Ambientalistas objetan proyectos hidroeléctricos

La generación de energía mediante fuentes limpias es una de las metas de Costa Rica para las siguientes décadas. No obstante, el país aún no ha definido una ruta que modifique la matriz energética actual, en la que predomina la hidroeléctrica y los combustibles fósiles. En la foto se muestra la planta solar Miravalles en Guanacaste, considerada la primera central fotovoltaica de América Central; tiene 4300 paneles que producen 1.44 GWh. (foto tomada de www.grupoice.com).

El I Foro Institucional 2014 reunió a sectores gubernamentales, privados, académicos y ambientalistas que discutieron sobre el desarrollo eléctrico costarricense. Uno de los debates más acalorados se refirió a la exclusión de las comunidades rurales e indígenas de los planes desarrollistas impulsados por el Estados y los gestores privados de energía.

Los principales puntos de discordia se dieron entre el Dr. Jorge Lobo Segura, catedrático de la Escuela de Biología y el Dr. Roberto Jiménez Gómez, director de Planeamiento Ambiental del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La confrontación radicó en que aún se desconoce el verdadero impacto de los proyectos hidroeléctricos, pero hay evidencias de los cambios en los cauces de los ríos donde se construyeron dichas obras de ingeniería, aseguró el Dr. Lobo.

Entre las conclusiones del foro a este y otros criterios encontrados es que el país no ha dado una profunda discusión sobre cuáles fuentes alternativas de energía deben explorarse, como diseñar una nueva matriz energética para las siguientes décadas, definir mecanismos los inclusión de las comunidades e investigar sobre los impactos ambientales de la actual política de desarrollo del sector.

Según la proyección del ICE,en las próximas décadas la energía generada por hidroeléctricas continuará dominando el modelo de desarrollo energético (Tomado de www.grupoice.com).

Demanda creciente

Según el Plan Indicativo Regional de Expansión de la Generación, del Consejo de Electrificación de América Central, el consumo regional entre los años 2011 y 2025 oscilará entre el 4.9% y 6%.  En el caso costarricense, entre 1990 y 2006 la demanda eléctrica creció un promedio anual de 5.5%, con una baja sensible en los años siguientes debido a la desaceleración económica mundial que afectó todos los sectores productivos y comerciales. 

Pese a lo anterior, en las distintas mesas redondas del I Foro Institucional 2014 los expertos advirtieron sobre el aumento en el ámbito doméstico ha sido constante, principalmente por electrodomésticos ineficientes o nuevas prácticas de consumo como la compra de aires acondicionados y secadoras de ropa y otros.

Actualmente, el 99.4% del territorio costarricense disfruta de cobertura eléctrica provistos por siete empresas de servicio público y 30 empresarios privados.  A diciembre del año 2012, el 66% es generado de plantas hidroeléctricas, el 20% por combustibles fósiles, 7% de geotermia, 5% de energía eólica y 2% corresponde a la biomasa.

En el gráfico que presentó el biólogo Dr. Jorge Lobo Segura se detalla el impacto ambiental de la construcción de represas hidroeléctricas y como éstas alterna los habitats fluviales, los forestales y afectan las fuentes de agua comunales.

El 13% de la energía eléctrica que provee el ICE a los consumidores proviene de la generación privada, un factor que los analistas del foro indicaron es uno de los factores que encarece las tarifas porque operan con costos mayores por cada kilovatio generado. 

Si a la moratoria hidroeléctrica

El Dr. Lobo externó las mayores críticas al modelo energético nacional.  A su criterio las instituciones rectoras y las operativas se han limitado a satisfacer el crecimiento de la demanda, sin considerar los aspectos negativos.  El biólogo aseguró que ese 5% anual de incremento puede resolverse mediante una agresiva estrategia de ahorro energético en todos los sectores, normativa que estimule la importación de equipos industriales y domésticos ecoeficientes.

El biólogo señaló que el país tiene que explorar el uso de fuentes energéticas limpias. Pero, según dijo durante la sexta mesa del I Foro Institucional, el Estado defiende la energía hidroeléctrica por considerarla ambientalmente viable.  “Esto no está fundamentado en ninguna evaluación científica”, afirmó.  

El Dr. Roberto Jiménez Gómez, director de Planeamiento Ambiental del ICE, dijo que la institución es pionera en el diseño de planes de manejo de cuencas hídricas. Dicha función se le delegó por muchos años ante la ausencia de una gestión integral en dicha materia (foto Laura Rodríguez).

La posición de Lobo, así como otras similares de grupos ecologistas, fue duramente criticada por el Dr. Roberto Jiménez Gómez, que defendió las prácticas ambientales del ICE durante la construcción de los proyectos hidroeléctricos.

