pensar en las poblaciones vulnerables a partir de la economía del hambre la cual ayuda a comprender la deserción escolar, el embarazo temprano y el impacto de las débiles políticas de salud”.
Las poblaciones con menor acceso a la educación la integran niños, niñas y adolescentes indígenas, afro-descendientes, migrantes, personas con discapacidad y adolescentes madres o en unión de hecho o matrimonio (antes de los 18 años). A menudo, este segmento de población es excluido de los procesos educativos formales, ya sea por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, o bien, porque las opciones educativas no están a su alcance, más aun cuando se trata de condiciones especiales.
Las condiciones de vulnerabilidad se remarcan en contrastes tales como que, según el censo del 2011, en relación con la no asistencia a clases, se detectó un 23,5% de menores migrantes frente a un 11,8% de no migrantes; así como un 20,2% de menores indígenas frente a un 12,2% de no indígenas. El reto está en que el presupuesto para la educación pública se extienda a la diversidad de poblaciones, así como en la variedad de apoyos a la educación (uniformes, materiales de trabajo, viáticos).
No obstante, la dificultad estriba en el financiamiento a la educación; lo que, a pesar de las mejoras que se han hecho, no logra suplir adecuadamente todas las necesidades. Hace falta una política de inclusión que, además, capacite a los docentes y a las comunidades para la atención de esta problemática.
Los niños y las niñas se ven más afectados por la pobreza. Entre las razones, se encuentra el hecho de que las familias pobres son las más numerosas. De acuerdo con un estudio reciente del PNUD, los niños y las niñas representan el 46,3% del total de miembros de los hogares que están en pobreza extrema, el 39,3% de los que están en pobreza no extrema y el 21,7% de los países no pobres, pero que son vulnerables. A ello se suma, que hay mayor proporción de mujeres jefas de hogar, la cual aumenta conforme se incrementa la pobreza, con efectos negativos en el cuido de los niños y las niñas, sobre todo de los más pequeños, y en el ejercicio del derecho a la educación.
Durante su intervención en el acto, el señor Gordon Jonathan Lewis representante de UNICEF-Costa Rica, reconoció que al suscribir Costa Rica la Convención sobre los Derechos del Niño inició un cambio de paradigma que conllevó el imperativo moral que significa trabajar en pro de los derechos de esta población, “y hoy en día la pregunta que todos debemos hacernos es ¿es Costa Rica un mejor país para sus niños? Para Lewis si bien los avances y logros han sido importantes, estos no han llegado a toda esta población de la misma manera, lo cual no posibilita que todos aborden el tren del desarrollo”.
Al referirse a este octavo informe de la UCR, la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Ana Teresa León, enfatizó que el país tiene un desafío enorme: el abordaje de una atención integral de la niñez y la adolescencia; además de hacer investigación que nos diga con precisión los alcances de la problemática y cuáles son las estrategias innovadoras que se requieren para abordar la negligencia, la explotación sexual, el trabajo infantil, entre otros. “Necesitamos otras respuestas para no seguir haciendo más de lo mismo, y este octavo informe nos muestra una muy clara radiografía pero ahora qué vamos a hacer; y es entonces cuando el tema de la investigación que pueda hacerse de los espacios universitarios, para aunar esfuerzos con otras instancias en la búsqueda de respuestas, cobra gran importancia”.
Entre los datos innovadores de este informe se encuentran los referentes al tema de la cultura. Se requiere mayor inversión para generar espacios culturales públicos de calidad para el esparcimiento y se debe realizar un adecuado monitoreo de las políticas sociales y la inversión social en niñez.
