El pasado 27 de febrero un grupo de académicos y diputados se reunieron para debatir en el foro El proyecto de Ley de Premios Nacionales: perspectivas, alcances y dificultades, realizado en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. La actividad fue convocada por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Fundación Interartes para la Cultura y las Artes en América Central.
José Ángel Vargas Vargas, miembro del Consejo Universitario; y el catedrático Iván Molina, ambos de la UCR, fueron parte del panel que discutió sobre el trasfondo de la propuesta legislativa impulsada por el gobierno de Laura Chinchilla Miranda. También, participaron las diputadas María Eugenia Venegas Renauld y Rita Chaves Casanova; además de Carmen Méndez Navas, directora de la Escuela de Música de la Universidad Nacional. Jorge Carmona Ruiz, vocal de Interartes, fue el moderador del encuentro.
En representación del Consejo Universitario de la UCR, José Ángel Vargas Vargas solicitó a la Asamblea Legislativa no aprobar el expediente 17853 sobre Ley de Premios Nacionales de Cultura porque presenta inconsistencias en varios aspectos.
“Cuando se pretende legislar sobre una materia tan particular, como son los premios nacionales de cultura, es pertinente considerar el contexto social y cultural. Debe responder al tipo de sociedad que queremos construir y al modo cómo se asumen los procesos creativos en el país; así como la capacidad de representación de las distintas manifestaciones culturales que tienen lugar en el país”, dijo Vargas ante la concurrencia.
Para la UCR este proyecto no responde a una verdadera propuesta de desarrollo cultural en el que los premios nacionales sean “el colofón o resultado último de una verdadera política cultural”. Además, Vargas fustigó el dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales porque las nuevas categorías excluyen la diversidad de áreas de literatura, historia, música y teatro.
En suma, José Ángel Vargas Vargas expresó que a criterio de la UCR este proyecto demuestra el grado de relevancia que le da el Estado a nuestro desarrollo cultural. En los últimos seis años, en promedio se ha destinado solamente el 0.50% del Presupuesto Nacional al sector.
Según Iván Molina, catedrático de la Escuela de Historia, el Estado ya cumplió su rol en el programa de premios nacionales, ahora “toca pasar esa responsabilidad a las instituciones académicas”, aseguró.
Molina censuró esta propuesta de ley ya que considera que el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) no puede ser juez y parte. A criterio del historiador, esta reforma tiene como objetivos disminuir la erogación económica del MCJ, aumentar el control estatal sobre los premios y crear nuevas categorías.
Sin embargo, Molina fue sumamente crítico por las posiciones economicistas que originaron al proyecto de ley. En comparación, todo el presupuesto para premios nacionales “es apenas una fracción de lo devengado por el técnico de la Selección Nacional de Futbol”, acotó con un dejo irónico el investigador.
Otro de los puntos criticados por el catedrático es que las instituciones representadas por los jurados en cada una de las categorías no tienen control sobre el desempeño de los mismos.
La necesidad de que el país cuente con una Ley General de Cultura que englobe todas las actividades de esta índole, fue puesta de manifiesto por los participantes en el foro “El proyecto de Ley de Premios Nacionales: perspectivas, alcances y dificultades”.
Desde su aprobación en el año 1961 la Ley de Premios Nacionales de Cultura y Arte ha sido objeto de varios intentos de modificación, especialmente en las administraciones de los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Abel Pacheco de la Espriella.
El texto sustitutivo a la Ley actual plantea doce premios, dos de ellos nuevos, el Premio Nacional “Emilia Prieto Tugores”, que constituirá en un reconocimiento a la labor cultural de toda una vida, y el Premio Nacional “Luis Ferrero Acosta” de Gestión e Investigación Cultural, administrados por la Dirección General de Cultura del Ministerio del Ministerio de Cultura y Juventud.
En su intervención la diputada María Eugenia Venegas, ex decana de la Facultad de Educación de la UCR, recordó que este proyecto presentado al Directorio de la Asamblea Legislativa en setiembre del 2010, y fue asignado a la Comisión de Asuntos Sociales, presidida en ese momento por la diputada Alicia Vargas Fournier.
Venegas expresó su malestar por la ligereza con que se asumen proyectos tan importantes como este. Para Venegas las políticas culturales del país son difusas y están segregadas, lo cual es producto de la ausencia de una Ley General de Cultura que cubra todo el sector. La diputada Venegas fue enfática al afirmar que “este mundo (el de la Asamblea Legislativa) es el mundo de las ocurrencias y en él entra cualquier cosa”.
Por su parte, Carmen Méndez Navas, coincidió con que el texto sustitutivo del proyecto de Ley de Premios Nacionales de Cultura que se está discutiendo está “venido como la carreta antes de los bueyes, pues todavía no existen unas políticas culturales que lo enmarque, tiene toda suerte de incoherencias, maltrato a los artistas y deficiencias”. Además, Méndez considera que la administración fragmentada de los premios implicaría una distribución caótica, poco equitativa que queda al arbitrio de cada programa.
“Sugerimos que se elabore un nuevo proyecto de ley, por un equipo de personas independientes de los distintos centros públicos de cultura del país: universidades públicas, institutos y centros, Academia de la Lengua e instituciones de trayectoria, que realmente mejoren el proyecto y que cumpla las características deseables para todos, no solo para los gustos neoliberales”.
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