Universidad de Costa Rica
Si en algo contribuyó el juicio entablado contra el proyecto de Crucitas, es que gracias al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo se establecieron límites a la contaminación ambiental con desechos provenientes de la minería.
Las implicaciones de este proceso judicial para la biodiversidad del país, así como las lecciones aprendidas, fueron objeto de análisis en un foro organizado por la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), con la participación de especialistas que fungieron como peritos en el juicio y de los abogados demandantes.
El biólogo Dr. Jorge Lobo Segura, docente de dicha unidad académica, enfatizó en que la decisión de los jueces de ordenar la anulación de la concesión minera a la empresa canadiense Industrias Infinito y la condena a esta a pagar por los daños ambientales ocasionados, detuvo un “enjambre” de proyectos mineros que hacen fila en espera de obtener los permisos correspondientes para operar.
“Crucitas forma parte de un megaproyecto que se pretendía explotar en la zona norte del país”, afirmó Lobo, quien añadió que la estrategia de la compañía minera fue solicitar los permisos de funcionamiento del proyecto por etapas.
Si la sentencia es ratificada por el Tribunal de Casación, “vamos a tener un proceso en el que se evaluará el daño ambiental que la empresa y el Estado produjeron en la zona de Crucitas, vamos a ver cuánto cuesta esto y cómo será evaluado por el Poder Judicial”, dijo el conferencista.
El inicio del proyecto Crucitas se remonta a comienzos de los años 90, pero no fue sino en el 2001 cuando la Dirección de Energía y Minas del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) le otorgó a la empresa canadiense Industrias Infinito la concesión minera. Luego de varios escollos superados por la compañía minera, finalmente la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) le otorgó en el 2005 la viabilidad para iniciar el proyecto.
En abril del 2010 la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas) presentó un recurso contra Crucitas ante el Tribunal Contencioso Administrativo. En la sentencia –dictada en diciembre de ese mismo año-, “se constató la ilegalidad de todos los permisos obtenidos como consecuencia de maniobras de la empresa, y muy importante, de una posible confabulación entre funcionarios del Estado”, comentó Lobo.
Lo que se logró evitar
¿Qué hubiera pasado si el juicio lo hubiera ganado la empresa minera?, se preguntó Lobo. Las consecuencias serían nefastas para el ambiente –dijo–, debido a que una gran parte de los recursos mineros del país están bajo cobertura boscosa y en zonas de gran riqueza hídrica.
“El hecho de que el juicio lo haya perdido una empresa minera establece una barrera a que se expanda por el país el peligro de la contaminación química con desechos mineros, particularmente el cianuro”, aseveró el académico.
Además, con Crucitas se hubiera dado mayor libertad para afectar acuíferos subterráneos, ya que se iban a realizar excavaciones a 60 metros de profundidad para no solamente extraer el oro, sino también para aprovechar el agua y usarla en los mismos procesos de la minería.
Según el biólogo, otro aspecto que se definió en el juicio es si el Gobierno tiene la potestad para declarar mediante decreto ejecutivo a un proyecto privado de conveniencia nacional, tal como lo hizo con Crucitas el ex presidente Óscar Arias Sánchez.
Aunque en la legislación nacional hay portillos, la Ley Forestal restringe el impacto ambiental a grandes proyectos del Estado, como por ejemplo, las obras hidroeléctricas, aclaró Lobo.
En este caso, el Tribunal estableció límites al declarar que tiene que haber participación pública y ciudadana en este tipo de proyectos y un balance entre el costo ambiental y el beneficio privado.
Desde el punto de vista biológico, el profesor universitario criticó el hecho de que en los documentos del proyecto Crucitas había un divorcio entre la descripción de los recursos biológicos de la zona y el análisis de los impactos ambientales.
Dijo que se ignoraron aspectos básicos de ecología, demografía y reproducción de las especies y que no hubo recopilación de información científica sobre los efectos de la minería de oro a cielo abierto, entre otros aspectos.
Setena en la mira
El abogado Edgardo Araya Sibaja, quien participó en el foro junto a su colega Bernal Gamboa Mora y al Lic. Gino Biamonte Castro, de Apreflofas, afirmó que la Setena merece la atención de toda la ciudadanía costarricense, porque “está creada para no rechazar ningún proyecto” que atente contra el ambiente. En este sentido, opinó, urgen cambios en el reglamento de esta institución.
Como él, Gamboa consideró que el único rayo de esperanza para atajar las irregularidades de algunas instituciones del Estado en contra del ambiente es el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual a diferencia de la Sala Constitucional está integrado por jueces y juezas que mantienen una posición “bastante independiente” ante las presiones políticas y económicas.
Los juristas cuestionaron la ética de algunos profesionales que participaron en el proyecto, tanto los contratados por Industrias Infinito para la realización de los estudios de impacto ambiental, como los que desde la administración pública otorgaron o avalaron los permisos.
En su criterio, se deben establecer sanciones contra ellos y se requiere la toma de medidas por parte de entes como el Colegio de Biólogos de Costa Rica.
Finalmente, todos los participantes en el foro coincidieron en la necesidad de que en este tipo de proyectos existan evaluadores independientes de los impactos ambientales contratados por el Estado, porque bajo ninguna circunstancia los estudios pueden estar determinados por una empresa que es a la vez juez y parte.
