Un llamado para que el Estado costarricense asigne más recursos a la prevención de la delincuencia juvenil y para que mantenga su compromiso ético con el respeto a los derechos humanos de esta población hicieron varios especialistas que analizaron el tema de la prevención de la violencia juvenil.
Los especialistas cuestionaron la forma en que los políticos, los medios de comunicación y algunos sectores con intereses económicos en el negocio de la seguridad tratan este problema social, en una mesa redonda organizada por la Vicerrectoría de Investigación, el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) y la Comisión Interdisciplinaria e Interinstitucional en Violencia y Sociedad de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Asimismo, criticaron la respuesta dada por algunas autoridades del Ministerio de Educación Pública ante los hechos violentos ocurridos recientemente en el país, en los que perdieron la vida siete jóvenes estudiantes de secundaria.
La M.Sc. Mónica Vul Galperín, psicoanalista e investigadora del IIP, fustigó la banalización y distorsión de la prensa en el tratamiento de “estos acontecimientos tan dolorosos para la sociedad costarricense”.
El M.Sc. Mario Zúñiga Núñez, profesor de la Escuela de Antropología de la UCR, argumentó que la presión que han hecho algunos sectores sociales para que se endurezcan las penas y la urgencia de castigo no es el mejor camino por las consecuencias sociales que ello acarrea.
El Lic. Darío Gómez Gómez, especialista en justicia penal juvenil y representante de la organización DNI Costa Rica, defendió la perspectiva de la ética de los derechos humanos en el abordaje de estos temas, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales y nacionales que conforman la Doctrina de la Protección Integral.
Enfoque desde el psicoanálisis
En su exposición, la psicoanalista Vul se refirió a la necesidad de desmitificar algunos de los mitos construidos acerca del tema de la violencia y los jóvenes. Enfatizó en la importancia de tomar en cuenta la complejidad de la subjetividad en la época contemporánea, y en particular la subjetividad de los jóvenes.
Explicó que la adolescencia es una época crucial de “extrañamientos, de separaciones dolorosas, de dolores en lo imaginario y lo real”. “No es una etapa más en el desarrollo evolutivo de la vida –aseguró–, sino una puesta en cuestión de la ley con el padre y los adultos, y también de las identificaciones”.
Vul también hizo un llamado a “no dejarnos engañar” por los discursos que por un lado recetan más cárcel para la población joven y por el otro recetan más anfetaminas y ritalina para controlar sus cuerpos. Estas salidas lo que hacen es “encasillar a los individuos en trastornos generalizados y desconocer su historia y su subjetividad”, advirtió.
La falta de programas especiales de prevención y de reinserción social de los jóvenes es vista por los especialistas como el verdadero problema de la delincuencia juvenil. En ese sentido, Vul considera que se deberían establecer estrategias para mantener en las aulas a la población estudiantil de secundaria y para reincorporar a los alumnos que han sido expulsados del sistema educativo.
Mano dura no es la solución
El M.Sc. Zúñiga expuso la experiencia en El Salvador, en donde el Partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de derecha, puso en marcha en el 2003 las llamadas “leyes antimaras”, que no significaron una solución ante los problemas de violencia asociados a las pandillas juveniles o maras, sino más bien su agravamiento y su exclusión del resto de la sociedad.
Esta política de mano dura ha sido señalada como violatoria de los derechos humanos y en algunos países centroamericanos dio pie al surgimiento de un negocio boyante en el campo de la seguridad.
Zúñiga explicó que las “leyes cero tolerancia” fueron impulsadas en Estados Unidos por el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, y luego expandidas fuera de ese país.
Según el antropólogo, estas leyes han tenido mayor arraigo en países en donde la política social del Estado ha decrecido y predomina un sentimiento de inseguridad entre la población, lo cual es utilizado por los medios de comunicación y los partidos políticos, estos últimos con el fin de atraer votantes.
En Costa Rica, manifestó, esta tendencia se observó en la campaña electoral pasada en los partidos Movimiento Libertario y Unidad Social Cristiana.
Una consecuencia de las “leyes antimaras” es que no se logra tener una dimensión completa del problema de la delincuencia, ya que en el caso de El Salvador las autoridades lograron que la gente centrada su atención en los pandilleros y la delincuencia común, pero se perdieron de vista otros aspectos del fenómeno, como son las redes del crimen organizado, señaló el antropólogo.
El académico opinó que Costa Rica se encuentra en un momento crucial, ya que se observa una fuerte presión de ciertos sectores sociales para que se endurezcan las penas, pero el país ha avanzado en materia de derechos humanos y hay que luchar por mantener lo alcanzado.
“Hemos avanzado con la Ley Penal Juvenil en el tema de los derechos humanos. La disputa en estos momentos es por no retroceder”, sentenció.
Conceptos de violencia
Por su parte, el Lic. Gómez expresó que no existe un único concepto de la violencia ni una sola clase de violencia, sino que hay diversas modalidades de violencia. Además, aclaró, el tema se discute desde diferentes concepciones ideológicas y políticas.
Algunas definiciones de la violencia, indicó, eluden la existencia de las violencias estructurales, que se ejercen desde el poder y desde las estructuras sociales, se basan en la fuerza legal para su existencia y excluyen y condenan al empobrecimiento a importantes sectores de la sociedad.
El jurista manifestó que el concepto de violencia juvenil está cargado de estigmatización, lo juvenil se percibe como violento y peligroso y en su construcción intervienen elementos del modelo represivo que busca como respuesta agregar más violencia a la que ya se interviene.
“Los conflictos por sí mismos no son violentos, se tornan violentos en razón de los mecanismos para solucionarnos, especialmente si se recurre al poder y a la fuerza, lesionando los derechos de las demás personas”, aseguró el representante de DNI.
Esta organización defensora de los derechos humanos de la población infantil y juvenil propone que “la violencia y el delito se tienen que abordar desde el enfoque o el modelo de la prevención, basados en la generación de oportunidades reales para el ejercicio de los derechos de las personas”.
Además de contar con un sistema especializado de justicia penal juvenil, los países deben establecer una política de prevención de la delincuencia juvenil, que sea parte de la política del Estado y que incorpore una vigorosa política social.
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