El Dr. Jiménez considera que de todas las opciones, la hidroeléctrica seguirá siendo la mayor generadora en las próximas décadas y no existen opciones para cambiar radicalmente la matriz energética existente.  Entre los beneficios que mencionó Jiménez están que los embalses controlan las inundaciones, generan empleos y dinamizan las economías locales.  También, que estos megaproyectos mejoran la infraestructura y los accesos vecinales, crea servicios públicos y en las zonas colindantes se protege y recupera la cobertura boscosa.

“Los impactos de los proyectos hidroeléctricos, particularmente en la historia reciente de nuestro país, deben ser valorados a nivel de cuenca y no por el impacto individual de cada proyecto.  Esto es evidente particularmente después de que cambios en la normativa legal de la generación hidroeléctrica estimuló una gran cantidad de proyectos privados”, rebatió el biólogo Jorge Lobo.

El geógrafo Mauricio Álvarez Mora, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica, denunció que los proyectos hidroeléctricos atropellan los derechos de las poblaciones indígenas y excluye a otras comunidades durante su construcción (foto Laura Rodríguez).

La situación ya es crítica en algunas cuencas, como la de San Carlos.  En ésta operan 14 proyectos públicos y privados.  Se vislumbra el inicio de operaciones de otros en la cuencas de los ríos Térraba, Sarapiquí, Reventazón, y en otras más pequeñas en los cantones de Upala y Guatuso

“Se requieren mayores estudios sobre caudal ecológico, impactos acumulativos, monitoreo del funcionamiento de los proyectos, efectos climáticos, hidrológicos y biológicos de los grandes embalses de nuestro país, incluyendo el proyecto Diquís, en la zona sur”, agregó el catedrático.

“Hasta no existir información científica, debemos considerar seriamente la posibilidad de una moratoria de la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos en nuestro país”afirmó Lobo.

Los investigadores Jorge Lobo Segura y Yamileth Astorga Espeleta criticaron las acciones gubernamentales que durante los últimos 30 años han aprobado la explotación excesiva de las cuencas, que ha provocado cambios sustanciales en los hábitats fluviales (foto Laura Rodríguez).

Proyectos excluyentes

Otros de los puntos que cuestionaron al Director de Planeamiento Ambiental del ICE es la exclusión de las comunidades y las poblaciones indígenas en los proyectos.  La mayor cantidad de hidroeléctricas se ubican en zonas socialmente deprimidas y las áreas de mayor potencial energético están en territorios indígenas y parques nacionales.

Mauricio Álvarez Mora, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon) dijo que el desarrollo eléctrico no es producto de un modelo nacional discutido, inclusivo y respetuoso de los entornos naturales.

En general, explicó Álvarez, cada nueva construcción es abordada como proyectos aislados y no se vincula a una amplia estrategia.  El hizo un llamado para que la voz de las comunidades sea escuchada desde un inicio y a lo largo de la ejecución de las plantas.

“La exclusión social de los proyectos genera conflictos.  Es necesaria la participación ciudadana y considerar que la energía no es un simple elemento de un proceso extractivo”, dijo el Dr. Henry Mora Jiménez, economista y actual Presidente de la Asamblea Legislativa.

Si bien el Dr. Jiménez reconoció que “existe desconfianza en las comunidades porque han sido los grandes perdedores en el modelo de desarrollo de los últimos 30 años”, también reprochó la posición de los ambientalistas, de quienes indicó que solo critican pero que no ofrecen propuestas viables para resolver las necesidades energéticas del país a futuro.

La magister Yamileth Astorga Espeleta, especialista en temas hídricos y actual directora del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA), concordó con la mayoría de los especialistas que participaron en I Foro Institucional al defender el uso prioritario del agua para fines de consumo humano. 

Además, Astorga censuró la labor deficiente de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Ella alegó que como ente especializado se ha limitado a considerar el impacto de las hidroeléctricas a pocos kilómetros a la redonda. Por ello, se han aprobado proyectos múltiples en las cuencas del norte sin considerar los impactos a nivel nacional y la afectación en el suministro de agua a comunidades que dependen de esos afluentes.

Daños ambientales de las hidroeléctricas

• Elimina fuentes de agua comunales, cuyo suministro se ve afectado permanentemente o por largos periodos.

• Destrucción de sitios de esparcimiento tradicionales de muchas comunidades.  Otro afectado es el sector turístico.

• Los grandes embalses alteran los cauces río abajo y producen gran cantidad de gases de invernadero por la descomposición de materia vegetal y acumulación de sedimentos.

• La reducción de cauces altera los hábitats debido a cambio temperatura del agua, velocidad de corriente, profundidad.

• No existen pruebas científicas que el “caudal ecológico” mínimo establecido para el mantenimiento de la biodiversidad  asegure la subsistencia de los ecosistemas.

Fuente: Dr. Jorge Lobo Segura, catedrático de la Escuela de Biología.