Educación superior costarricense corre el riesgo de convertirse en mercancía

La Dra. Rita Meoño Molina compartió las principales hipótesis y los hallazgos de su tesis doctoral sobre las transformaciones de la educación superior en Costa Rica (foto Jorge Carvajal).

Las transformaciones económicas de un mercado dominado por el capital, así como el impulso de políticas y estrategias que favorecen los intereses privados, son condiciones que buscan modificar la esencia de las universidades y convertir la educación superior en una mercancía.  Estas fueron las principales premisas que presentó la Dra. Rita Meoño Molina, para explicar los cambios a los que se enfrenta la educación superior en Costa Rica y el resto de América Latina.

La Dra. Meoño expuso las hipótesis y los hallazgos de su tesis doctoral en el marco de la celebración del 70 aniversario de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la cual fue creada en el año 1942.  A la actividad asistieron estudiantes, docentes y egresados de esta unidad académica.

Durante su exposición, la Dra. Meoño destacó que las universidades públicas han tenido un papel importante en las sociedades, pues tienen la misión social de conducir la  formación ideológica y académica de los profesionales.  Sin embargo, la experta explicó que las últimas tres décadas se han caracterizado por ser un periodo en el que el capital domina las sociedades contemporáneas y la filosofía neoliberal apunta a la privatización y reducción estatal.

“Las transformaciones del Estado tienen implicaciones directas en las modificaciones que sufre la educación superior”, afirmó la Dra. Meoño para explicar que las estrategias políticas y económicas que aplican los países y los organismos internacionales, tienen el objetivo claro de replantear la educación superior en función de las demandas del mercado.  Con esto, se produce un fenómeno de mercantilización de la educación, la cual amenaza la misión social de las universidades, pues las instituciones se vuelven un negocio que deja ganancias y al que solo tienen acceso quienes tienen capacidad de compra.

La conferencista puso el ejemplo de Chile, que es el país de América Latina donde la educación superior ha evidenciado los efectos de la mercantilización de la educación superior, la cual incluso se ha diversificado en función de las clases sociales.

Como invitado especial para la celebración del 70.º Aniversario de la Escuela de Trabajo Social, se contó con la participación del investigador brasileño Dr. Roberto Leher (foto Jorge Carvajal).

Privatización no es ajena en Costa Rica

La Dra. Meoño afirmó que el proceso de mercantilización de la educación superior que se observa en otros países de América Latina no es completamente ajeno a Costa Rica.  Según la experta, actualmente en el país se han puesto en práctica macroestrategias que pretenden convertir a la educación superior en mercancía, sin embargo apuntó que “esos procesos aún no están consumados, sino que están en disputa”.

De acuerdo con la experta, a partir de 1985, el Estado costarricense adoptó políticas neoliberales que implicaban ajustes estructurales de la economía y reducción del Estado de Bienestar.  Con el inicio de este periodo, coincidentemente también se dio un crecimiento exponencial de centros de estudio post-secundarios de carácter privado.  La Dra. Meoño fue enfática que para considerar una institución como universidad debe incluir en sus funciones la docencia, acción social e investigación, por lo que no todos los centros educativos pueden considerarse como universidades.

Según los datos que aportó la expositora, entre 1985 y el 2010, en Costa Rica se crearon 50 instituciones privadas de educación superior, así como 73 centros para-universitarios.  Actualmente, el 91% de las instituciones de educación superior en Costa Rica son privadas, las cuales ofrecen 604 programas de estudio.  El 9% de los centros son públicos e imparten 535 programas.

Por otro lado, el 47% de la matrícula universitaria está en el sector público y el 53% en el privado. Entre 1986 y 1996, la matrícula privada creció un 476% en Costa Rica.  Sin embargo, la Dra. Meoño destacó que las universidades públicas aún mantienen su liderazgo en las carreras de carácter científico, humanístico y tecnológico, además de que concentran la mayoría de los posgrados.

A la conferencia asistieron estudiantes, profesores y egresados de la Escuela de Trabajo Social para celebrar el aniversario de dicha unidad académica (foto Jorge Carvajal).

En el estudio de la Dra. Meoño, se revela cómo en Costa Rica también se está dando un traspaso de fondos del sector público al sector privado, a través de los préstamos estatales para financiar a la educación superior privada.  Para la experta, los estudiantes prácticamente deben “hipotecar su futuro para poder estudiar” cuando recurren al financiamiento de su carrera universitaria.

También en el país está ocurriendo la “transnacionalización de la educación superior”, pues hay presencia de universidades privadas globales, es decir, centros de estudio que pertenecen a conglomerados de universidades privadas extranjeras.

En cuanto al financiamiento de la educación superior, las universidades públicas tienen una garantía constitucional de que serán financiadas por el Estado a través del Fondo Especial de Educación Superior (FEES), el cual es “una herramienta para defender presupuestos”, según explicó la experta. Actualmente, el quinto convenio del FEES aspira a llegar a destinar un 1.5% del PIB para la educación universitaria, pero aún hay riesgo de que el Estado ponga condicionamientos presupuestarios.  Por ello, la Dra. Meoño apuntó la necesidad de defender la autonomía universitaria ante la injerencia e intromisiones de otras instituciones públicas en el quehacer universitario.

La experta concluyó que tanto en Costa Rica como en el resto de América Latina, los cambios en la esencia de las universidades públicas y el crecimiento exponencial de las universidades privadas, no son hechos meramente circunstanciales, sino que son el producto de la adopción de políticas económicas. Esto implica la defensa de la universidad pública.

“Es necesario en el presente comprometernos por la lucha por todo lo público… Tenemos que asumir un compromiso radical en la defensa de la democracia, luchar por la educación superior pública, luchar por el financiamiento estatal, luchar por la defensa de la autonomía universitaria.  Creo que sólo un posicionamiento crítico permitirá que la naturaleza de lo que está ocurriendo con la educación superior en nuestro país, sea políticamente contestado”.