Universidad de Costa Rica
La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR) sirvió como organizadora y propulsora de la actividad denominada Encuentro por un hábitat digno: tierra, casa y barrio; se trató de la presentación de un manifiesto elaborado por la Red Acceso a Tierra que agrupa a 10 organizaciones populares ubicadas en diferentes lugares del Gran Área Metropolitana (GAM).
Entre las comunidades que se han unido en esta Red por medio de agrupaciones están: Asociación Consejo de Vecinos de La Carpio (ASOCODECA), Asociación Pro Vivienda La Esperanza de Purral, Asociación Luchando por una Vivienda Digna (ASOLUVID) de Desamparados, Asociación Pro Vivienda Los Ángeles de Tirrases, Comité Los Pinos de Alajuelita, Asociación de Vivienda Benjamín Núñez de Los Guido, Asociación Triángulo de Solidaridad de Tibás, Cooperativa Autogestionaria de Producción del Hábitat Humano (COOPEBERACA R.L.) de Pavas, Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua de La Carpio (COOVIFUDAM R.L.) y el Colectivo Dignidad y Hábitat de San José.
Para recibir el documento por parte de las autoridades gubernamentales costarricenses estuvo presente el Ing. Rosendo Pujol Mesalles, ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH).
Derecho a contar con vivienda digna
Algunos de los puntos más importantes incluidos en el manifiesto presentado en este Encuentro son que se respete el Artículo 50 de la Constitución Política en cuanto al derecho a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; derecho a estar debidamente informados y recibir cooperación estatal para estar debidamente capacitados en temas de acceso a tierra y vivienda social.
Asimismo demandan que se fortalezca y mejore el marco jurídico constitucional para que la tierra cumpla una función social, y solicitan que se elabore un plan para la creación de una cartera de tierras dirigida por el MIVAH, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y municipalidades.
Finalmente demandan que el MIVAH, como entidad rectora del sector, ordene el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y a la vez ejecute una política pública clara relacionada al acceso a la tierra y la vivienda social, las competencias y límites de cada actor participante, así como la participación activa de las organizaciones populares.
“La lucha que ésta Administración ha estado dando es digna de reconocer, pero también tradicionalmente se ha invisibilizado el esfuerzo que hacen las comunidades, pues solamente somos utilizados para un fin específico y ahora con este tipo de iniciativas estamos empezando a empoderarnos de la información, no la que una entidad, un desarrollador o una municipalidad quiere darnos, sino que empezamos a investigar y a darnos cuenta que hay mucha información suelta que de una forma estratégica no nos quieren otorgar. En la medida en que dejemos de ser ignorantes vamos a poder defendernos mejor”, declaró Yerlin Montero Molina, una de las integrantes de la Red Acceso a Tierra.
Montero Molina añadió que no quieren ser rivales de la institucionalidad, “más bien queremos acompañarla a dar la pelea, pues a ella le sirve en sus números ser efectiva y a nosotros nos sirve sacar a las comunidades del rezago en el que están”, sostuvo.
Por su parte, el ministro Pujol Mesalles indicó que está de acuerdo en la mayoría de los puntos que componen la propuesta que les presentaron, sin embargo aclaró que desde su cargo no puede decidir el otorgamiento de terrenos o viviendas específicamente.
“Algunas de las cosas que piden ya las estamos tratando de hacer, es complicado porque hay grupos que sistemáticamente tratan de manipular las necesidades de las comunidades para sus propios beneficios como empresarios y como políticos. Yo provengo de la UCR y estoy con el deseo de servir pero la batalla no es sencilla, en un régimen capitalista no es fácil cambiar el valor de la tierra o acumularla en bancos de tierra, si lo podemos hacer entonces vamos en la dirección correcta”, manifestó Pujol Mesalles.
El Ministro agregó que están tratando de obtener acceso a la tierra de las entidades públicas pero que eso toma tiempo porque la legalidad está en su contra, “estamos completamente de acuerdo en que las personas que necesitan tierra dentro de la GAM se la podamos dar, pero los recursos con los que contamos son limitaos y el costo de la tierra y de los insumos para la construcción de viviendas han subido enormemente”, subrayó.
El Colectivo Dignidad y Hábitat, junto al TCU 568 de la Escuela de Arquitectura que se denomina: Promoción de una cultura de respeto y solidaridad en el contexto de las migraciones en Costa Rica, trabajaron en conjunto para acompañar a las organizaciones comunales que integran la Red Acceso a Tierra e impulsar este encuentro.
“Este Colectivo nace en la Escuela de Arquitectura a través de la Maestría de Vivienda y Equipamiento Social: el objetivo es poder fortalecer a las organizaciones comunales brindándoles asesorías y asistencia técnica social; tratamos de identificar tanto sus debilidades internas como externas y este Encuentro representa el primer acercamiento con la institucionalidad”, aseveró el M.Sc. Jonathan Mora Sánchez, coordinador del Colectivo.