Pese a que la Universidad de Costa Rica (UCR) reconoce que la ampliación de la ruta 32 San José- Limón es de gran importancia y urgencia para el país, esta institución de estudios superiores solicitó de manera categórica a la Asamblea Legislativa que no apruebe la propuesta Ley aprobación del financiamiento al proyecto de rehabilitación y extensión de la ruta 32, sección cruce ruta 4 a Limón, pues considera que la iniciativa presenta serios vicios de inconstitucionalidad que lesionan la soberanía nacional.
La petición de la UCR tiene como base un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario la semana anterior, en el cual la Institución reconoce que, en materia de infraestructura, las soluciones no deben ir apegadas a proyectos que se traduzcan en obras inconclusas y en empréstitos que no garanticen su ejecución, como podría ocurrir con este.
Para la Universidad, el proyecto de ley, que incluye un convenio marco entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la República Popular China, ha carecido de transparencia en sus diferentes etapas, lo que genera otros inconvenientes como: acceso limitado a la documentación oficial y exclusión del régimen de contratación administrativa debilitando los controles ordinarios para este tipo de proyectos.
El Consejo Universitario mostró su preocupación con respecto a la clara desventaja e indefensión en que quedaría Costa Rica como deudor de un banco de China, ya que tanto la resolución de conflictos derivada del contrato, como cualquier desavenencia, se resolverían según las normas de la legislación de la República Popular China, lo que significa una renuncia a la potestad jurisdiccional del país.
La UCR también señaló que la propuesta legislativa no cuenta con un anteproyecto completo, ni establece aspectos para el control de calidad de la obra, la protección y seguridad de los usuarios en caso de indemnización por demora o multas por incumplimiento.
Asimismo, indicó que el texto no define con claridad las responsabilidades de supervisión, inspección, verificación y control de calidad y no toma en cuenta la normativa costarricense para el análisis y diseño de puentes.
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