La campaña que incentivó a los patronos a pagar el salario mínimo de ley en el país que incluyó un aumento en las inspecciones en los lugares de trabajo, información y propaganda mediática, logró que del año 2010 al 2012 se aumentara en un 10% la población que logró ganar el monto exigido como mínimo y que las mujeres y los trabajadores jóvenes o con menor nivel educativo tuvieron un aumento salarial.
Estos fueron algunos de los principales resultados del análisis que realizó un equipo de economistas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), coordinado por el Lic. Juan Diego Trejos y el Dr. Tim Gindling con la colaboración de Nadwa Mossaad, ambos profesores de la Universidad de Maryland.
Los resultados de la investigación fueron comentados por el ministro de Trabajo de Costa Rica Dr. Olman Segura Bonilla y por el especialista de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) M.Sc. Mauricio Dierckxsens quienes expusieron sus criterios sobre el estudio, las implicaciones políticas y los cambios legales que se avecinan para mejorar la situación laboral.
El aumento en el cumplimiento de la ley del salario mínimo, según los resultados del estudio del IICE viene acompañado de un impacto positivo para los trabajadores y las trabajadoras quienes, después de la campaña, reciben beneficios legales no salariales, tales como el acceso a la Seguridad Social, el pago de horas extra, vacaciones y permisos por enfermedad pagados.
Por otra parte, no se encontró ninguna evidencia de que la campaña tuviera un impacto negativo sobre el empleo de los trabajadores a tiempo completo, cuyos salarios aumentaron.
La campaña incluyó publicaciones en la prensa, carteles, camisetas y mupis que tenía el objetivo de crear conciencia sobre el problema y sensibilizar sobre la importancia de cumplir con la legislación, así como una mayor presencia y cobertura de los inspectores del Ministerio de Trabajo enfocados en el tema salarial en las empresas privadas, que fueron las analizadas, y el empoderamiento de los trabajadores por medio de mayor información y facilidades para realizar denuncias a través de la línea gratuita 800-Trabajo.
Para los autores del estudio la campaña fue exitosa, aunque no ha resuelto el problema de incumplimiento totalmente, por esa razón recomendaron mantener la campaña mediática, fortalecer el centro de llamadas y aumentar la eficiencia y eficacia de las inspecciones.
El economista Juan Diego Trejos Solórzano enfatizó en que el 75% de los asalariados del país son del sector privado, donde se realizó el estudio y que la ejecución de la campaña fue una decisión política, como respuesta a la difusión de los resultados de investigaciones recientes sobre el tema en Centroamérica y no como una reacción a la crisis económica recién pasada.
Añadió Trejos que de agosto de 2010 a julio de 2011 el Centro de llamadas 800-Trabajo recibió 77 816 denuncias y el 78% fueron sobre salario mínimo.
El estudio publicado por el IICE revela que en el primer año de la campaña se observa que el incumplimiento de los salarios mínimos es importante en las empresas de todos los tamaños, en todos los sectores productivos y en todas las regiones del país.
En este período se visitaron por primera vez 9 135 establecimientos y en un 42% de ellos se detectó incumplimiento.
Asimismo, las violaciones de los salarios mínimos encontradas en las inspecciones focalizadas fueron más comunes en las micro y pequeñas empresas (42%). No obstante, también hallan un 29% de empresas de más de cien trabajadores/as que no cumplían con la ley.
Después de la campaña, el sector de agricultura se mantiene como el de mayor incumplimiento con el 44% de las empresas y el 50% de los trabajadores/as. En el sector comercio el incumplimiento se da en el 44% de los establecimientos y con el 31% de los trabajadores/as. La industria de manufactura pasa de ser el tercer sector con mayor incumplimiento entre establecimientos (43%) a ser uno de los de menor porcentaje de trabajadores afectados (23%). Una situación similar sucede con el resto de los servicios en donde los porcentajes bajaron a un 37% de los establecimientos y un 19% de los trabajadores/as. Lo opuesto ocurre con el sector de construcción en donde un 23% de los establecimientos no cumplen la ley de salario mínimo y afectan a un 35% de los trabajadores/as.
Los autores consideran que en “un contexto nacional caracterizado por una limitadísima organización de los trabajadores de las empresas privadas, el empoderamiento individual de los trabajadores a través de mayor información y mayores facilidades para hacer llegar a las autoridades competentes las denuncian sobre las violaciones de la normas laborales son un aspecto importante de la Campaña que no debe descuidarse”.
El Ministro Olman Segura agradeció a la UCR el aporte, la evaluación de la información y las recomendaciones sobre la campaña del Estado.
También anunció una revisión de la actual estructura de salarios, la cual calificó de compleja. “El Consejo Nacional de Salarios está revisando las categorías con asesoría de la OIT y de las Universidades” afirmó el ministro Segura.
Finalmente, comentó que la reforma laboral procesal estará lista a corto plazo lo que permitiría a los trabajadores hacer las denuncias ante el Ministerio de Trabajo y que éste pueda imponer sanciones en sede administrativa con impugnación en sede judicial, lo cual haría más ágil el trámite y más efectivo para el trabajador/a.
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