Reforma de Ley penal juvenil debería contemplar formación, trabajo y prevención

La mesa redonda: ¿Reformar la justicia penal juvenil? se realizó el jueves 4 de agosto en la Sala de Ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia y contó con la presencia del Vicerrector de Investigación y psicólogo Henning Jensen (foto Anel Kenjekeeva).

Un cambio en el sistema preventivo costarricense, así como la búsqueda de métodos para la integración socio-laboral de los menores que cometen un delito, son algunas de las recomendaciones que la Dra. Teresa Aguado Correa, el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, y el  Dr. Javier Llobet Rodríguez, dieron en la mesa redonda: ¿Reformar la justicia penal juvenil?

Como parte de las jornadas de reflexión: “Seguridad  y Estado Social de Derecho: Encrucijadas y Desafíos”, organizadas por la Vicerrectoría de Investigación, el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) y la Comisión Interdisciplinaria e Interinstitucional en Violencia y Sociedad de la Universidad de Costa Rica (UCR); los especialistas señalaron la urgente necesidad de fortalecer la seguridad nacional mediante una reforma de la política educativa y social, que logre rescatar a aquellos menores en riesgo.

“No hace falta el derecho penal para reducir la delincuencia juvenil, solo hay que entender el trasfondo social del menor que infringe la ley” mencionó la Dra. Teresa Aguado (foto Anel Kenjekeeva).

La mayoría de los aportes ofrecidos por los participantes en la mesa redonda estuvieron orientados a explicar el  trasfondo social de la problemática de seguridad ciudadana y repensar el proyecto de ley (No.17615, “reforma a la ley de justicia penal juvenil”) que pretende acabar con la inseguridad mediante un “endurecimiento de las penas” y la reducción de la edad de responsabilidad penal.

Según los especialistas, las drogas, la falta de las redes de apoyo, la desintegración familiar, la pérdida de los espacios públicos y las pocas oportunidades de trabajo y de educación, son tan sólo algunas de las causas de la ola de violencia e inseguridad que se ha desatado en Costa Rica en las últimas décadas.

Tanto los miembros de la mesa, como el Dr. Henning Jensen Pennington, vicerrector de Investigación de la UCR y moderador de la actividad; concluyeron que las pretensiones políticas de imponer sanciones más fuertes a los menores, no es la mejor solución para un problema con raíces, que van más allá de lo punitivo.

“Ley de Justicia penal juvenil no debe cambiar, las políticas de prevención son las que deben mejorar por qué se nos está haciendo tarde” aseguró el Dr. Javier Llobet (foto Anel Kenjekeeva).

Los expositores también criticaron fuertemente, algunos de postulados del proyecto No. 17615, como por ejemplo: la creación de los registros judiciales para menores de edad, el aumento de las penas (de 2 a 4 meses), la penalización del consumo en lugares públicos y la reducción de la edad de responsabilidad penal (de 18 a 15 años).

“Escuchamos en muchos medios, un discurso que dice que el castigar con dureza parece ser el único medio de responsabilizar a los individuos, no debemos dejarnos engañar por esos discursos, que piden más cárcel para los jóvenes como única solución, pues la seguridad es un asunto de responsabilidad colectiva” aseguró el Dr. Henning Jensen Pennington.

Al igual que el Dr. Jensen, la especialista y profesora de la Universidad de Sevilla, la Dra. Teresa Aguado comentó que el  discurso mediático ejerce gran presión, para que quienes tienen en sus manos las políticas de seguridad social postulen el castigo fuerte como única solución a un problema que se podría mejorar invirtiendo en sistemas preventivos.

Dr. Carlos Tiffer Sotomayor: “ El querer ajustar y comparar el delito juvenil al delito de los adultos es sin duda un error” (foto Anel Kenjekeeva).

“A golpe de la opinión pública, cada caso concreto de violencia cometido por un menor hace que el colectivo quiera reformar la justicia penal juvenil” agregó Aguado.

Según el Dr. Javier Llobet Rodríguez, el clamor social por un endurecimiento de las penas corresponde a una tendencia global basada en el “realismo de derecha norteamericana” o populismo punitivo, que tiene como filosofía que “a crímenes de adultos penas de adultos”, suponiendo así que los jóvenes que cometan delitos deben pagar igual que los mayores.

Para el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, esa alarma social propiciada por la violencia ha hecho que la sociedad opte por suponer que el delito juvenil no es diferente al de los adultos, cuando nuestro sistema penal más bien pretende educar y reinsertar al menor que infringe la ley.

Al concluir la discusión, los expositores coincidieron en que urge una reforma social no punitiva que contemple una mejora en los sistemas educativos y preventivos y que además que respete y proteja al menor.

Parte del público que escuchó a los especialistas que analizaron las reformas a la Ley penal juvenil en la mesa redonda que se realizó el jueves 4 de agosto en la Sala de Ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia (foto Anel Kenjekeeva).