Ante la imposibilidad de recuperar 260 hectáreas donadas a la Universidad de Costa Rica (UCR) por el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) en 1980, la Rectoría ha iniciado los trámites respectivos para trasladar esas tierras ubicadas en La Rambla, Río Frío de Sarapiquí, a diversos grupos de campesinos que, entre 1989 y 1993 las ocuparon.
Según lo explicó el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Institución, aunque el 18 de agosto de 1994 en su sesión ordinaria 4050 el Consejo Universitario decidió la venta de esa finca al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) sucesor del ITCO, probablemente con el fin de que éste extendiera los títulos de propiedad a las y los agricultores, este nunca fue ejecutado por la administración universitaria de entonces.
Por esa razón, y en atención a la situación de incertidumbre e inestabilidad que viven más de 100 familias que ocupan unas tierras de las que no tienen título de propiedad, el 21 de febrero pasado en oficio R-1005-2014, el Rector solicitó al Consejo Universitario, derogar el acuerdo de 1994 y autorizar a la administración realizar el traspaso respectivo de esas tierras.
Para la solicitud se tomó en cuenta que, según el artículo 92, de la Ley 2825, vigente al momento de la invasión de las tierras, después de un año las personas que las ocuparon en precario adquirieron el derecho a que su conflicto se resuelva por medio del ITCO o el IDA, hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
Así las cosas, para el Dr. Jensen, “mal haría la Universidad en tratar de recuperar esas tierras que tienen más de 20 años de ocupación, sin tomar en cuenta que se agravaría el problema social que sufren estas familias, que ya han hecho su vida entera en la zona y han visto nacer a otra generación de costarricenses”.
La solución planteada por la administración, dijo Jensen, permitiría a la UCR contribuir a solucionar la situación de inestabilidad que viven esas personas, quienes en la actualidad por ejemplo, no pueden ser acreedores de un crédito para construir una vivienda digna o para desarrollar sus actividades productivas, y de paso a asegurar la paz social.
Una vez que el Consejo Universitario autorice a la Rectoría el traspaso de las tierras, la administración empezará los trámites para lo cual las personas que actualmente ocupan la finca deberán presentar a la Universidad los planos del terreno de cada familia.
El traspaso se haría a los ocupantes tal y como tienen ocupadas las tierras. Este proceso será complejo pues la Institución deberá verificar si hay correspondencia entre la información consignada y la realidad y definir el procedimiento de traspaso.
La administración explicó a una delegación de 20 representantes campesinos que el pasado 20 de febrero acudió a una reunión en la Rectoría, que la Universidad no incurrirá en gasto alguno y que tanto los planos como las escrituras deberán ser costeados por las y los interesados.
De momento, la solicitud de la Rectoría sigue su proceso en el Consejo Universitario, donde en la primera discusión al respecto el pasado jueves 27 de febrero, aunque en principio los miembros manifestaron estar de acuerdo en derogar el acuerdo de 1994, solicitaron que el dictamen contuviera un poco más de información para tomar la decisión.
La Finca Experimental La Rambla fue creada luego de la donación de esas tierras en 1980 y de la concesión que hizo el ITCO para que la Universidad usufructuara una serie de instalaciones que había construido para capacitar a 15 mil familias de la zona que requerían tecnología para desarrollarse como empresarios agrícolas.
Con miras a apoyar a esa población, entre 1981 y 1983, las escuelas de Fitotecnia, Economía Agrícola, Zootecnia y los centros de investigación de la entonces Facultad de Agronomía, promovieron proyectos productivos de plátano, piña, porcicultura y ganadería de leche, con recursos institucionales.
Además, entre 1983 y 1991, con financiamiento del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CIID por sus siglas en inglés), se continuó trabajando con porcicultura y ganadería de leche, lo mismo que promoviendo el cultivo de raíces y tubérculos, musáceas, cacao, leguminosas en grano y forrajes.
Finalmente, de 1991 a setiembre de 1993 en que la finca fue ocupada en su totalidad por grupos campesinos, y ya sin apoyo del CIID, se mantuvieron los proyectos de fitotecnia en progreso; la porqueriza, que siguió prestando el servicio de préstamo de verracos y venta de pie de cría; y el hato bobino, orientado más a la producción de carne.
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