A pesar de que la Rectoría de la Universidad de Costa Rica dio a conocer mediante un comunicado su opinión afirmativa sobre el empréstito del Banco Mundial para el mejoramiento de la educación superior pública en el sentido de que no lesiona la autonomía universitaria, este miércoles 29 de mayo el Consejo Universitario se pronunció en contra de dicho préstamo en su artículo siete.
Dicho artículo establece que los resultados del Plan de Mejoramiento Institucional que se desprenderían de esta normativa, deberán ser remitidos a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa anualmente para su conocimiento.
El rector Dr. Henning Jensen Pennington considera, basado en un dictamen de la Oficina Jurídica de la institución, que la solicitud por parte de la Asamblea Legislativa de presentar el estado de avances de la ejecución de los proyectos a la Comisión de Egreso y Gasto Público “no interfiere ni puede afectar el diseño de los planes estratégicos institucionales ni su implementación, por lo que esta disposición no contraviene la Autonomía Universitaria”.
Añade el Dr. Jensen que como instituciones públicas estamos en la obligación de rendir cuentas del empleo de nuestros presupuestos a la Contraloría General de la República y sujetarnos a los mandatos de la Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.
Finalmente explica que este préstamo no forma parte ni afecta de ningún modo el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). Por el contrario, constituye un valioso aporte adicional al desarrollo de la educación superior acorde con los requerimientos de nuestro país.
Por su parte, el Consejo Universitario recomendó a la Asamblea Legislativa que no apruebe en segundo debate el proyecto de Aprobación del contrato de préstamo entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar el mejoramiento de la educación superior, hasta tanto se excluya del artículo 7 el último párrafo, ya que afecta la autonomía de las universidades públicas.
Así lo hizo saber mediante un acuerdo aprobado por el Consejo Universitario en sesión N.° 5726. El órgano colegiado considera que esta medida perjudica la autonomía universitaria, en el tanto, define obligaciones que las instituciones de educación superior deben cumplir, lo que contradice lo estipulado en el artículo 84 de la Constitución Política.
Además, recordó que esta medida es innecesaria, pues todos los años las universidades estatales remiten a la Contraloría General de la República un informe detallado de la ejecución presupuestaria anual.
Esta es la segunda vez que la UCR se pronuncia en relación con este proyecto; sin embargo, en la consulta inicial el Poder Legislativo no incluyó el artículo 7 de dicha propuesta.
El préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es parte de la negociación entre las universidades estatales y el Gobierno de la República por concepto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), correspondiente al quinquenio 2011-2015, y consta de $200 millones, los cuales serán divididos en partes iguales entre las cuatro universidades públicas del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El objetivo del empréstito es optimizar el acceso y la calidad de la educación universitaria, aumentar las inversiones en innovación y en desarrollo científico y tecnológico, así como mejorar la gestión institucional del sistema de la educación superior pública de Costa Rica.
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