UCR pide al Gobierno que defina una política de Estado sobre infraestructura y transporte

El Consejo Universitario hizo un reconocimiento a las comunidades de occidente por el civismo, organización y participación ciudadana responsable y crítica mostrados al oponerse a la concesión de la ruta San José-San Ramón (foto Katzy O’neal).

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) instó al Gobierno de la República a formular, de manera  prioritaria, una política de Estado que permita la planificación, a largo plazo, en materia de desarrollo de infraestructura y de transporte, y que contemple la definición de una red vial estratégica nacional.

A su vez, le solicitó a la presidenta de la República que atienda, en el menor tiempo posible, la ejecución de la vía San José-San Ramón.

Las peticiones las hizo mediante un pronunciamiento aprobado en sesión ordinaria este jueves 25 de abril, en horas de la tarde, en el cual también le solicitó a la Asamblea Legislativa revisar la Ley de Concesión de Obra Pública, Ley N.º 7762, y hacer las modificaciones pertinentes, a la luz de la conveniencia nacional de esta figura y a partir de la experiencia que ha tenido Costa Rica en esta materia.

Para la UCR, la concesión en nuestro país no ha demostrado la eficiencia esperada en cuanto a complejidad de las obras, tiempos oportunos y costos razonables.

En ese sentido, destacó la existencia de alternativas a la figura de concesión de obra pública, entre ellas: la inversión estatal, el fideicomiso, el préstamo y el sistema de peaje revertido, este último sugerido por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la UCR.

Con respecto a la urgencia de una política de Estado en materia de infraestructura y transporte, el Consejo Universitario manifestó que en dicha política debe prevalecer “el interés público por encima de intereses particulares y más allá del ciclo político electoral”, y, en ese sentido, considera que  las funciones y competencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) deben ser redefinidas.