Ministro de Seguridad afirmó

La política sobre criminalidad adoptada por Costa Rica sigue estando dirigida hacia el respeto a los derechos humanos, según el Lic. Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública (foto Laura Rodríguez).

“No es el mero aumento de los medios y los recursos lo que va a terminar solucionando el problema de la criminalidad, sino un cambio de modelo que impacte cualitativamente lo que hemos venido haciendo en esta materia”.

Con estas palabras, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, reafirmó su convicción de dar prioridad a la prevención y a las causas, más que a la represión o al uso de la fuerza para enfrentar los problemas de criminalidad y de inseguridad ciudadana en el país.

“Nunca hemos tenido tantos policías como en este momento y somos el país de América Latina que posee porcentualmente el mayor número de jueces”, agregó Zamora; sin embargo, añadió, “más jueces, más fiscales y más policías no han significado menos delitos ni una disminución en la sensación de inseguridad”. 

Según el abogado, factores locales y del entorno internacional inciden en el aumento de la criminalidad, el cual se ha vuelto más complejo y participan en él nuevos actores.

“Tenemos una criminalidad local que cada vez sufre más impacto de la criminalidad transnacional, ya no solo de los grupos de Colombia que operaban en la región, sino de las organizaciones mexicanas”, advirtió Zamora.

La profesionalización de la Fuerza Pública fue uno de los puntos abordados en la mesa redonda (foto ilustrativa de Luis Alvarado).

También está el fenómeno de las “maras” o pandillas que actúan en algunos países de la región centroamericana, muy cerca de las fronteras nacionales. “Hay nuevos fenómenos alrededor. Vivimos en el vecindario más violento del mundo. Centroamérica está generando más muertes por violencia que incluso durante el período de la guerra en los años 80”, según el ministro.

El funcionario participó en la mesa redonda titulada Política criminal y derechos fundamentales, junto al Lic. Gonzalo Elizondo Breedy, consultor en derechos humanos y seguridad ciudadana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica y al M.Sc. José Carlos Chinchilla, director de la Maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional (UNA), como moderador.

La actividad fue el cuarto debate en torno a temas vinculados a la justicia, la violencia, la Ley Penal Juvenil y la prevención social, como parte de las I Jornadas de reflexión Seguridad y estado social de derecho: encrucijadas y desafíos, organizadas por la Vicerrectoría de Investigación, la Comisión Interdisciplinaria e Interinstitucional en Violencia y Sociedad, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), con el auspicio de la Corte Suprema de Justicia.

Apuesta por la prevención

Al referirse a la prevención como uno de los pilares de la política sobre criminalidad, el ministro de Seguridad manifestó que en esta materia Costa Rica tiene una larga experiencia, ya que en 1949 abolió el ejército, la institución más represiva de la sociedad, y asignó más recursos a áreas como la salud y la educación.

El Lic. Gonzalo Elizondo, especialista sobre derechos humanos, criticó que en el país no hay respuesta orgánica en materia de drogas. Lo acompaña el M.Sc. José Carlos Chinchilla, académico de la UNA (foto Laura Rodríguez).

El país también ha optado por una política de prevención y de promoción de los valores democráticos. Esto se demuestra con la decisión de destinar más recursos al Poder Judicial –el ente encargado de impartir justicia– que a la Policía o al sector penitenciario.

“En un escenario de justicia democrática, la etapa judicial es el principal elemento a la hora de ejercer y aplicar la justicia”, consideró Zamora.

Sin embargo, el funcionario reconoció que la policía está muy rezagada desde el punto de vista tecnológico, por lo que se está haciendo un esfuerzo por dotarla de tecnología para mejorar la respuesta que la ciudadanía requiere. Con este objetivo se hará una inversión de $20 millones en la Academia Nacional de Policía y se impulsarán servicios por medio de la plataforma del Gobierno digital.

De acuerdo con Zamora, hay que hacer un esfuerzo por democratizar y tecnificar el debate sobre la política criminal, con participación de la sociedad. “Como lo dijo el juez Baltazar Garzón, en la medida en que la seguridad se dé en un proceso continuo de construcción con la ciudadanía, tendremos una seguridad democrática, y ese es el reto de hacerlo”, concluyó.

Políticas democráticas

El público asistente mostró interés y preocupación ante temas como el hacinamiento de la población recluida en los centros penales (foto Laura Rodríguez).

Por su parte, el Lic. Gonzalo Elizondo dijo que hay que preguntarse cuáles son los intereses que están detrás de cada grupo de la sociedad que ataca las políticas de seguridad ciudadana.

“¿Serán los intereses de las empresas que venden servicios de seguridad?, ¿los intereses de la prensa, que como decía el filósofo Bertrand Russell, la mala noticia es siempre la buena noticia? o ¿de quienes frente a una amenaza reaccionan con la fuerza?”, se preguntó el especialista.

Ante estas reacciones –opinó– hay que reafirmar la idea de que “estamos apostando a nuestra Constitución Política y a nuestro modelo de convivencia costarricense, que es un modelo basado en los derechos humanos”.

Elizondo defendió la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social para Costa Rica (Polsepaz) del actual Gobierno y aseguró que este documento contiene las directrices para garantizar lo anterior.

El consultor abogó por la profesionalización de la Fuerza Pública, su capacitación en la doctrina democrática, familiarizada con sistemas de supervisión efectivos y con capacidad de relacionarse con la gente.

En el tema de las drogas, el cual a su juicio está muy relacionado con la inseguridad ciudadana y la violencia, afirmó que Costa Rica mantiene la perspectiva de la guerra contra las drogas, pero mientras tanto, las personas adictas no reciben la atención necesaria.

Elizondo recordó que en otras áreas de la salud y el derecho, la Sala Constitucional también ha tenido que intervenir para obligar, por ejemplo, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a abrir un centro para que atienda a las personas enfermas mentales transgresoras de la ley penal (adictas). Algo similar debiera hacerse para aclarar la relación entre la CCSS  y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), que es el ente especializado y no cuenta ni con 30 camas para casos de internamiento.

“Si hay algo que se maneja con hipocresía, son las medidas que se toman en la lucha contra el narcotráfico, porque se mueve mucho dinero. La lucha tenemos que darla controlando los capitales, pero los sectores financieros son cómplices y la empresa privada tampoco colabora”, sentenció.