Trabajo social es clave en los sistemas de justicia

La MSc. Katia Góngora, destacó que a través del Trabajo Social, se puede brindar apoyo a jóvenes que han cometido delitos para que desarrollen habilidades y destrezas que les permita reinsertarse a la sociedad Cristian Araya Badilla

El trabajo social es una profesión clave dentro del sistema de justicia, pues orienta sus acciones a garantizar la protección de los derechos humanos de víctimas, imputados y testigos de los procesos judiciales, especialmente de jóvenes menores de edad y mujeres. Esta fue la principal conclusión del panel Derechos de las víctimas y de las personas imputadas en la administración de justicia: perspectivas desde el trabajo social, el cual se realizó como parte del I Foro Universitario sobre Seguridad y Convivencia Democrática.

“Como trabajadores sociales y como profesionales en ciencias sociales, tenemos la responsabilidad de ver más allá de los hechos, revisar las causas que llevaron a una persona a cometer un delito”, afirmó la MSc. Katia Góngora, Directora del Programa de Sanciones Alternativas, adscrito a la Dirección Nacional de Atención Penal Juvenil del Ministerio de Justicia.

La profesional explicó que actualmente la población del sistema penal juvenil en Costa Rica está conformada por 602 personas; 151 jóvenes adultos privados de libertad, 74 menores de edad privados de libertad y 369 jóvenes en el programa de sanciones alternativas.  Las y los adolescentes se consideran un grupo vulnerable, pues no han alcanzado un nivel de madurez que les permita afrontar un proceso judicial.

La MSc. Rosario González, explicó la variedad de servicios que brinda el Departamento de Psicología y Trabajo Social del Poder Judicial a víctimas e imputados Cristian Araya Badilla

Como parte de la labor que desarrolla el programa que dirige,  un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en Trabajo Social, Psicología, Orientación y Derecho, se encarga de atender a la población juvenil por medio de  intervenciones que permiten comprender las condiciones personales y sociales que llevan a un joven a cometer un delito.  Además, se trabaja el desarrollo de destrezas y habilidades personales que permitan la rehabilitación social. 

Los trabajadores sociales también deben asegurar que se cumplan los derechos de las personas imputadas como parte de una atención integral y un proceso judicial justo. “Los derechos de las personas, independientemente de quiénes sean éstas, no pueden depender de una determinación de inocencia o culpabilidad, ya que en el tema de los derechos el cometer un delito no es un criterio para perder los derechos.  Los derechos van a cambiar, pero no se pueden perder”, enfatizó la MSc. Góngora.

Por su parte, la Directora del Departamento de Psicología y Trabajo Social del Poder Judicial, MSc. Rosario González destacó que el campo de acción del Trabajo Social en los sistemas judiciales es muy amplio.  La intervención de trabajadores sociales en los procesos penales está amparada en la Ley de Justicia Penal Juvenil, el  Código de la Niñez y la Adolescencia y  la Ley contra la Violencia Doméstica, las cuales incluyen la atención a víctimas.

La MSc. Rosey López es trabajadora social especialista en el área de violencia y género e hizo énfasis en la necesidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres Cristian Araya Badilla

Explicó que actualmente el departamento a su cargo brinda servicios de evaluaciones periciales (análisis social y psicosocial de las condiciones que intervienen en los delitos) y la atención a víctimas e imputados en materia de violencia doméstica y sexual, familia y jóvenes.  El trabajador social realiza intervenciones individuales y grupales, así como un acompañamiento que asegure las condiciones más idóneas a las personas que siguen un proceso judicial.

Las mujeres también representan un sector de la población que se considera vulnerable en los procesos judiciales, y según la especialista en el área de violencia y género del Instituto Nacional de Mujeres (INAMU), MSc. Rosey López, a lo largo del 2011, 72 mujeres han muerto de forma violenta.  De estos delitos, 65 se consideran femicidios y 7 son homicidios.

De acuerdo con la profesional, se deben asegurar políticas y una educación orientada a erradicar la violencia contra las mujeres y el respeto a los derechos; y se  requieren recursos que garanticen que los delitos contra las mujeres no queden impunes y se proteja a las mujeres en riesgo de violencia.

Para finalizar su participación, la MSc. López, planteó que desde el Trabajo Social se puede posicionar el tema de respeto a los derechos de las mujeres, sin necesidad de ostentar una posición de poder. “Debemos tener el compromiso de asumir los desafíos y recomendaciones desde la posición en la que nos colocamos en nuestros trabajos, ya sea como tomadores de decisiones, como jefaturas o como implementadores de los servicios de atención”.

La MSc. Ana Victoria Molina, profesora de la Escuela de Trabajo Social, fue encargada de moderar el panel sobre el quehacer profesional del trabajo social en el sistema judicial Cristian Araya Badilla