Universidad de Costa Rica
Luego de recibir el diagnóstico que elaboró La Comisión Especial sobre la Gestión del Riesgo en la Universidad de Costa Rica (UCR), el Consejo Universitario (CU) concluyó que existe una necesidad inmediata de articular, de manera efectiva, las acciones que hasta el momento se han emprendido en la Institución para fomentar una cultura de prevención y control del riesgo.
El informe señala la urgencia de poner en ejecusión una serie de medidas para minimizar las vulnerabilidades, amenazas naturales u otros incidentes que se puedan presentar, principalmente si se tiene en consideración que los escenarios de peligro se incrementan en función de la evolución institucional, la adquisición de nuevas tecnologías y conocimientos, y de las características ambientales y político-económicas.
Según el Dr. Ángel Ocampo Álvarez, coordinador de la Comisión Especial que realizó el estudio, este diagnóstico muestra la integralidad de la gestión del riesgo en la UCR, refleja la necesidad de coordinación que hay en lo interno de la Institución con respecto a este tema, y constituye un insumo para que las autoridades tomen medidas concretas que permitan construir una cultura de prevención.
El diagnóstico que elaboró la Comisión Especial conformada por el Consejo Universitario en junio de 2011 y en la que participaron especialistas de diferentes disciplinas, abarca cuatro temas: en el de almacenamiento, manejo y desecho de materiales, se detectaron vacíos que van desde el poco apoyo para la aplicación de los instructivos existentes, hasta la falta de estudios que determinen la vulnerabilidad de laboratorios y almacenes; la inexistencia de un sitio equipado en el que se puedan tratar los residuos y sustancias peligrosas, la falta de equipo para dar respuesta a las emergencias con productos químicos o materiales radiactivos y la escasez de capacitación para el manejo de sustancias peligrosas.
En el tema del patrimonio arquitectónico y urbanístico, el diagnóstico retomó un estudio realizado de los edificios de la ciudad universitaria Rodrigo Facio en los años 2004-2005, el cual señaló que de las 60 edificaciones evaluadas en ese momento, 25 mantenían un estado de alto riesgo, 28 un riesgo moderado y solo 7 fueron valorados con un nivel de riesgo leve.
Además, contempla las evaluaciones realizadas por la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) con respecto a las condiciones estructurales de los edificios según las especificaciones establecidas en el Código Sísmico, la aplicación de la Ley N.° 7600, las normas de National Fire Protection Asociation (NFPA) y la Ley de Hidrantes, así como la obligación de contar con dispositivos de seguridad, como extintores o rotulación.
Otra de las temáticas analizadas fue la relacionada con el flujo y concentración de personas en el campus, lo cual genera una vulnerabilidad debido al aumento de la población universitaria que produce hacinamiento en las aulas y pasillos, incremento del flujo vehicular, reducción de la capacidad de respuesta ante incidentes de diferente naturaleza y mayor demanda de servicios.
Asimismo, en este rubro se contemplaron los riesgos que se pueden producir en las actividades de concentración masiva que realiza la Universidad (exposiciones, ferias, conciertos, etc.) o en el transporte de personas durante giras o visitas.
Finalmente, en el tema del patrimonio y acervo científico-cultural e información vital, el diagnóstico concluye que la UCR “genera, adquiere y custodia información documental crítica, cultural, académica, entre otros; en formato digital, archivos físicos, colecciones y otras modalidades” que es de suma importancia para el quehacer institucional y que usualmente se encuentra en un ambiente físico inseguro y no controlado.
A manera de conclusión, los miembros de la Comisión Especial coincidieron en que la gestión del riesgo debe responder a esfuerzos coordinados e interdisciplinarios que permitan transformar los escenarios peligrosos mediante la instauración de políticas y la ejecución de estrategias y procedimientos, en ambientes seguros.
En este sentido, recomendaron definir medidas a corto, mediano y largo plazo para abordar la problemática de una forma integral. Para ello propusieron que las soluciones a cada tema se abarquen desde cinco ejes transversales: marco jurídico institucional, la educación para la prevención, la comunicación, coordinación y articulación para la toma de decisiones; la integración de los sistemas de información y la infraestructura universitaria.
Finalmente, el Dr. Ángel Ocampo señaló que el diagnóstico propone soluciones en dos vías: por un lado, se le indica a la Administración cuáles son las preocupaciones específicas y cuáles medidas se deberían ejecutar; y por otro, se recomienda al Consejo Universitario revisar algunos reglamentos particulares para adecuar el marco normativo institucional y brindar los instrumentos necesarios para hacerle frente a esta problemática.