El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Dr. Henning Jensen Pennington, se presentó en la Asamblea Legislativa acuerpado por estudiantes y funcionarios de dicha casa de estudios superiores para entregar un documento a los diputados en el cual se indica que la UCR no está de acuerdo en el texto del proyecto de ley denominado Ley General de Investigación en Seres Humanos, tal y como está redactado para ser aprobado.
Esta ley vendría a reglamentar la exploración biomédica en el país y las investigaciones que podrían utilizar directamente a personas para probar y desarrollar productos farmacéuticos, entre otros estudios.
Según el Dr. Jensen Pennington, una ley de este tipo es necesaria en Costa Rica pero que incluya una reglamentación acorde con una bioética que regule y estimule la investigación y al mismo tiempo proteja los derechos fundamentales de las personas.
“Toda investigación científica con seres humanos tiene que partir de un respeto y una reafirmación del derecho de las personas y estos son los derechos que en primera instancia tienen que ser tutelados y protegidos, esta iniciativa legislativa no responde a los principios que cito, tiene vacíos importantes y tiene omisiones que deben superarse, por eso queremos contribuir y abrir un espacio para poder llegar a un texto normativo que sea satisfactorio”, comentó.
Investigación basada en la ética
El Consejo Universitario también se ha pronunciado sobre este proyecto y en un acuerdo tomado en la sesión extraordinaria N.° 5604 del presente año envió un comunicado al Congreso en el que indicaban, entre otros puntos, que el texto de la ley en cuestión no excluye expresamente a las universidades públicas del pago de un canon o impuesto por investigaciones biomédicas.
Además el Consejo Universitario declaró que resulta antiético y moralmente injustificable que se restrinja el acceso a un medicamento cuando se encuentre comercialmente disponible en el país, que es necesario que la ley asegure que las personas que participen en investigaciones no sean objeto de incentivos económicos o de otro tipo que impida que su presencia sea voluntaria, y que se debe insistir en la necesidad de independencia total y absoluta de los órganos fiscalizadores de las investigaciones que se propongan, así como un carácter esencialmente científico y técnico.
El presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) Víctor Emilio Granados Calvo, dijo estar de acuerdo y que buscará defender la posición de la UCR en este tema.
“Estoy agradecido de que el Rector, decanos y demás visitantes que realizan investigación científica y que tienen toda la autoridad moral, hayan venido con esta posición en un momento adecuado pues tiene que haber diálogo legislativo y diálogo fuera del Congreso también para escuchar la posición de una universidad reconocida por su calidad, sobre un proyecto que en lo personal no me gusta nada y que a mi juicio debe variar de acuerdo a las observaciones que plantean las autoridades universitarias”, acotó.
Esta discusión no es exclusiva de nuestro país pues la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) en su Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos estableció que en toda iniciativa de investigación pública o privada sobre cualquier interés científico o comercial deben primar el respeto a la dignidad de la persona, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La decana e investigadora de la Facultad de Odontología, la M.Sc. Madeline Howard Mora, estuvo en el Congreso apoyando la posición de la UCR este jueves 30 de agosto e insistió en la defensa de los derechos humanos dentro de la investigación biomédica.
“La investigación es muy importante pero cuando se realiza en seres humanos se convierte en un área muy sensible especialmente en las minorías, como por ejemplo niños en cuidados paliativos que no pueden hablar, nosotros tenemos que alzar la voz por ellos. La UCR se hace presente porque nuestro estatuto orgánico dictamina que debemos buscar el bien común y no podemos permanecer impávidos ante acciones que eventualmente puedan perjudicar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad”, concluyó.
Este proyecto de ley cuenta con el apoyo de las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario (ML), mientras que el Partido Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA) buscan devolverlo a comisión para que sea revisado y corregido.
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