La Rectoría y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento en el que solicitan a las autoridades judiciales aclarar los alcances de las denuncias hechas por el Diario Extra sobre un aparente espionaje a periodistas de ese medio.
Según lo denunció el matutino, hay evidencia de que algunas de las más altas autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, se dieron a la tarea de espiar a periodistas de Diario Extra durante más de 10 meses, para detectar quiénes han sido sus fuentes de información, entrometiéndose indebidamente en la labor de investigación que realizan.
Entre otras cosas, el documento de la Rectoría y Proledi apunta que es esencial que se aclare esa situación, por cuanto la libertad de expresión y el derecho a la información ciudadana son condiciones fundamentales de toda sociedad democrática, las cuales son reconocidas por los instrumentos internacionales de derechos humanos y por la normativa interna del país.
“Para la vigencia real de esos derechos, la libertad de prensa debe ejercerse con la mayor amplitud y sin presiones o amenazas, directas o indirectas, por parte de los órganos públicos”, se indica.
El pronunciamiento añade que si bien existen límites para el ejercicio de la libertad de informar, entre ellos las potestades de los órganos públicos para una tutela judicial efectiva, la actuación de los entes judiciales no puede resultar lesiva al contenido esencial del derecho a informar, y los límites no deben ir más allá de aquellos expresamente establecidos en la ley.
Así lo sustenta la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reconoce que la libertad de prensa es esencial para el pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.
De igual manera la misma Declaración, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, y la Sala Constitucional de Costa Rica se han pronunciado sobre la importancia del derecho a la reserva de las fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales de la prensa.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo.
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