Para Roberto Salom Echeverría, vicerrector de Acción Social de la Universidad de Costa Rica “este octavo informe es el resultado de un gran esfuerzo académico e investigativo que contribuye a la reflexión y análisis crítico de la situación, como de los problemas de esta población con respecto al ejercicio y defensa de sus derechos. La UCR realiza este tipo de investigaciones desde el año 2000 con el objetivo de favorecer la adopción y reorientación de políticas públicas en esta materia; así como la acción desde la esfera de la sociedad civil, siempre desde los principios fundamentales de la UCR como institución de educación superior pública; para posibilitar una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más incluyente; que no piense sólo de forma adulto céntrica”.
El vicerrector enfatizó que este informe sienta las bases para la revisión de los planteamientos de los siete informes anteriores, como capital generado que permite afirmar que “contamos ya con una abundante información sobre numerosos temas ligados a los derechos de la niñez y la adolescencia y con este informe se pretende difundir y discutir esos alcances, actividad que es estratégica para impulsar los cambios".
Puede accesar el informe también en la siguiente dirección: http://www.unicef.org/costarica/ESTADO_DERECHOS_DE_NNA2015.pdf
Desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, la niñez en Costa Rica ha experimentado una realidad de contrastes y paradojas, que comienza con el hecho de experimentar una crisis y un ajuste de expectativas y de recursos en el momento en que este tratado internacional se asume en el país como el enfoque que orienta el marco legal e institucional.
Es también interesante el reconocimiento de los derechos sociales e individuales de la niñez en un momento de ajuste y reformas en el Estado Social, en el que esta institucionalidad estaba en duda. Después de 25 años, no hubo un desmantelamiento del Estado Social, más bien se dio una recuperación de la inversión social, dentro de la cual la niñez se ha visto favorecida gracias a que ha recibido relativamente más recursos que otros sectores de población, a pesar de que su peso en la pirámide poblacional ha tendido a ser menor.
Esto ha permitido mejorar algunos indicadores sociales, como, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil y recuperar otros que habían caído dramáticamente, como los indicadores en el campo educativo. Al mismo tiempo que se presenta esta realidad, las condiciones de vulnerabilidad de la niñez más bien ha crecido, sobre todo porque el entorno económico y social ha cambiado, generando una gran desigualdad social y profundizando brechas sociales entre los niños y las niñas, sobre todo entre las zonas rurales más pobres y las áreas urbanas más privilegiadas.
Otro contraste interesante es la presencia de una extensa red de protección social y de políticas universales, que no solo se mantuvieron a pesar de las presiones para privatizar el Estado Social, sino que consolidaron un enfoque de servicios de atención pública al que accede la mayoría de la población, sobre todo en los servicios de atención de la salud y la educación, y una red de protección social hacia los grupos que están en condiciones de vulnerabilidad.
Esta institucionalidad, no obstante, vive una profunda crisis de gestión, tanto porque no está organizada como se debe, ni conceptualmente ha sido eficiente para adoptar el enfoque de los derechos humanos, ya que operativamente encuentra una serie de ineficiencias, que impiden que la inversión social llegue con mayor impacto a quienes la necesitan. Resulta evidente que se requiere de una reforma político-administrativa que subsane semejantes carencias, pero esta urgencia contrasta con un hecho verificable: a partir de la crisis, las instituciones están experimentando procesos de reforma, al punto de que hoy tenemos varias generaciones de cambios sustanciales, aunque incrementales.
Pareciera que la violencia y el maltrato hacia la niñez son más explícitos hoy, aunque ello puede obedecer a que se han visibilizado problemáticas como la violencia y el maltrato hacia la niñez.
Vista la realidad de la niñez desde esta perspectiva, está muy claro que no hay cabida para interpretaciones fáciles, sino que, nunca como hoy, se requiere trazar un panorama de innovaciones que permita aprovechar la institucionalidad, la legalidad y la sensibilidad existente para configurar políticas que trasciendan los períodos cortos de gobierno y formulen una política de largo plazo. Existen los instrumentos de política y el nivel de compromiso, pero al mismo tiempo, hay factores de riesgo que amenazan con retroceder y relativizar los logros alcanzados hasta hoy.
