Universidad de Costa Rica
Preocupada por el aumento en los niveles de desigualdad y de pobreza en Costa Rica en los últimos dos años, la Dra. Marta Maurás, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, hizo un llamado para que el país haga un esfuerzo mayor en este campo, para superar condiciones específicas de vulnerabilidad infantil y para que avance en los aspectos pendientes en materia de derechos, sobre todo para aplicar la protección en la práctica.
Ella hizo una presentación de las Observaciones y Recomendaciones Finales (OCF) de dicho comité en relación con el IV Informe de cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y del avance que el país ha tenido en este campo, invitada por el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena) y por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Según lo explicó la Dra. Maurás las OCF se emitieron hasta hace dos meses, pese a que el informe fue presentado en el 2009. Esto se debió a que hasta en febrero del 2011 el Comité le envió una serie de consultas al Estado costarricense, las cuales fueron respondidas en mayo de este mismo año.
La expositora aseguró que ese Comité hace los esfuerzos máximos por actualizar y completar la información que le presenta cada país, con el propósito de tener una visión integral de lo que realmente ocurre.
Su preocupación por el aumento en la pobreza se basa en los datos de los últimos dos años, en los que el país reporta un incremento del 16% al 18% de pobreza y porque es uno de los dos países donde aumentó el coeficiente de Gini o indicador de desigualdad (se calcula con distintos quintiles, a partir del ingreso).
Destacó el interés de Costa Rica por cumplir con la presentación de los informes cada cinco años y por contar con la legislación que regule diferentes aspectos de vulnerabilidad infantil, “pero tiene una aplicación más bien débil, requiere de decisión política para aplicarla en la práctica”.
Agregó que el país ha hecho un gran esfuerzo por ratificar las convenciones y “es muy meritorio el cambio de paradigma que ha tenido en lo tutelar (regular adopciones directas), pero le hace falta reglamentar la aplicación de las leyes a nivel nacional, regional y municipal, para que se haga efectivo el Sistema Nacional de Protección Infantil”, afirmó.
La Dra. Maurás comentó que es necesario reglamentar, con normas, medidas administrativas, asignación de recursos y con un sistema nacional de datos. También recomienda que las políticas existentes se integren a un Plan Nacional de Acción, el cual debe ser parte del Plan Nacional de Desarrollo y con él recibir el presupuesto adecuado.
Comentó que la ley de transferencias de competencias a las municipalidades, puede ser un buen instrumento para reforzar las juntas de protección y los comités de la niñez y la adolescencia, si establecieran competencias en materia de infancia.
En materia de legislación le hace falta aumentar la edad del matrimonio como mínimo a los 18 años y del consentimiento sexual a más de 13 años.
Otras recomendaciones
Sobre el tema de la discriminación, la especialista manifestó que hay avances pero falta darle más atención a la población indígena y migrante, afro-americana y discapacitada. Estas poblaciones deben ser consideradas dentro del Plan Nacional de Acción.
En cuanto a la participación política y los derechos civiles comentó que el país debe revisar el art. 8 del Código de la Niñez que prohíbe la asociación política de personas menores de 18 años. La Dra. Maurás considera que no se trata solo de legislar en relación con la edad a la que se permite ejercer el derecho al voto, sino que hay que asegurar una participación adecuada de acuerdo con la edad, así como proteger la privacidad y dignidad del niño y la niña.
En nombre del Comité hizo un llamado a los medios de comunicación nacionales para pedirle que garanticen el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en especial dijo que le preocupa la criminalización en la que están incurriendo con las personas adolescentes y les recordó el derecho a la privacidad que este sector de la población tiene.
Destacó todos los esfuerzos nacionales que se hacen por bajar y controlarla por medio de diversos programas lo relativo a la violencia. Citó el Plan de prevención de la violencia y promoción de la paz y el programa contra la violencia doméstica. Considera que hay que seguir trabajando para reducir la violencia dentro de la familia, los abusos sexuales y psicológicos y en especial el castigo físico o corporal que está expresamente prohibido, sigue siendo una práctica aceptada culturalmente.
También recomiendan estrategias de prevención para evitar los embarazos en la adolescencia, apoyar a las madres adolescentes, brindar servicios confidenciales apropiados de salud mental y sexual, pues es un sector de la población muy poco comprendido, que está en formación y que tiene dudas de lo que quiere, de lo que puede lograr en el futuro y necesita apoyo, en especial para hacer valer sus derechos sexuales, incluida la contracepción de emergencia y el acceso al aborto terapéutico.
Sobre adopciones y familia dijo que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es el órgano rector y reconoció como positivo la regulación que hizo de las adopciones directas. Se manifestó preocupada por los niños y niñas en situaciones familiares de vulnerabilidad a los que se les debe ofrecer otras opciones familiares, aparte de la institucionalización.
Destacó dos leyes que se aprobaron en el 2010 relacionadas con la explotación infantil y la actividad empresarial, las cuales calificó de emblemáticas, porque muy pocos países en América Latina las tiene: la Ley de Trabajo Doméstico y la Ley de Incentivo de la Responsabilidad Social Corporativa Turística, que para su criterio su aplicación se puede extender a otras empresas más pequeñas, con la idea de luchar contra el empleo y la explotación de menores de edad.
Finalmente reconoció como un avance el que Costa Rica haya definido como delito la posesión de pornografía relacionada con niños, niñas y adolescentes. Señaló un vacío en la legislación que es necesario tomar en cuenta, como es la falta de jurisdicción para la extraterritorialidad, que permita reclamar, extraditar y juzgar en el país a los nacionales que comentan delitos en el extranjero con menores de edad.