Universidad de Costa Rica
Ventajas y desventajas que presenta el proyecto de ley de Libertad de Expresión y Prensa (expediente Nº 15974) fue el tema de discusión que se planteó en un debate donde los especialistas presentaron diversas opiniones y puntos de vista.
El objetivo de esta actividad, que organizó el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, fue promover la discusión pública sobre las implicaciones de este proyecto de ley, que se encuentra en la corriente legislativa.
“Debe existir equilibrio de derechos”
La Licda Giselle Boza Solano, representante del Proledi, centró su argumentación en el ejercicio al derecho a la información de los ciudadanos, que según manifestó, en la discusión del proyecto de ley de Libertad de Expresión y Prensa se ha invisibilizado y se han dejado por fuera una serie de contenidos esenciales. Así mismo, enfatizó en que la iniciativa de ley no está lista para su aprobación, y debe someterse a una amplia discusión.
En el análisis que Boza, periodista y abogada, hizo de la propuesta, encontró una serie de situaciones que le parecieron preocupantes. Entre ellas, que el proyecto de ley es únicamente un conjunto de reformas al código penal en relación con los delitos contra el honor, con excepción de la cláusula de conciencia, y que no legisla a favor del derecho ciudadano a la información.
La doctrina de la real malicia, que también se incluye dentro de la propuesta, a pesar de ser un estándar que se ha adoptado en otras partes del orbe, no ha estado exenta de críticas, explicó la abogada.
“La doctrina se puede resumir en el efecto de exculpación del periodista cuando publica informaciones lesivas al honor de funcionarios o personajes públicos o en temas de interés público, cuando no se demuestre que este conocía la falsedad de la manipulación o que actuó con temerario desprecio de la verdad. Este es el estribillo que se le agrega en este proyecto de ley a cada uno de los tipos penales de los delitos contra el honor”, argumentó Boza.
De igual manera, agregó que con la implementación de esta doctrina parece que se está favoreciendo a la libertad de prensa y a los periodistas en detrimento del derecho a la información veraz que tienen los ciudadanos, cuando tiene que existir equilibrio de derechos.
Además explicó que las mismas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se mencionaron en el debate, establecen el planteamiento de otros aspectos como criterios de proporcionalidad, equilibrar el debate, el pluralismo informativo y la expresión equitativa de las ideas. Por lo que para ella resultaría de gran relevancia incluir la doctrina del “fairness”, que propugna por la prohibición de la monopolización de la información y el derecho al libre mercado de las ideas.
“No es un proyecto completo, pero es lo posible”
Por su parte, el Lic. Raúl Silesky Jiménez, presidente del Colegio de Periodistas, hizo referencia al largo proceso que ha tenido el proyecto, que se dictaminó en el 2004 y que aún no se ha votado por parte de los diputados. Y enfatizó en la necesidad para el país de que los legisladores discutan y aprueben la propuesta.
De igual manera, mencionó algunos aspectos importantes que contiene la iniciativa, como la cláusula de conciencia, el secreto profesional, la despenalización de los delitos contra el honor cuando se trate de asuntos de interés público y la real malicia.
También, respaldó su intervención apoyándose en diversos fallos legales que se han producido tanto en el país, como fuera del mismo. Por ejemplo, el voto de la Sala Constitucional que consolidó el secreto de las fuentes de información para los periodistas en el 2008 y la sentencia de la CIDH del caso Kimel vs. Argentina, aspectos relevantes para el ejercicio de libertad de prensa.
Para cerrar, Silesky reconoció que el texto del proyecto debe actualizarse y mejorarse para que el país actúe en consecuencia con sus compromisos internacionales y que faltan cosas por hacer para perfeccionar el sistema democrático participativo
“Este proyecto debe morir en el archivo legislativo”
El Lic. Armando Vargas Araya, representante del Observatorio de la Libertad de Expresión (OLE) presentó una postura contraria a la aprobación del proyecto de ley.
Entre sus principales argumentos mencionó que “la prensa ha informado en exceso sobre aspectos principales, medianos o secundarios de los casos que hoy conmueven a la opinión pública y ha hecho bien la prensa su trabajo sin necesidad de este proyecto de ley liberticida”.
Hizo referencia a una carta que enviaron ocho expresidentes del Colegio de Periodistas, en la cuál manifiestan sus objeciones puntuales al proyecto.
“Para que la prensa cumpla su función de denuncia y de contrapeso en la sociedad costarricense, no requiere de esta ley excesiva que va más allá de lo impuesto” recalcó Vargas.
Según el representante del Observatorio de la Libertad de Expresión, este proyecto no favorece a la democracia ni a la libertad de expresión, si no a tres o cuatro empresas, es inconveniente y merece perecer en el archivo de la Asamblea Legislativa.
“Hay que despenalizar los delitos contra el honor”
El Lic. Alejandro Delgado Faith, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), manifestó que hay una clase política que no está interesada en que se apruebe el proyecto de ley y que es por esto que se ha tardado tanto en darle trámite a la propuesta.
Su tesis principal se basó en que la sanción penal debe ser la última acción que puede tener un sistema frente a la violación de un derecho. Además que el tratamiento de los delitos contra el honor tal y como está hoy en el sistema jurídico es inconstitucional.
Para Delgado, lo que se encuentra en discusión, es definir el papel del ciudadano frente al estado costarricense, un ciudadano deliberante, dispuesto a discutir, que participa en la toma de decisiones y control de la gestión pública. Esto constituye uno de los criterios para evaluar la validez y legitimidad de los sistemas democráticos.
“Con la incorporación en el proyecto de la doctrina de la real malicia, la reproducción fiel y los demás aspectos allí incluidos lo que se busca es la libre discusión de las ideas, evitar censura y la amenaza de la sanción penal para quien ha actuado diligente y responsablemente en el ejercicio de la libertad de expresión. Se trata de ajustar nuestra legislación a los estándares del sistema Interamericano”, concluyó Delgado.
La actividad se llevó a cabo en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.