La situación alrededor del monocultivo de piña es tan compleja que incluso existe polémica sobre el número de hectáreas cultivadas en Costa Rica. Este fue el tema de la mesa Fenómenos ambientales, sociales y económicos asociados a la producción de piña en Costa Rica, en la que participaron el Ing. Erick Quirós Quirós, director Superior de Operaciones Regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); el Mag. Clemens Ruepert, químico del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional; el Dr. Nicolás Boeglin, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR); y como moderador, el Mag. Francisco Javier Solano Mata, docente de la Escuela de Geografía de la UCR.
Esta mesa formó parte del foro El monocultivo de piña en Costa Rica y su posible repercusión en los sistemas hídricos, organizado por el Tribunal Latinoamericano del Agua, que se realizó el jueves 14 de noviembre en el Instituto Cultural Mexicano.
“Dejar de producir un alimento no es la solución al problema ambiental, la alternativa es utilizar prácticas de producción más amigables con la naturaleza”, asegura Erick Quirós, del MAG. Para él, toda acción humana tiene un impacto sobre el ambiente y sobre los recursos, por lo que la responsabilidad de las empresas es utilizar métodos productivos sostenibles. Quirós apunta que, además, las buenas prácticas agrícolas son un elemento de competitividad para el sector privado y para el país.
La piña es la tercera fruta tropical más consumida en el mundo y tiene alta productividad por área. En 2011, según Quirós, en Costa Rica la extensión de siembras piñeras era de 45 000 hectáreas, es decir, un 9 % del área total agrícola. La extensión promedio de las fincas grandes es de 800 hectáreas.
Quirós menciona que los riesgos ambientales de la actividad piñera incluyen los pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos y la contaminación del agua. Sin embargo, asegura, la contaminación del agua no es solo responsabilidad del sector agropecuario, pues muchos ríos son contaminados en su paso por la Gran Área Metropolitana.
En cuanto al bromacil, un químico utilizado en la producción piñera, resalta que la piña no es el único cultivo que lo utiliza.
El jerarca recuerda que el MAG está elaborando un marco regulatorio para el uso de bromacil en conjunto con el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). El Ministerio también participa en la Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de la Piña en Costa Rica (PNP), un proyecto que pretende generar un modelo de producción y comercio responsable de este producto.
Clemens Ruepert, especialista del IRET, apunta que la piña depende del alto uso de insumos. En territorio costarricense esto es más grave por cuestiones geográficas, pues el país es estrecho, por lo que las poblaciones están muy cerca de la actividad agrícola y las aguas de las plantaciones drenan en zonas protegidas. El químico asegura que Costa Rica es uno de los países que más utiliza plaguicidas a nivel mundial.
En sus estudios científicos, el IRET encontró contaminación de aguas subterráneas en Milano de Siquirres, en la provincia de Limón (ver imagen). Ruepert afirma que esta contaminación en aguas subterráneas “es suficiente argumento para prohibir el uso del bromacil”. Los científicos de la UNA también han confirmado la presencia de plaguicidas en el polvo interior de casas y escuelas ubicadas cerca de plantaciones de banano y piña.
Nicolás Boeglin, especialista en derecho ambiental y docente de la UCR, denunció que las autoridades gubernamentales “no quieren dar a conocer el alcance real” de la siembra de piña en Costa Rica y que, como el sector empresarial, minimiza el impacto de este monocultivo. “Si había 38 000 hectáreas de piña para producir $487 millones en el 2008, no me da la calculadora para que nos sigan diciendo que para $791 millones la extensión de la piña creció de 38 000 a 45 000 hectáreas”, cuestiona Boeglin.
A partir del 2007, Costa Rica es el primer exportador de piña en el mundo. En el país se utiliza la variedad MD2 Sweet Gold, un espécimen que se inventó en Hawai en 2006 y que puede pasar un mes sin perder textura, color y sabor. Boeglin explica que la MD2 requiere un paquete tecnológico “sumamente dañino para las aguas y para los suelos”.
El abogado mencionó el informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento de Naciones Unidas, Catarina de Albuquerque, en su visita a Costa Rica en 2009. En el documento, la relatora expresa “su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado”.
Boeglin cree que fue una regresión que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental sustituyera el Estudio de Impacto Ambiental por el Estudio de Diagnóstico Ambiental en 2009 para las plantaciones de piña. Además, afirmó que en las barridas (revisiones sorpresivas) del Tribunal Ambiental han encontrado ocho veces más bromacil en las piñeras que los estudios realizados por el MAG. “Todos los muestreos que hace el MAG son anunciados, así que las empresas se toman el tiempo de limpiar la casa”, aduce Boeglin.
En la actividad también representaron a la UCR el Lic. Mauricio Álvarez Mora, del Programa Kioscos Ambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, y Jorine Muiser, investigadora asociada del Centro Centroamericano de Población. El material del foro y las presentaciones de los participantes están disponibles en este enlace.
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