Universidad de Costa Rica
Un llamado para que el Estado promocione más los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo el Código de la Niñez y la Adolescencia, tanto si son nacionales como si son migrantes, hicieron los participantes del panel Investigaciones sobre entornos y servicios de salud en zonas rurales, que organizó el programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena) de la Universidad de Costa Rica.
Entre ellos la M.Sc. Tatiana Martínez Jaikel, de la Escuela de Nutrición, el Lic. Jorge Segura Arias, del Consejo Nacional de la Persona Joven, la Dra. Lilliam Marín Arias, del Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) y la Dra..Xinia Fernández Rojas, de la Escuela de Nutrición, quienes dieron a conocer investigaciones que comparan las posibilidades de acceso a los servicios entre quienes residen en zonas urbanas y rurales.
La Dra. Fernández destacó que el concepto de lo rural se ha ido modificando en el país, de acuerdo con la concentración de población y ahora se habla de lo rural concentrado y de lo rural disperso. Explicó que lo rural concentrado es una región que no es totalmente agrícola, conformada por viviendas continuas o con distancias cortas entre ellas y lo rural disperso los terrenos dedicados a la agricultura y con viviendas con una distancia mayor entre sí. Por otra parte, se habla de periferia urbana, como un área de transición entre lo rural y lo urbano; y lo urbano como centro administrativo, con cantones y distritos con cuadrantes, calles y servicios urbanos.
Todo esto es importante porque en los últimos 35 años hemos pasado de tener un 59% de población que reside en área rural a un 41% en el año 2000 y porque la población rural es mayoritariamente afectada por la pobreza.
Luchar contra la exclusión
El Lic. Jorge Segura Arias estudió las condiciones del entorno de adolescentes del cantón Upala, en beneficio o perjuicio de su salud y encontró que de 3055 personas consultadas, de 15 a 17 años, un 36% solo tienen estudios primarios, un 20% no asiste al colegio, un 7,5% es población migrante, un 30% no tiene seguro social, un 22% trabajan en ocupaciones no calificadas, como peones o ayudantes en agricultura.
La mayoría (un 88%) vive con su familia, y la mayoría de las mujeres (un 80%) se dedican a los trabajaos domésticos y a cuidar a los hijos. Además a un 3% les toca cuidar a otras personas.
Entre las razones que brindan para no estudiar es que no puede pagar los estudios, que están trabajando y que tienen responsabilidades en la casa. El investigador aclaró que quienes estudian aprovechan las becas del IMAS y las ayudas del programa Avancemos.
Las personas consultadas consideran que la pobreza y la falta de empleo son una limitante para ellos, creen que faltan opciones educativas, hablan de discriminación por ser migrantes, jóvenes o mujeres.
Segura considera que es necesario divulgar más las opciones de ayuda que tienen los jóvenes en Upala, aunque concluye que las condiciones económicas del cantón no son viables para desarrollar un entorno protector, pues las ofertas institucionales no son suficientes.
Por su parte la M.Sc. Tatiana Martínez Jaikel en su investigación sobre la cobertura de atención integral que se les brinda a los niños entre uno y seis años en el primer nivel de atención en las comunidades de La Casona de Coto Brus, San Antonio de Nicoya y Damas de Desamparados encontró que la cobertura es parcial, porque casi la mitad de la población (40%) no asiste a los servicios y la CCSS no hace nada por captar a esa población menor de edad.
Aunque cada comunidad tiene sus particularidades, La Casona de Coto Brus es la que por distancia y dificultad de acceso resulta menos visitada por los Ataps (31%) y con menos acceso a los servicios.
Entre las conclusiones del trabajo destaca que las madres no llevan a sus hijos a los servicios de salud, porque consideran que deben hacerlo solo cuando están enfermos y que los menores de un año son los más vulnerables. Otras razones para no hacerlo son: la falta de dinero para el transporte y de redes de cuido para los otros hijos o hijas, la inseguridad ciudadana, la saturación de los servicios y la disposición de la CCSS de entregar los medicamentos hasta el día siguiente, lo cual perjudica a quienes viven más lejos.
Martínez considera que los servicios de salud deben mantener el compromiso de gestión con estas personas, darles citas previamente y los medicamentos después de la consulta.
