UCR pide al Gobierno derogar decreto y abrir debate nacional sobre el modelo energético

El Consejo Universitario recomendó al Instituto Costarricense de Electricidad y a las municipalidades cercanas al proyecto hidroeléctrico El Diquís, informar la Comisión Ramsar sobre la construcción de esta represa (infografía publicada en el diario La Nación).

La Universidad de Costa Rica (UCR) solicitó al Poder Ejecutivo derogar el Decreto Ejecutivo mediante el cual se declaró de conveniencia nacional e interés público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), debido a que no tiene como sustento los estudios ambientales y los soportes técnicos necesarios para su legalidad.

Al mismo tiempo, le pidió abrir un debate nacional, informado y participativo, con miras a lograr una decisión país en torno al modelo energético por seguir en el corto, mediano y largo plazo, el cual debe estar acorde con las necesidades sociales, económicas, ambientales y productivas nacionales, tomando en cuenta el interés colectivo y la protección de la naturaleza. Según la UCR, este debate debe incorporar no solo la oferta energética y eléctrica, sino también la demanda nacional.

La petición la hizo mediante un acuerdo del Consejo Universitario que se sustenta en el informe Los impactos socioambientales y culturales del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), elaborado por una comisión especial de este Órgano Colegiado, con el aporte de especialistas universitarios de diversas disciplinas y el cual contiene reflexiones, conclusiones y recomendaciones en los ámbitos jurídicos, geológicos, antropológicos, ambientales y sociales.

El propósito del Consejo Universitario es que los resultados de ese informe sean un insumo para la toma de decisiones de las comunidades, los actores sociales  y las instituciones públicas involucradas.

El PHED es un megaproyecto que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pretende construir en la zona sur del país, con el cual se procura generar una potencia de 610 MW de energía firme.  Su represa, de 172 metros de altura, estaría ubicada 4 kilómetros aguas arriba del puente sobre el río Grande del Térraba y su embalse inundaría 6.081 hectáreas, de las cuales 730 son territorios indígenas.

Entre las peticiones al Gobierno, la UCR recomendó una evaluación ambiental estratégica sobre dicho megaproyecto, con el propósito de tener un adecuado diagnóstico sobre los recursos que necesitará y las implicaciones que tendrá.

Asimismo, le solicitó que inicie un proceso de diálogo, consulta y participación con las organizaciones propias, legítimas y representativas de los pueblos indígenas y no indígenas de forma directa y transparente, tal como lo exige el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales,  Convenio 169 OIT, suscrito por Costa Rica.

La UCR también le planteó varias recomendaciones al ICE, entre ellas, contemplar los términos de referencia de diversos organismos e instancias internacionales como la Comisión Mundial de Represas, la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, la Comisión Ramsar, en relación con temas como los derechos humanos, poblaciones indígenas, fuentes de energía alternativas e impactos socio-económicos, culturales y ambientales derivados de la construcción de grandes represas.

Además, le pidió que explique cómo atenderá el riesgo asociado a la falla longitudinal que atraviesa parte de la zona donde se construirá el proyecto, pues  en el caso de las fallas activas y de acuerdo con la Ley N.° 32967,  se restringe la construcción de obras de uso humano en terrenos del ámbito inmediato a fallas geológicas.

Al mismo tiempo, les recomendó al Poder Ejecutivo, al ICE y a las municipalidades de Buenos Aires, Osa y Pérez Zeledón, que informen a la Comisión Ramsar sobre la posible afectación del Humedal Térraba-Sierpe por la construcción de dicho proyecto hidroeléctrico.

El acuerdo completo del Consejo Universitario puede ser consultado en el sitio web de este Órgano Colegiado: http://www.cu.ucr.ac.cr