15 abr 2011Sociedad

Durante el siglo XX fueron fundamentales para perpetuar graves violaciones a los derechos humanos y en la actualidad han sido refuncionalizados para enfrentar la lucha contra el narcotráfico, pero además, los ejércitos centroamericanos actúan dentro de la política y gozan del beneplácito de los ciudadanos.

Así describieron el papel de los ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua dos analistas durante la mesa redonda “Centroamérica: desafíos a la institucionalidad democrática y relaciones cívicas militares”, organizada por la Cátedra Eugenio Fonseca Tortós de la Facultad de Ciencias Sociales el pasado 5 de abril.

En esta actividad participó el politólogo Dr. Manuel Rojas Bolaños, catedrático de la Universidad de Costa Rica, y la abogada M.Sc. Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Como moderador participó el Master Sergio Moya Mena, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas.

Centroamericanos apoyan fuerzas militares

A excepción de Costa Rica, en el resto de los países de la región el ejército goza de la aceptación de la ciudadanía, según lo explicó el Dr. Manuel Rojas con base en dos estudios de opinión pública: el Latinobarómetro del 2010 y un estudio de opinión de gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina realizado por FLACSO en 2009.

Según el estudio de FLACSO, al consultar si “Las fuerzas armadas deberían seguir existiendo”, estuvieron de acuerdo el 93,5% de salvadoreños, el 80,3% de los guatemaltecos, el 83,9% de los hondureños y el 86,6% de los nicaragüenses entrevistados.  Esta misma encuesta mostró que los ciudadanos tienen más confianza en las fuerzas militares que en los políticos o el presidente de su país.

El Dr. Rojas también señaló datos del Latinobarómero 2010 donde se consulto si “Bajo ninguna circunstancia apoyaría a un gobierno militar” en Costa Rica el 90% dice que no, en Panamá el 70%, en Nicaragua el 60%, en el caso de Honduras 47%  y en Guatemala solo el  33% dice que no apoyaría. Para Rojas esto refleja que existen grandes porcentajes de ciudadanos que si estarían dispuestos a apoyar gobiernos militares en la actualidad.

Los datos permiten interpretar que en la región centroamericana los ejércitos continúan siendo actores legítimos que gozan de cierto nivel de confianza por parte de los ciudadanos. No obstante, estos datos se contraponen ante las cifras de masacres perpetuadas por los militares en toda la región durante el siglo XX.

Justicia aún no alcanza a militares

La M.Sc. Alejandra Nuño señaló que los ejércitos fueron responsables de decenas de masacres que aún hoy no han sido juzgadas. Mencionó los casos de las matanzas de El Mozote, ocurrida en El Salvador en 1981 con un saldo de 971 víctimas desaparecidas y asesinadas por las fuerzas armadas, y la masacre de las Dos Erres ocurrida en 1982 en Guatemala, donde las fuerzas de élite asesinaron a una comunidad completa de entre 300 y 350 personas.

Además, los ejércitos han tenido un papel importante en la política, especialmente por medio de golpes de estado, los cuales sumaron en el siglo XX un total de 330 en toda Latinoamérica. Según expuso la jurista, sólo en Guatemala hubo 36 golpes de estado y en Panamá, país que desde 1991 abolió el ejército, hubo 24 golpes. Detalló que en Centroamérica y el Caribe  casi el 70% de los golpes y las dictaduras resultaron de la intervención directa de tropas de los Estados Unidos.

La M.Sc. Nuño y el Dr. Manuel Rojas coincidieron que en la actualidad las amenazas de golpes de estado son una constante en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, además se ven surgir en la región nuevos caudillos, el fraude electoral y la corrupción.

A esto se suman problemas como la violencia, pobreza y desigualdad, desempleo y falta de confianza en las instituciones, muestra de sociedades con grandes asimetrías donde el panorama general en cuanto a democracia y gobernabilidades es negativo.

La M.Sc. Alejandra Nuño reflexionó sobre la necesidad de que los pueblos centroamericanos conozcan su historia para no volver a vivir las experiencias de horror que ocurrieron en décadas pasadas, además de que los gobiernos cumplan con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.