El Programa Estado de la Nación (PEN) cumple 20 años desde su creación y en su vigésima edición analiza la situación vivida en el país en el 2013, pero también presenta una reflexión general sobre las decisiones políticas que se han tomado desde 1994 y que han influido de manera directa sobre todos los sectores de nuestra sociedad.
Sus conclusiones tanto de la realidad actual, como de lo vivido en dos décadas no son nada halagüeñas y desnuda a Costa Rica como un país muy caro para vivir, con un índice de desempleo que sigue en alzada y en la que la desigualdad social es cada vez más evidente.
El XX Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2013 es claro y afirma en sus páginas que el escenario actual no puede calificarse simplemente como la continuación de una era de logros insuficientes, pues en particular el pasado año y a inicios del actual han ocurrido una serie de eventos que ponen en evidencia la inviabilidad de las apuestas de progreso que se hicieron en la década de los 90.
“Hoy el problema principal ya no es determinar si estas fórmulas producen o no resultados satisfactorios, sino que insistir en ellas puede generar súbitos retrocesos. Esos eventos son señales claras de un severo desgaste en los fundamentos mismos del estilo de desarrollo. Son también una advertencia de que posponer decisiones correctivas implica acumular riesgos sistémicos en la competitividad de la economía, en la inversión social, en la sostenibilidad ambiental, entre otras variables”, expone el Informe.
El Dr. Jorge Vargas Cullel, director del PEN, aclaró que este programa es pro-desarrollo humano sostenible y pro-ciudadanía, y no es antigubernamental, ni tampoco es pro-gubernamental, “la información que presentamos significa poder para incidir en las decisiones públicas y para pedir cuentas a nuestros gobernantes”, manifestó.
Entre las características que mencionó Vargas Cullel y que se derivan del estudio llevado a cabo por el equipo de investigadores que elaboraron este nuevo Informe, destaca que han encontrado a una Costa Rica con un nuevo rostro, pues la jefatura del hogar es llevada en muchos casos por mujeres.
Asimismo revelan que el país es un 20% más caro para vivir y producir que en el resto de América Latina, mientras que los indicadores que disparan ese alto costo son la electricidad, los combustibles y los salarios, “otro factor determinante son las exoneraciones fiscales, ya que existen 1259 de las cuales el 44% están marcadas como indefinidas y 724 no tienen mecanismos de control”, agregó Vargas Cullel.
El coordinador general de investigación del Informe, M.Sc. Leonardo Merino Trejos, acotó que encuentran un crecimiento económico moderado y volátil, con un alto desempleo que alcanza al 9% de la Población Económicamente Activa de Costa Rica.
“Los problemas distributivos de la riqueza alcanzan una situación crítica, el sector exportador ha perdido dinamismo y sólo el sector turismo muestra porcentajes positivos. Ocupamos el puesto 54 dentro del Índice de Desempeño Ambiental y somos el 125 en cuanto a manejo de aguas residuales. El país mantiene estas tendencias debido al desgaste del modelo de desarrollo adoptado años atrás”, sentenció Merino Trejos.
El PEN es una iniciativa que se desarrolla desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), que reúne a las cuatro universidades estatales (UCR, TEC, UNA y UNED), en conjunto con la Defensoría de los Habitantes y con el apoyo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR).
Precisamente el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR y quien preside CONARE en este período, recordó que gracias a la correcta inversión de los recursos provenientes del FEES (Fondo Especial para la Educación Superior) es que proyectos como el PEN ven la luz para beneficio de todas y todos los costarricenses.
“Vivimos en una creciente desigualdad social que agobia a la colectividad, no hemos avanzado en un sistema progresivo tributario que sea justo y sume a la equidad. La inversión en infraestructura necesaria para dinamizar la economía y facilite el vivir de las personas ha sido postergada. El camino que queremos se define con cada decisión que tomamos, pero además necesitamos una democracia que nos devuelva la confianza”, concluyó Jensen Pennington.
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