Universidad de Costa Rica
El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José reafirmó el derecho a la libertad de cátedra en la sentencia dictada en el juicio contra el catedrático y profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Dr. Jorge Lobo Segura, quien había sido demandado por la empresa minera Industrias Infinito S.A. en relación con el caso del proyecto Crucitas.
Lobo fue absuelto del delito de difamación a empresa jurídica por sus declaraciones emitidas en el documento El oro de los tontos, producido por la Unidad de Producción Audiovisual (UPA) de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR en el 2011.
Industrias Infinito, de capital canadiense, fue condenada a pagar ¢53 millones por concepto de costas procesales y personales del juicio.
En la lectura de la sentencia, la jueza Sailyn Ballestero Mora aseguró que el Dr. Lobo está amparado por un derecho constitucional, como es la libertad de cátedra, y que él trató el tema sobre el proyecto Crucitas bajo un fuero universitario.
“Don Jorge ha basado su defensa en el ejercicio legítimo de un derecho, no solamente en defensa de un interés actual como es el medio ambiente, sino también porque expone sus ideas en virtud de un derecho constitucional, que es la libertad de cátedra”, aseguró Ballestero.
Por su parte, el académico consideró que la sentencia reafirma la libertad de expresión y la libertad de cátedra, al señalar que un profesor universitario está posibilitado a deducir situaciones a partir del estudio de documentos técnicos y legales sin que existan juicios o sentencias previas que los respalden, como lo pretendía Industrias Infinito.
“De la forma como estaba planteada la acusación de la empresa, si esta hubiera ganado, hubiera quedado un temor en el sentido de que si uno no tiene la prueba de que un problema ambiental va a ocurrir con el cien por ciento de certeza, no podría hablar”, explicó el biólogo.
No obstante, no se comprobó que las afirmaciones de Lobo estuvieran basadas en hechos falsos y tampoco que dañaran la confianza y la imagen pública de la empresa, como argumentaban los abogados de Industrias Infinito.
Además, de acuerdo con la jueza, anteriormente a las afirmaciones hechas por Lobo, ya existían varios hechos que afectaron la imagen de la empresa.
El más importante fue la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que determinó “irregularidades e ilegalidades” cometidas por Industrias Infinito en el proyecto Crucitas, la cual fue ampliamente difundida por los medios de comunicación.
Al respecto, Ballestero recordó que varios funcionarios de instituciones estatales fueron remitidos al Ministerio Público para ser investigados por su actuación en este caso, bajo los conceptos de “orquestación de voluntad” y de “actuación irregular”.
También varias encuestas revelaron que un 86% de la población del país encuestada estaba en contra de la actividad minera en Crucitas.
“Las manifestaciones de don Jorge Lobo bajo ninguna circunstancia podrían dañar la imagen o la confianza de la empresa, porque la sentencia y las publicaciones ya habían dañado esa imagen”, expresó la jueza Ballestero.
La lectura de la sentencia se realizó el 19 de octubre y el texto completo fue dado a conocer el 26 de octubre.
Para la jueza Ballestero, el profesor Lobo no solo expuso su criterio técnico como biólogo y catedrático universitario, sino que también su intención fue informar al estudiantado acerca de los hechos relacionados con Crucitas.
Como todo ciudadano, señaló, Lobo tenía el derecho de discutir e interpretar una sentencia.
A juicio del Dr. Lobo, ese punto tiene una aplicación muy concreta a la libertad de docencia, en el sentido de que los profesores tienen la posibilidad de advertir a la población sobre peligros ambientales y de denunciar actos de corrupción en la administración pública y en la empresa privada.
Estos criterios fueron reafirmados por el rector de la UCR, Dr. Henning Jensen Pennington, quien calificó como un “deber ciudadano” las opiniones críticas expresadas por Lobo y por otros profesores universitarios en torno al proyecto de minería a cielo abierto, en Crucitas de San Carlos, zona norte del país.
Al hacerlo, ellos “han cumplido con el deber ciudadano de defender principios y derechos fundamentales de toda la población costarricense”, dijo Jensen.
Recordó que Costa Rica es un país que en las últimas décadas ha impulsado una política de desarrollo en armonía con la naturaleza, lo cual ha conducido a que la ciudadanía asuma los valores y fines de esa política de manera consecuente y asuma una posición crítica ante su incumplimiento.
“Jorge Lobo es uno de esos ciudadanos que toma en serio la importancia de una política ambiental que asegure condiciones de vida adecuadas y dignas para las generaciones presentes y futuras”, aseveró el Dr. Jensen.
Asimismo, destacó la importancia del derecho a la libre expresión, sin el cual “la colectividad perdería una de sus más esenciales condiciones de existencia”.
