Durante el primer trimestre del 2010 se dieron en el Hospital Nacional de Niños un total de 2 576 casos sospechosos de abuso y 843 confirmados, lo que nos da una idea de la problemática que se vive en cuanto a la violación de los derechos de los menores de edad.
Ese fue el tema analizado en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales en un foro denominado La Contribución de diversos actores locales y nacionales a la prevención de situaciones violatorias y a la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Asistieron representantes de grupos e instituciones ligados a la defensa y promoción de los derechos y la prevención de situaciones que violenten la integridad de la niñez y la juventud.
Acudió Ana Teresa León, ex-directora y funcionaria del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (UNA), Rigoberto Astorga, oficial de Programas de Unicef Costa Rica, Silvia Quesada Ramírez, funcionaria del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), y Ana Virginia Quesada Morales, trabajadora social del Hospital Nacional de Niños.
Una de las principales preocupaciones de los expositores fue la falta de posicionamiento del tema en los diferentes ámbitos de la sociedad como el político, social, cultural y educativo.
“Aunque está estipulado un código de la niñez y adolescencia, una ley orgánica del PANI y una convención, que son documentos importantes que dictan protección mínima a personas menores de edad, falta que exista una interiorización sobre el tema de los derechos”, indicó Silvia Quesada del PANI.
Los especialistas reunidos en esta actividad estuvieron de acuerdo en que desde las universidades estatales se realizan esfuerzos notorios en cuanto a colocar este tema en la agenda nacional.
Asimismo afirman que la reducción de las tasas de deserción y abandono de la educación secundaria debe ser un punto estratégico en la lucha por una población más educada e inclusive fuera del alcance de las garras de la pobreza.
Suman a esta prioridad propuestas como un ambiente social más protector, promoción de la convivencia pacífica, un sistema de protección integral de la infancia y una educación inclusiva, todo en coordinación con el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Rigoberto Astorga, de Unicef Costa Rica, señaló la falta de estadísticas como una de las carencias que tenemos como país, “Este problema no permite tomar decisiones y por eso planteamos cómo vamos a construir políticas o programas sobre la defensa de los derechos de los niños y jóvenes sin contar con estadísticas nacionales”.
Las y los expertos determinaron que es importante brindar capacitación a los padres para evitar el maltrato o castigo físico, así como trabajar en conjunto con las municipalidades para lograr presupuestos y programas aliados al sistema de protección hacia la niñez.© 2024 Universidad de Costa Rica - Tel. 2511-4000. Aviso Legal. Última actualización: noviembre, 2024