Universidad de Costa Rica
La concentración de los medios de comunicación nacionales en pocas manos, la limitación en el acceso a las plataformas de comunicación y la democratización del uso del espectro radioeléctrico, fueron los desafíos que Luis Guillermo Solís calificó como urgentes de atender para que haya un pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país.
Así lo manifestó el politólogo en el foro que organizó el Observatorio de la Libertad de Expresión (OLE) “Desafíos de la libertad de expresión en Costa Rica” el 27 de octubre en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
El foro contó con la participación y las reflexiones de cuatro reconocidos profesionales en política, derecho y periodismo: Alicia Fournier Vargas, periodista y diputada del PLN, Víctor Emilio Granados Calvo, abogado y diputado del PASE, Federico Malavassi Calvo, abogado y exdiputado del Partido Movimiento libertario, y Luis Guillermo Solís Rivera, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR y miembro del Observatorio de la Libertad de Expresión.
“Una sociedad que no está debidamente informada no es realmente libre” dijo la moderadora del foro Giselle Boza Solano, abogada, periodista y docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR, al referirse a la importancia social que tiene el derecho fundamental de la libertad de expresión.
Por su parte Alicia Fournier y Víctor Emilio Granados sostuvieron durante el foro que el principal desafío al que se enfrenta actualmente la libertad de expresión es la falta de una normativa regulatoria de este derecho que vele por su debido ejercicio.
Urge una ley que regule la libertad de expresión
En Costa Rica hasta la fecha no hay una ley que regule este derecho. Lo más cercano que ha estado el país de reglamentar la libertad de expresión es con el proyecto de ley “Ley de Libertad de Expresión y de prensa”, que se encuentra archivado en la Asamblea Legislativa.
Dicho proyecto de ley lo que pretendía era actualizar la Ley de Imprenta de 1902 y modificar los artículos del Código Penal que tratan la injuria, la difamación y la calumnia.
Malavassi, Fournier y Granados coincidieron en que es necesario impulsar desde la Asamblea Legislativa dicho proyecto para garantizar un uso responsable de la información por los profesionales que ejercen la comunicación social y por la sociedad en general.