El Dr. Luis Felipe Arauz Cavallini, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, manifestó que las políticas de seguridad alimentaria implementadas hasta ahora, priorizan el cultivar lo más rentable e importar el resto de productos necesarios, lo que nos hace vulnerables a los vaivenes de los precios del mercado internacional de alimentos.
Así lo afirmó en un conversatorio para analizar la actual Política Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011 a 2021, organizado por la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales
La alimentación es un derecho humano sustentado, explicó Arauz Cavallini, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros convenios mundiales.
“La seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria carece de solidez y eso queda patente cuando existe alguna crisis alimentaria. Año con año queda patente que el precio de los alimentos va en aumento y esto sucede mientras las políticas del Gobierno van en otra dirección, pues no estimulan la producción local y más bien se importan los alimentos”, declaró el agrónomo Arauz.
Para Arauz Cavallini el plan de alimentos establecido en la anterior administración representaba una oportunidad para los productores nacionales, ya que estimulaba la producción de granos básicos pero ya en la práctica se aprobó una compra millonaria de frijoles nicaragüenses y chinos, dejando sólo en el papel lo que se predicó.
Ante la apertura comercial se debe fortalecer las redes de las organizaciones y la innovación, mejorar la comercialización y la tecnología, y en esto las universidades tienen un papel esencial”, manifestó Arauz Cavallini.
Además recomendó el fortalecimiento de instituciones estratégicas como el Consejo Nacional de Producción, la extensión agrícola y ofrecer los mismos incentivos a la producción de alimentos que los dados a los cultivos de exportación.
Perspectiva nutricional
Según explicó la Mag. Emilce Ulate Castro, directora de la Escuela de Nutrición y quién fungió como moderadora del encuentro, dicha iniciativa del Gobierno tiene como objetivo principal ser un medio para garantizar el derecho alimentario de las poblaciones e individuos con énfasis en los grupos más vulnerables, busca la vigilancia alimentaria y nutricional y se basa en el derecho a la alimentación, la diversidad, la igualdad de género y la cohesión social.
La especialista explicó que se habla de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos para tener una adecuada alimentación.
Además entran a jugar otras aristas como la disponibilidad alimentaria, que significa que existe la cantidad y la variedad de alimentos suficientes para que la calidad de la nutrición sea adecuada en el país, además el acceso de los alimentos sea justo, o lo que es igual, que los precios de la canasta básica sean solidarios y estén al alcance del consumidor.
La disponibilidad, que se consigue mediante la producción local, importación, comercialización y almacenamiento, pero que al mismo tiempo son afectadas por las condiciones del clima o las políticas de globalización.
“Las posibilidades de acceso de la población a la comida de cada día se logra mediante una educación garantizada, empleo justo y un precio adecuado”, manifestó Ulate Castro, “pues la SAN implica que desde el punto de vista económico las familias tengas acceso mediante ayuda, subsidios y con una política alimentaria solidaria”.
Cambio climático y políticas de estado
Otro de los participantes en el conversatorio el Dr. Rafael González Ballar, abogado y miembro del Consejo Universitario de la UCR criticó la falta de proyección a largo plazo del plan diseñado por el Gobierno, pues no presenta ningún concepto de integralidad y no toma en cuenta el impacto del cambio climático.
“No se puede hablar de plan de seguridad alimentaria sin tomar en cuenta variables como el clima, que es fundamental para la actividad agrícola”, acotó.
El Dr. Juan Huaylupo Alcázar, profesor de la Escuela de Administración Pública, comentó finalmente que el tema de seguridad alimentaría es primero que todo un derecho y por ende se trata de una conquista social, pero fue más allá al señalar que garantizar la seguridad alimentaria es preservar la cultura de los pueblos.
“El Estado tiene como deber cumplir con los derechos que demanda la sociedad y últimamente se elaboran políticas que no benefician a la mayoría, tampoco se puede hablar de planificación cuando cada cuatro años se cambia de estrategia. El Estado ha perdido capacidad de realizar política pública.”, expresó Huaylupo Alcázar.
Como conclusión del conversatorio se abogó por mejores políticas de protección a la producción nacional de alimentos y que se implementen de manera efectiva para mejorar la condición nutricional de las familias costarricenses y salvaguardar la soberanía alimentaria del país.
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