Morir es un proceso culturalmente mediado, y la respuesta social ante la enfermedad crónica o terminal y la eventual muerte, impide la discusión abierta en las familias costarricenses sobre las decisiones que se tomarán a futuro, afirmó la Magister Gabriela Arguedas durante el conversatorio sobre el proyecto de Ley sobre Muerte Digna. Este se realizó el pasado lunes 23 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas. Ante la numerosa audiencia expusieron sus criterios el diputado Antonio Álvarez Desanti, Viviana Guerrero Chacón, David Sánchez Elizondo y Rolando Tellini Mora, docentes de la Escuela de Filosofía. El Dr. Alexander Jiménez Matarrita fue el moderador del encuentro, que atrajo el interés de profesionales y estudiantes de diversas áreas.
El proyecto de Ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal fue presentado por los diputados Álvarez y Carlos Arguedas Ramírez. Actualmente se discute en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. En ese momento, debido a la presión ejercida por legisladores de los partidos denominacionales, se está escribiendo un texto sustitutivo al original presentado en diciembre del 2014. La oposición aduce razones religiosas y argumentar que una persona no puede decidir por sí misma el cómo y cuándo morir, explicó el diputado Álvarez Desanti. Pero la idea, dijo el legislador proponente, es que con la ley ningún profesional de la salud imponga sus creencias religiosas sobre la decisión del paciente, añadió.
El Grupo de Ética Aplicada reúne a docentes y estudiantes de la Escuela de Filosofía interesados en diversas problemáticas políticas, económicas y sociales. Promueve la discusión de temas contemporáneos de máximo interés para la sociedad, tales como la crisis medioambiental, la violencia y las diversas formas de discriminación, sea racial, sexual, de clase, entre otras.
Según la magister Gabriela Arguedas, la importancia del proyecto de ley es que pone en lenguaje de derechos una realidad que afecta a muchas personas. Aunque la normativa costarricense ya establece derechos para los pacientes, la realidad es que los profesionales del sector salud no los escuchan.
La relación entre médicos y pacientes responde a un modelo paternalista, en este prevalece la actitud autoritaria y se espera que el paciente siga al pie de la letra las instrucciones. Es decir, en este modelo no se respeta la autonomía y la libertad de la persona en estado terminal a decidir sobre tratamientos.
Cuando la muerte sobreviene debido a la ausencia de tratamientos se le llama eutanasia pasiva. En este punto, el proyecto propone que en caso de homicidio por piedad y el involucrado es un médico tratante se impondrá pena de dos meses de prisión. Igual sanción se aplicaría “si instigare a otro al suicidio o lo ayudaré a cometerlo”.
No obstante, el legislador proponente insistió que cada persona tiene derecho a definir como serán sus últimos días. En ese sentido, la ley le permitiría suscribir un testamento vital, es decir expresar su voluntad final ante dos testigos para exigir que no apliquen tratamientos médicos innecesarios (llamado ensañamiento médico) y rechazar la aplicación de máquinas o medios artificiales para mantener su vida. No obstante, este proyecto como otros relacionados con bioética confirman la sociedad conservadora a ultranza en la que vivimos, aunque en el discurso público se diga otra cosa, acotó.
Para la profesora Arguedas, se habla mucho de calidad de vida, pero nadie habla de calidad de muerte, este es un debate que tenemos que dar como sociedad, aseguró.
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