Luis Paulino Mora: La justicia no es barata

El Dr. Luis Paulino Mora Mora, señaló que “el costo no visible es al que deberíamos ponerle más atención” (foto Anel Kenjekeeva).

Los ciudadanos se quejan porque la justicia no es pronta, ni es cumplida, pero además no resulta nada barata para el Estado. A pesar de los avances que ha logrado el Poder Judicial para modernizarse y agilizar la resolución de los casos, aún existen falencias que contribuyen a aumentar los costos de la administración de justicia en Costa Rica.

Así se desprende de las opiniones expertas que se manifestaron en la Sexta Mesa redonda del II Foro Institucional 2011: Poder Judicial, Democracia y Estado, centrada en el tema de “Los costos de la administración de Justicia”, que se realizó el 6 de diciembre en el Auditorio CTT del Lanamme, de la Universidad de Costa Rica.

En su intervención, el Dr. Luis Paulino Mora Mora, presidente de la Corte Suprema reiteró que la justicia en Costa Rica no es barata, ya que representa el 7% del presupuesto nacional y además implica una serie de costos invisibles como la salud, la afectación laboral y familiar de los ciudadanos que litigan, los cuales significan un costo social muy alto.

El Dr. José Manuel Arroyo Gutiérrez comentó que el país cuenta con muchos jueces por número de habitantes, sin embargo esto no se refleja en mejor productividad (foto Anel Kenjekeeva).

Para el Dr. Mora uno de los costos más altos lo genera la larga duración de los procesos judiciales que ocurre debido a la burocracia y tramitología que imperan en el proceso, desde que se hace una denuncia hasta que se logra la sentencia. En estos procesos (que pueden durar desde 130 días hasta 20 años) intervienen gran cantidad de actores e instancias judiciales que lo que hacen es atrasar el trámite.

Con él coincidió el Dr. José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera quien señaló que la justicia implica costos económicos, sociales y políticos para el país y que los costos sociales de la ineficiencia en los procesos judiciales son altos para los usuarios, quienes se quejan principalmente de la tardanza, el maltrato en el servicio y de las investigaciones y resoluciones.

Costos se incrementan

“Los costos de la administración de Justicia” fue el tema que discutieron los expertos durante la sexta Mesa redonda del II Foro Institucional 2011: Poder Judicial, Democracia y (foto Anel Kenjekeeva).

El Dr. José Manuel Arroyo Gutiérrez subrayó datos del Informe Estado de la Nación sobre el crecimiento que ha tenido el Poder Judicial en los últimos seis años en términos presupuestarios, destacando que el presupuesto judicial ha tenido un crecimiento real del 73% en el periodo 2004-2010.

Detalló que entre el 2005-2009 se destinó aproximadamente un 40% del presupuesto al ámbito jurisdiccional, otro 40% para los órganos auxiliares como el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Escuela Judicial y un 17% para el sector administrativo.

En lo que respecta al personal, mostró que ha habido un crecimiento significativo del 40% en la planilla del Poder Judicial, se han creado 2.924 plazas nuevas, 1.820 para auxiliares de justicia y 1.110 plazas para jueces que significan un aumento del 33%. A pesar de estos avances, existe un rezago de 48 casos por cada 1.000 que entran y la litigiosidad por cada 1.000 habitantes sigue creciendo. 

Dr. José Luis Vega Carballo opina que el problema de la administración de justicia está asociado con altos niveles de centralismo (foto Anel Kenjekeeva).

A su juicio, el  incremento en los costos en la administración de justicia responde a cambios en la legislación nacional, pues en los últimos seis años han entrado en vigencia seis  leyes importantes, de las cuales cuatro son de carácter penal. Estas leyes relacionadas con seguridad ciudadana y el Código Procesal Contencioso Administrativo impactaron fuertemente en el aumento de jueces, fiscales y defensores, apuntó el Dr. Arroyo.

Buscan soluciones

Para el Dr. Luis Paulino Mora la lentitud en los procesos judiciales tiene varias soluciones; entre ellas separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales para que los jueces se dediquen únicamente a las segundas, favorecer los procedimientos orales, utilizar inteligentemente las nuevas tecnologías y simplificar los trámites.

El Lic. Gilbert Corella Quesada, dijo que el estudio del Derecho ha dejado de ser una vocación de servicio a la sociedad para convertirse en la forma de conseguir una posición social (foto Anel Kenjekeeva).

Otra opción que mencionó para mejorar la eficiencia de la administración de justicia sería aplicar un procedimiento de especialización, en el cual existan jueces conciliadores que busquen en primera instancia la resolución alternativa de los conflictos; jueces de sentencia encargados de calificar y recibir la prueba y emitir sentencia; y jueces de ejecución que sean responsables de ejecutar el fallo.

El jerarca del Poder Judicial señaló algunos avances importantes que han realizado en los últimos años para acelerar los procesos, ofrecer una mejor atención y así también reducir los costos. Por ejemplo; la implementación de un Sistema de Gestión en Línea donde es posible litigar, el sistema de depósitos judiciales a través del Banco de Costa Rica, apertura de  más despachos en cada provincia, la creación de los Tribunales de Flagrancia y la creación de los Juzgados Especializados en el primer y segundo circuito judicial de San José, entre otros.

Otros males que aquejan la justicia

Además del incremento en los costos de administración de justicia, la lentitud en los procesos judiciales y los cambios en la legislación nacional que incrementan el trabajo de los tribunales de justicia, existen otros males que aquejan el sistema; el centralismo del poder y la sobrepoblación de profesionales en Derecho, según lo resaltaron el sociólogo Dr. José Luis Vega Carballo y el Lic. Gilbert Corella Quesada.

El Dr. Vega Carballo señaló que el centralismo del poder en la cúpula del Poder Judicial es el principal problema que aqueja a esa institución, y este es un mal que corroe a muchas otras instituciones públicas en Latinoamérica. Explicó que este centralismo es una súper concentración del poder político y administrativo que genera procesos entrópicos de corrupción. Contra esta enfermedad el científico social recomienda “partir el monstruo en pedazos” con políticas de descentralización y desconcentración.

Por sus parte, el Lic. Corella Quesada, ex juez y ex presidente del Colegio de Abogados, aprovechó la ocasión para referirse al problema de la sobrepoblación de abogados que existe en el país, pues ya son más de 22 mil profesionales en Costa Rica. A su juicio, los problemas que tiene el sistema de administración de justicia actualmente tienen que ver con la mala formación de los profesionales y la falta de interés político por regular esta situación.