El Dr. Walter Antillón Montealegre, uno de los invitados a la sétima mesa redonda Riesgos y amenazas para la democracia, organizada en el marco del I Foro Institucional 2013 Institucionalidad, gobernabilidad y calidad de la democracia en Costa Rica, externó su profunda preocupación por la manera en que el sistema político costarricense ignora las inquietudes ciudadanas de mayor participación y poder de control sobre los asuntos públicos.
Si bien Costa Rica es considerada una democracia madura, la realidad es que la instrumentalización de los procesos que la sustentan no crean las condiciones necesarias para que cualquier ciudadano sea un agente activo en el rumbo de la nación. “La democracia representativa es útil al poder económico porque está en los límites de lo que se considera democrático, sin que necesariamente lo sea del todo”, dijo Antillón ante la concurrencia.
Antillón, profesor emérito de la Facultad de Derecho, compartió la mesa con el Dr. Randall Blanco Lizano, director de la Maestría Centroamericana de Sociología de la UCR y el Dr. Carlos Sandoval García, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. La moderación estuvo a cargo de la Licda. Sara Barrios Rodríguez.
Los foristas concordaron que pese al panorama político, en toda América Latina existe un despertar de la conciencia ciudadana, en especial en América del Sur es en las zonas alejadas a la periferia que los grupos ciudadanos están rompiendo sus fidelidades a las oligarquías y a las transnacionales en procura de mejoras en su calidad de vida en lo económico y lo político.
Aunque esos intentos contrastan con una institucionalidad debilitada por las clases políticas en aras de la privatización y la desregulación, afirmó Carlos Sandoval.
El Dr. Blanco Lizano, en su exposición “Democracia y poderes fácticos: Tendencias corporativistas en el Estado costarricense: 1986-2012” expuso como la gestión privada de los recursos públicos ha favorecido a un pequeño grupo de políticos-empresarios, mediante prácticas de neocorporativismo que los ha enriquecido al amparo de leyes y decretos.
“En el período estudiado, los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana han sido intermediarios entre las redes corporativas y el acceso a los puestos de decisión del sector exportador, integrando a sus asociados a los gabinetes y facilitando un control monopólico de legitimidades, recursos institucionales y presupuestarios que permiten a tales grupos corporativos los mecanismos necesarios para hacer prevalecer sus intereses sectoriales como interés general”, dijo Blanco Lizano.
Blanco fue tajante al afirmar que la colectividad subvenciona con recursos públicos la mayoría de decisiones políticas y de políticas públicas que sólo benefician al pequeño sector exportador costarricense. Él hizo un llamado urgente para separar los intereses públicos de los privados y eliminar la legislación “emblema de tal desastre: la ley de concesiones”.
Esa misma clase político-empresarial ha señalado que el exceso de controles es responsable del rezago de infraestructura del país. Sin embargo, hay muchos ejemplos de lo contrario: la Trocha, consultorías millonarias, concesiones, “regalos” y dádivas, acotó Sandoval. La llamada ingobernabilidad es solo una excusa para legitimar la desregulación y la apertura; ante esto, “las acciones colectivas suelen ser formas de resistencia a cambios en la institucionalidad, pero deben trascender a elementos propositivos y prospectivos, que no suelen ser abundantes”, agregó Sandoval.
En este contexto se ha justificado la meritocracia, las comisiones notables, los mesianismos y otras formulas en las que subyacen el autoritarismo y una democracia meramente instrumental, concluyó Blanco.
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