Universidad de Costa Rica
El sector pesquero nacional se encuentra en franca decadencia. Las capturas han caído casi en un 50 % y los pescadores deben adentrarse en el mar en busca de nuevas especies. El ordenamiento pesquero sería la solución para garantizar la sostenibilidad de los recursos, a juicio de los especialistas.
Con el objetivo de discutir esta temática, específicamente la pesca del atún, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Federación Costarricense de Pesca (Fecop) realizaron un foro el 6 de agosto con la participación de profesores, estudiantes, ambientalistas y representantes del sector pesquero nacional. A pesar de que se invitó a las autoridades del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estas no asistieron.
Con miras a lograr la regulación de la pesca del atún en aguas costarricenses, en el 2013 el sector pesquero y la Fecop presentaron una propuesta al Gobierno, en la que piden que se limite la actividad de las grandes embarcaciones internacionales en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del océano Pacífico.
Si bien la expresidenta Laura Chinchilla firmó un decreto en abril de este año, la actual administración de Luis Guillermo Solís solicitó un plazo para evaluar la petición. “Ha sido sumamente difícil contar con un espacio para la presentación de la información al Gobierno”, aseguró el director ejecutivo de la Fecop, Enrique Ramírez Güier.
El representante del sector pesquero catalogó el decreto como un “primer paso” para lograr acuerdos entre los distintos actores involucrados, principalmente la flota extranjera y la nacional. Se trata de “recobrar la soberanía sobre las aguas costarricenses en un 35 % y de un recurso muy valioso”, aseguró. Además, destacó que este sector está dispuesto a implementar políticas de pesca responsable.
No obstante, según los expertos de la UCR, este tema debe abordarse con una estrategia nacional de gestión integral de la ZEE, que incluya a todos los recursos y no solo al atún. “No podemos pensar solo en una especie o en una población, sino en el ecosistema en su totalidad”, expresó el Dr. Manuel María Murillo Castro, del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar).
El académico señaló que se requiere una posición sólida de los países ribereños localizados en el Pacífico oriental tropical, basada en el conocimiento científico y con la participación de especialistas en biología pesquera y derecho ambiental e internacional.
“Se requiere que Incopesca sea fuerte y la única manera es que cuente con un equipo interdisciplinario al más alto nivel para orientar y entender los distintos escenarios de negociación nacional e internacional”, manifestó Murillo.
El representante de Fecop hizo hincapié en la necesidad de que el Estado costarricense reduzca el conflicto existente entre las dos flotas pesqueras de atún: la extranjera de cerco y la palangrera nacional. “La flota internacional de alta tecnología desplaza al pescador nacional, quien se ve obligado a alejarse cada vez más de la costa a buscar especies de bajo nivel económico y de interés turístico, lo cual está afectando a otros sectores”, expresó Ramírez.
Fecop estima, con base en datos de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), que entre el 2002 y el 2011 los barcos internacionales capturaron en aguas costarricenses el 90% del recurso atunero; se analizaron 16600 lances y se estima una extracción en promedio de atún de 25 000 toneladas.
Sin embargo, son muy bajos los ingresos que el país percibe por concepto de las licencias que se otorgan. Durante el período del 2008 al 2011, el Estado dejó de percibir $958 000 por el otorgamiento de licencias gratuitas. Además, debido a que en la actualidad la licencia se cobra por tonelada de arqueo (medida de volumen), y no por tonelada métrica, la pérdida general se calcula en $5 millones 300 mil.
Otro aspecto, que tiene un impacto negativo en la sostenibilidad de los recursos, son las técnicas de captura utilizadas por la flota industrial, indicó Ramírez, ya que estas producen la muerte innecesaria de atunes que no han alcanzado su etapa de madurez y de especies de interés turístico, como los delfines y los peces vela (Istiophorus spp.).
En el caso de los delfines, el 85 % de la captura de atún se hace sobre estos cetáceos y entre el 5 % y el 11 % sobre plantados, un arte de pesca prohibido en el país desde el 2001. Asimismo, se calcula que hay pesca incidental de otras 53 especies, especialmente en la zona costera.
Al respecto, el biólogo Moisés Mug, especialista en el tema, afirmó que Costa Rica “es un país atunero por excelencia, pero quienes capturan este recurso no son ticos”. La especie de atún más importante que se captura es el aleta amarilla (Thunnus albacares).
Por esa razón, consideró, “el manejo de la pesquería del país debe transformarse, para pasar de pantalones cortos a pantalones largos”.
El biólogo expuso que Costa Rica debe asumir una posición clara en torno a este tema con el fin de reducir la pesca de especies de peces picudos (marlin y pez vela) y de tiburones.
De acuerdo con la organización ambientalista Pretoma, la propuesta del sector pesquero nacional no trata el problema de fondo. En su página electrónica, esta organización explica que tampoco se imponen restricciones a la flota extranjera atunera de cerco que seguirá operando en aguas nacionales.
“Aunque diferentes sectores están de acuerdo en que es necesario considerar un aumento en el retiro de la flota extranjera atunera de cerco de las costas, el decreto no trata la problemática de fondo: la sobrepesca fomentada por el marco legal actual”, asegura.
Asimismo, señala algunas debilidades del decreto en relación con la conservación de las especies marinas, entre estas tortugas y tiburones.
Entre los aciertos de la propuesta, Pretoma reconoce el esfuerzo que se hace para iniciar un proceso de zonificación marina con base en datos científicos sobre la operación de la flota palangrera nacional.
