Condenan agresiones contra autoridades y funcionarios

El Consejo Universitario solicitó a la Administración evaluar los daños a los bienes institucionales, establecer las responsabilidades pertinentes, e iniciar los procedimientos, de conformidad con lo que dicta la normativa universitaria (foto Andrea Jiménez Murillo).

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), mediante un pronunciamiento aprobado este martes 7 de setiembre, condenó los actos de agresión de los que fueron objeto la mayoría de los miembros de este Órgano Colegiado; la Rectora, Dra. Yamileth González, y personal administrativo del  Consejo, el pasado 26 de agosto, cuando integrantes de la FEUCR y del SINDEU protestaron por el acuerdo al que había llegado el CONARE con el Gobierno, en relación con el presupuesto de las universidades públicas.

Los hechos ocurrieron en momentos en que el Consejo Universitario consideraba otorgar audiencia a representantes de ambas agrupaciones, y cuando un grupo de ellos irrumpió, mediante el uso de la fuerza, en la sala de sesiones e impidió la salida, durante más de tres horas,  de la Rectora y de la mayoría de los miembros de este Órgano, así como del personal de apoyo. Además, hubo coacción física y verbal contra esas autoridades universitarias.

Para este Órgano Colegiado, las distintas manifestaciones de protesta, así como la resolución de las diferencias por medio de la negociación, deben seguir un patrón de respeto a la libertad, a la dignidad y a la vida humana, así como a los bienes públicos, como ha sido la práctica universitaria; en ese sentido, rechazó el uso de la coacción, la retención física, el insulto y la ofensa personal como formas de lograr cualquier objetivo o de manifestar alguna diferencia con otros sectores de la propia institución.

“La Universidad de Costa Rica siempre ha sabido distinguir la protesta social legítima de actos de vandalismo, de daño a los bienes públicos, de agresión a la integridad y a la vida de las personas. Cuando estas acciones ilegítimas han tenido lugar en el país, la comunidad universitaria y sus autoridades las han condenado y repudiado sin ambages”, señala el pronunciamiento.

Además, el Consejo Universitario le solicitó a la Administración evaluar los daños a los bienes institucionales ocurridos durante la toma del edificio y establecer las responsabilidades pertinentes, e iniciar los procedimientos, de conformidad con lo que dicta la normativa universitaria.