Mientras la escogencia final de los magistrados suplentes se mantenga dentro de la Asamblea Legislativa, tal elección tendrá siempre el ingrediente político por consecuencia. Esta afirmación fue una de las conclusiones a las que llegaron el sociólogo Dr. Manuel Solís Avendaño y los abogados Dr. Constantino Urcuyo Fournier y Dr. Omar Vargas Rojas.
Este tema fue abordado en la mesa redonda denominada Nombramiento de magistrados suplentes e independencia política, organizada en conjunto por el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Colegio de Abogados de Costa Rica el pasado 21 de septiembre.
En nuestro país los aspirantes a ser magistrados suplentes se someten a una serie de evaluaciones dirigidas por una comisión especial y posteriormente, una vez cumplidos todos los requisitos, los diputados votan para determinar los escogidos.
Los requisitos obligatorios son ser costarricense, mayor de 35 años, residente en el país, tener una licenciatura en derecho y haber ejercido la profesión al menos por diez años.
Polémico mecanismo de elección
El Dr. Manuel Solís Avendaño enfatizó que los candidatos que tienen el mayor puntaje en la comisión previa que realiza las evaluaciones no son los que quedan electos normalmente, sino que la elección pasa por un filtro político en su etapa final.
“Todo el trabajo de puntuación se puede caer al momento de la calificación de la entrevista, si el puntaje de atestados es objetivo el puntaje de las entrevistas se vuelve subjetivo, y es en ese punto donde un individuo, un partido político o un grupo de personas que quiera bloquear una candidatura puede hacerlo poniéndole un cero en la entrevista a una persona que tiene una gran ventaja en la presentación de atestados”, describió.
Para el Dr. Constantino Urcuyo Fournier la forma en que se eligen a los magistrados en Costa Rica es una actividad eminentemente política, “resulta ingenuo pensar que un nombramiento que tiene consecuencias políticas importantes como lo son las decisiones de los más altos jueces de la República no vaya a ser politizada, debemos aprender a lidiar con la política”, expresó.
Urcuyo Fournier señaló además que presumir que la intervención de los partidos políticos ata al magistrado es una idea errónea, aunque siempre habrá fuerzas políticas que apoyen o proponen cierta lista de nombres por algunos motivos y otras fuerzas apoyarán otra lista.
“Mientras Liberación Nacional fue el partido hegemónico ejerció una dominancia en la Corte Suprema de Justicia, después en la época bipartidista se alternaron los nombramientos para garantizar ciertos equilibrios políticos y ahora el multipartidismo les ha dado más independencia a los magistrados, pues sus nombramientos se deben a un acuerdo o coalición de diversos grupos políticos”, acotó.
El tercer exponente en esta mesa redonda fue el Dr. Omar Vargas Rojas, quien manifestó que se puede hablar de independencia política pero solamente de una forma retórica.
Una de las conclusiones a las que llegó Vargas Rojas es que la injerencia política en la elección de un magistrado suplente atenta contra la independencia judicial.
“Cada vez se acude más a la justicia para resolver los grandes problemas constitucionales, políticos, económicos y comerciales, recordamos el tema del TLC, la reelección presidencial, el tema de Crucitas y grandes casos de corrupción. Lo que ocurre es que en esta relación entre justicia y política, en donde los temas fundamentales del país se resuelven en el ámbito juridireccional, hay un riesgo de politizar la justicia o juridireccionar la política y en esta relación quien lleva las de perder es la justicia”, finalizó.
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