La ciudadanía costarricense pagó más de ₡18 000 millones por 373 626 sobornos en 36 trámites realizados en instituciones públicas, de acuerdo con la IV Encuesta sobre Corrupción en la Función Pública realizada por la Universidad de Costa Rica (UCR).
El estudio, efectuado entre el 3 y el 18 de setiembre del 2011 por el Centro de Investigaciones en Matemáticas Puras y Aplicadas (CIMPA) de la UCR, destaca entre sus conclusiones que la corrupción continúa siendo percibida por la población como uno de los problemas más importantes del país, aunque todavía no es considerada como un problema central en su vida.
También resalta el hecho de que las personas más jóvenes y de mayor nivel educativo tienen mayor aceptación del soborno como práctica en comparación con las de menor nivel educativo.
Del total de los costarricenses mayores de 18 años, realizaron sobornos en el último año 253.990 personas, lo que representa el 10,8%.
El estudio utilizó como base el cuestionario de Transparencia Internacional de Latinoamérica y el Caribe (TILAC), que incluye preguntas sobre la tolerancia a la corrupción y sobre los trámites más comunes que los costarricenses efectúan en las instituciones públicas, así como el grado de soborno y el pago realizado a funcionarios y otras personas que intervienen en estos.
La encuesta comprendió una muestra representativa de la población nacional (1000 personas) distribuidas en todo el territorio y se realizó en los hogares.
Según los niveles de aceptación de actos de corrupción, un 69% de los encuestados mostró más tolerancia a fotocopiar libros, un 32,7% a comprar casetes, CD y VHS copiados de forma ilegal y un 28% a evitar pagar el pasaje del autobús siempre que se pueda.
Asimismo, el 15,9% mostró tolerancia a modificar los medidores de electricidad y agua para pagar menos o a piratear la señal de la televisión por cable, un 15,7% a no pedir factura para evitar el pago del impuesto de ventas, un 14,7% a copiar en los exámenes y un 13,9% a quedarse con el vuelto si le dan más dinero por error.
“Copiar en los exámenes es por lo general el primer acto de corrupción de muchas personas y lo que las va a acompañar de por vida”, expresó el Dr. Jorge Poltronieri Vargas, investigador principal del estudio y especialista en encuestas de opinión.
También existe tolerancia en un 13,4% de la población entrevistada a otorgar un regalo o dinero para agilizar un trámite y en un 12% a saltarse un semáforo si hay prohibición y no hay vehículos en la vía.
Otras situaciones en las que existe aceptación del soborno es a que un funcionario o funcionaria pública favorezca a parientes o amigos, quedarse con una billetera perdida, evadir impuestos si se sabe que no lo descubren, no declarar en la aduana para no pagar impuestos y llenar documentos con datos falsos.
“Entre cinco y 11 ciudadanos de cada 100 consideran que estos actos, entre los que están los casos más frecuentes de corrupción en la administración pública, son naturales y tolerables. Esto nos confirma que la corrupción se está incrustando en la mentalidad de la ciudadanía y que una parte importante lo ve como algo normal, tolerable y aceptable”, opinó Poltronieri.
Por su parte, el estudio también consideró los niveles de rechazo de la población a actos de corrupción. Al respecto, se preguntó acerca de 17 situaciones de corrupción y hubo un 90% de desacuerdo con: llenar documentos con datos falsos, evadir impuestos si sabe que no lo descubren, no declarar en la aduana para no pagar impuestos, quedarse con una billetera perdida que tiene todos los datos para encontrar a su dueño, aceptar dinero o regalos a cambio de favores, pagar a una autoridad para que perdone una multa y conducir un vehículo a alta velocidad si no hay un policía de tránsito.
Asimismo, la encuesta reveló niveles de rechazo del 80% al 85% en las siguientes situaciones: quedarse con el vuelto si le dan más dinero, dar un regalo o dinero para agilizar un trámite, que un funcionario público favorezca a parientes y amigos y que se modifiquen medidores de agua o de electricidad.
Trámites con más sobornos
El estudio de la UCR también indagó acerca de los trámites que presentan mayor incidencia en el pago de los sobornos. En primer lugar, figura el arreglo al que se llega con un funcionario o funcionaria pública en relación con las multas de tránsito (51,5%), en segundo realizar un biombo (recibir un privilegio en un servicio público de seguridad social a cambio de un pago) tratamiento médico o una operación (50%) y en tercero, recuperar un automóvil robado o del depósito de la policía de tránsito (12,5%).
Otros trámites en los que la ciudadanía paga sobornos son: obtener la licencia de conducir (9,2%), introducir al país mercaderías en alguna aduana o puesto de control (8,3%), solicitar al camión recolector de la basura que se lleve desechos no tradicionales (5,2%), trabajar o vender en la vía pública (4,8%), obtener una incapacidad o constancia médica (3,7%) y lograr una conexión ilegal al servicio de televisión por cable (3,4%).
En cuanto a los montos sufragados por sobornos, señaló el Dr. Poltronieri, resalta el pago de ₡4703 millones para recuperar el automóvil robado o del depósito de la policía de tránsito en 7055 sobornos, lo que da un costo promedio de ₡667 000 por cada uno, seguido de modificar datos en el Registro Nacional de la Propiedad con ₡2869 millones en 4704 sobornos, con un costo promedio por cada uno de ₡610 000.
Asimismo, en 84 663 sobornos para obtener la licencia de conducir se pagó un monto de casi ₡2011 millones, lo que significa un costo promedio de ₡23 700, y en 21 166 sobornos para realizar un biombo el costo fue de ₡1822 millones, lo que da un costo promedio de ₡86 000.
La encuesta también mostró que se realizaron 39 980 sobornos con multas de tránsito y 18 814 con trámites de pasaportes.
En relación con el costo del soborno de otros trámites realizados, el estudio detalló que para recibir un crédito en una institución pública el costo promedio es de ₡125 000 y de un permiso de construcción de ₡80 000.
Casi un 50% de la población encuestada dijo que no sabe en dónde denunciar actos de corrupción y solo el 8% consideró que son muy efectivos los resultados de las denuncias que se realizan.
Finalmente, ante la pregunta si en los últimos 12 meses ha ofrecido o pedido un pago extra, dádiva o ventaja, el 4,7% de los encuestados respondió afirmativamente.
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