Especialistas en Agronomía y Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) hicieron un llamado para que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad analice y valore con calma la conveniencia de autorizar la siembra de maíz transgénico en la provincia de Guanacaste, en el norte del país.
Los académicos argumentaron que es necesario tomar en cuenta, además de los aspectos agronómicos, los efectos culturales, sociales y ambientales para determinar si se justifica que el país asuma el riesgo de introducir variedades transgénicas del grano.
Actualmente existe interés de algunos sectores sociales de declarar el maíz criollo como patrimonio cultural.
Los científicos participaron en el foro Siembra de transgénicos en Costa Rica. ¿Peligra nuestro maíz?, que organizó el Grupo Agroecológico (GAE), conformado por estudiantes de la UCR, con el propósito de debatir los pro y los contra de la petición de la empresa DPL Semillas, filial de Monsanto, de cultivar en el país variedades de maíz genéticamente modificado.
La intención de dicha empresa es sembrar cerca de 35 hectáreas de maíz transgénico, con genes de resistencia a algunas plagas y a herbicidas, entre estos glifosato, para la producción de semillas con fines de exportación e investigación.
En la actividad, realizada el 29 de noviembre en el auditorio de la Ciudad de la Investigación, participaron el Dr. Luis Felipe Arauz Cavallini, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias; el Dr. Jaime García González, catedrático de la Escuela de Biología; el Dr. Federico Albertazzi Castro, coordinador del Programa de Mejoramiento Genético del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM) y el Ing. Alex May Montero, presidente de la Comisión de Bioseguridad.
Asimismo, la Escuela de Biología emitió un pronunciamiento en el que recomendó a la Comisión de Bioseguridad declarar una moratoria a la introducción de variedades de maíz transgénico, hasta que no haya estudios ecológicos y socioeconómicos que garanticen la integridad de la biodiversidad cultivada y natural que hay en el país.
“Existe una duda razonable sobre los impactos ecológicos y genéticos que puedan ocurrir en variedades cultivadas en nuestro país, por la posible dispersión de los transgenes a estas poblaciones”, según el texto difundido el 20 de noviembre.
Tras insistir en la necesidad de tomar en cuenta aspectos culturales, sociales y económicos asociados a la siembra del maíz, los expertos de la UCR insistieron en que la decisión de autorizar el cultivo transgénico de este grano en el país debe analizarse con detenimiento.
“Este es un debate muy emocional y encendido, que tiene que ver no solo con contenidos científicos, sino también con intereses económicos y aspectos sociales y políticos”, afirmó el Dr. Luis Felipe Arauz, quien no se declaró ni totalmente a favor ni totalmente en contra de los cultivos transgénicos.
En su criterio, hay que valorar “caso por caso” para determinar los beneficios y los riesgos para el ambiente, la salud humana y la sociedad en general.
“Se deben analizar las cosas con criterio, con calma, con reposo, con objetividad, y no simplemente satanizar o glorificar la agricultura transgénica”, expresó Arauz.
Los académicos universitarios enfatizaron en que el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, que regula los transgénicos y al cual Costa Rica se adhirió, señala los factores biológicos que pueden constituir un riesgo en estos cultivos, así como también las repercusiones para las poblaciones indígenas y campesinas.
Al respecto, el Dr. Jaime García señaló que “estamos hablando de comida, de soberanía alimentaria” y defendió la idea de que haya un debate nacional acerca del tema, como ocurrió en Perú, en donde se llegó a la conclusión de declarar una moratoria de diez años a la siembra de transgénicos.
Según García, desde el 2003 el Consejo Universitario de la UCR había resaltado la importancia de la conservación de los recursos genéticos del país y solicitaba en ese momento que se promoviera una discusión abierta acerca de los organismos genéticamente modificados. “Eso no se ha hecho y es necesario”, aseveró García,
De acuerdo con los especialistas, la posibilidad de que genes modificados pasen de una especie a otra y contaminen variedades autóctonas es un riesgo real y sobre esto existe evidencia científica.
El Dr. Arauz citó ejemplos de plantaciones de canola, en las cuales ha habido dispersión de polen a una distancia de 2 km y, por ende, la contaminación de cultivos vecinos.
También el Dr. Federico Albertazzi se refirió a ese peligro y mencionó el caso de México, en donde un estudio realizado por un equipo interdisciplinario de científicos encontró contaminación transgénica de algunas de las razas autóctonas de maíz.
No obstante, Albertazzi considera que en el caso costarricense este riesgo es bajo, debido a que hay formas de controlar la contaminación y existe suficiente información en otros países de Latinoamérica que sí permiten el cultivo de maíz transgénico y que ayudaría a tomar una decisión.
Además, expresó, el cultivo de maíz modificado genéticamente podría ser una alternativa para el país, en donde la producción de este alimento ha disminuido en los últimos años.
García fue más allá y dijo que incluso puede haber peligro de contaminación antropogénica; es decir, que alguna persona tome una semilla transgénica y la siembre en otro sitio, como sucedió con el algodón.
“Las normas de bioseguridad funcionan muy bien en el papel, la realidad es otra”, indicó el profesor.
Otro punto en controversia que fue discutido durante el foro son los efectos de los transgénicos en la salud y el ambiente y al respecto se dijo que se han hecho varios estudios, entre estos uno dado a conocer recientemente en Francia que reveló consecuencias dañinas en animales de laboratorio.
Sin embargo, el Ing. May aclaró que no es competencia de la Comisión de Bioseguridad evaluar los efectos de los transgénicos en la salud humana.
Según explicó May, “desde el año 1991 hasta el 2000 se han aprobado otras solicitudes de cultivo de maíz con propósitos de multiplicación de semilla, los cuales contenían las mismas modificaciones genéticas que la solicitud actual”. Ninguno ha sido utilizado para consumo nacional.
En un comunicado de prensa, el Servicio Fitosanitario del Estado informó que la Comisión de Bioseguridad acordó este 3 de diciembre posponer la emisión de un dictamen y solicitó a la empresa DLP Semillas mayor información técnica.
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