CCSS pagaría más a nuevo proveedor que a UCR

En conferencia de prensa el Dr. Henning Jensen, hizo un llamado a las autoridades de la CCSS para que se respete lo pactado en la adenda suscrita el 31 de diciembre pasado Laura Rodríguez Rodríguez

Aunque la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha reiterado a la Universidad de Costa Rica (UCR) que no puede pagar los costos reales en que incurre por la administración de los EBAIS de Curridabat, Montes de Oca, San Juan, San Diego y Concepción de La Unión, está dispuesta a pagar más por los servicios a otro proveedor (empresa privada, cooperativa o asociación), según un monto enviado para autorización a la Contraloría General de la República (CGR).

El monto solicitado por la CCSS según autorización de la CGR para la contratación directa de un proveedor que administre 36 EBAIS -no 45 como en la actualidad- en las mencionadas áreas de salud en el 2013, ascendería a ¢7 390 millones, suma que está por encima de los ¢6 819 que reconoció la Caja a la UCR por la administración de 45 EBAIS, en el 2012.

Según lo manifestó el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, la disposición de la CCSS de pagar ese monto a otro concesionario, que proyectado al manejo de 45 EBAIS rondaría los ¢9 237 millones, muestra que con respecto a la relación contractual con la UCR no ha habido suficiente voluntad política por parte de las autoridades, pues según las proyecciones de la Comisión Mixta UCR-CCSS sobre el monto real requerido para que la UCR administre los 45 EBAIS en el 2013, el costo por ¢8 712 millones sería menor a lo proyectado por la Caja para la nueva contratación.

“Sin contrato de por medio, la Universidad no podría realizar ejecuciones presupuestarias para atender las necesidades de los EBAIS a partir del 1º de abril”, indicó Henning Jensen Laura Rodríguez Rodríguez

Así las cosas, y tomando en cuenta que el día de ayer la CCSS presentó un recurso de amparo y un recurso contencioso administrativo, que  busca obligar a la UCR a que a partir del 1º de abril, brinde forzosamente bajo condiciones “ruinosas” para las finanzas institucionales, los servicios de salud en los 45 EBAIS que administra hasta que se contrate un nuevo proveedor, las conversaciones entre las partes se mantienen en un callejón sin salida.

Sobre el segundo recurso, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, rechazó este día la solicitud de medida cautelar provisionalísima e inaudita, solicitada por la Caja contra la Universidad, hasta tanto la UCR no se refiera por escrito a los hechos apuntados por la demandante.

El Tribunal considera que esto es necesario porque los intereses públicos en juego son demasiado relevantes para tomar una decisión sin escuchar los alegatos de la UCR.

Las comunidades afectadas se han manifestado en contra de las medidas tomadas por la CCSS que ahora obligan a la UCR a dejar de brindarles los servicios de atención primaria Laura Rodríguez Rodríguez

En conferencia de prensa esta mañana, el rector Henning Jensen indicó que de no haber un cambio de actitud por parte de las autoridades de la Caja antes de finalizar esta semana, la Universidad se vería forzada a dar el preaviso al personal del Programa de Atención Integral en Salud (PAIS) el próximo miércoles 29 de marzo, pues sin contrato de por medio, la Universidad no podría realizar ejecuciones presupuestarias para atender las necesidades de los EBAIS a partir del 1º de abril, esto para no contravenir normas dictadas por la Contraloría General de la República.

Aunque el Rector ha sido enfático al manifestar la importancia que reviste para la UCR que la población de estos cantones no se vea afectada en su derecho humano a la salud, indicó que la administración no puede continuar a cargo de los EBAIS en tanto la CCSS no reconozca los costos reales para su funcionamiento, según lo acordado en el addendum a la Contratación Directa DSCC-OO1-2003, suscrito el pasado 31 de diciembre.

A juicio del Rector, “la CCSS no puede pasar por encima de lo pactado alegando que el documento suscrito no los compromete”, como lo ha manifestado la Dra. Ileana Balmaceda Arias, presidenta ejecutiva de la CCSS, pues se trata de un documento legal vinculante y obligante, concluyó.