20 jul 2010Sociedad

En Costa Rica los centros penales podrán hacer esfuerzos válidos por ofrecer educación, respetar los derechos humanos y dar condiciones de salud idóneas, pero no podrán rehabilitar a los presos para logar su reinserción en la sociedad.

Pero además, los delitos de “cuello blanco” que no se detectan, o sea, los cometidos por individuos de clase alta quienes aprovechan sus conocimientos o los de otros para evitar el pago de impuestos y demás casos de corrupción, hacen que los recursos del Estado disminuyan y no lleguen a los estratos sociales más necesitados.

Estas son conclusiones derivadas del foro denominado “Capacidad institucional para enfrentar la inseguridad ciudadana: prevención y represión”, el cual fue organizado por la Comisión Especial Interdisciplinaria, de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) el pasado miércoles 7 de junio.

Allí se discutió sobre la violencia que aqueja a nuestra sociedad y la capacidad de las instituciones que tienen a su cargo el enfrentar la inseguridad ciudadana.

Los invitados a aportar sus ideas al respecto fueron el Dr. Gilbert Armijo Sancho, el Mag. Eugenio Polanco Hernández y el Mag. Douglas Durán Chavarría; como moderadora de la actividad estuvo la Dra. Montserrat Sagot Rodríguez.

Incapacidad ante la violencia

Armijo Sancho sentenció desde el escenario del auditorio del Lanamme, en la Ciudad de la Investigación de la UCR, que el sistema actual está basado en la premisa “sálvese quien pueda”.

Según datos aportados por Armijo, en el año 2008 hubo 512 asesinatos solamente en la provincia de San José, de los cuales 422 fueron hombres y 60 mujeres, seguido por Limón en donde se contabilizaron 100 homicidios. La mayor causa de estos homicidios es el robo por asalto y el sicariato, aunque este último es difícil de probar.

“¿Qué se ha hecho hasta el momento?, están los Tribunales de Flagrancia, pero estos generan más gasto para el Poder Judicial. Necesitamos un sistema penal diferente aunque no con leyes más fuertes, pues la mano dura demostró en El Salvador que no funciona”, manifestó Armijo.

Para Armijo el antivalor violencia está prevaleciendo en nuestra sociedad, pues se nace con la idea de que la propiedad no tiene límites y que se puede violar a una persona cuando se quiera sin que pase nada.

“La familia está fallando, pero no porque quieran, sino porque los padres tienen que trabajar hasta en dos horarios seguidos para contar con el dinero suficiente; a los niños los cuida la niñera quien los pone a ver televisión en donde muchos programas tienen un exceso de escenas violentas y esa es la educación que los pequeños tienen” agregó Armijo.

En contraposición a esto, Armijo mencionó el ejemplo de pueblos como San Ramón, Acosta o Belén en donde se dan dos homicidios por año, deduciendo que los ticos tenemos dos tipos de país: comunidades en donde los lazos familiares son muy fuertes y los índices de violencia son bajos, contra centros de ciudades que parecen un infierno.

“Debemos volver a replantear las reglas pero no con penas altas sino volviendo a las raíces que caracterizaban a la sociedad tica en épocas pasadas”, sentenció Armijo.

Por su parte, el reconocido experto en materia de seguridad y criminalidad, Eugenio Polanco Hernández, sostiene que el sistema penal no tiene capacidad para atender la demanda actual.

“Invertir en el aparato represivo no incide positivamente en el factor criminalidad, pues la falta de acceso a la salud y la poca educación son causas de la violencia, por lo que el aumento de la inversión en el gasto social sí ayuda a disminuir la inseguridad”, indicó Polanco.

Polanco coincidió con el Dr. Armijo en que los lazos familiares son determinantes en todas las conductas humanas, pero recordó que la Costa Rica de antaño incorpora modelos de profunda violencia patriarcal que generaron disgustos en el seno familiar, todo esto en silencio, sin que existieran denuncias.

Evasión fiscal, violencia y rehabilitación

Douglas Durán Chavarría advirtió que en 15 años se duplicó la cantidad de personas que ingresaron a las cárceles del país: en 1992 habían 3346 privados de libertad (105 por cada 100.000 habitantes), mientras que para el 2008 se contaron 9114 (206 por cada 100.000 habitantes).

“Debemos criminalizar mucho más las conductas especialmente lesivas como las que afectan los derechos de toda la colectividad como la evasión de la recaudación fiscal, la corrupción y demás delitos de ‘cuello blanco’, pues estos reducen la capacidad del Estado de distribuir riqueza equitativamente”, manifestó Durán.

Para Durán, los sectores pobres del país tienen un alto índice de criminalidad, pues los delitos que cometen son identificados casi de inmediato, como por ejemplo el robo de una cadena en la calle a plena luz del día. La evasión fiscal es algo que cuesta mucho detectar pero que influye grandemente en la economía del país.

Otra de las conclusiones que produjo esta actividad es que los centros penales no son lugares en los que los sentenciados puedan encontrar un camino para que su reinserción en la sociedad sea positiva.

Durán Chavarría, miembro de la Sociedad Internacional de Criminología, manifestó al respecto que el sistema penitenciario no es responsable por curar o rehabilitar a los individuos recluidos: “a muchos les cuesta evolucionar positivamente a pesar de estar libres, ahora en prisión les resulta mucho más complicado”, ahondó.

Por su parte, Polanco Hernández dijo que un sistema penitenciario no puede pretender tomar a un privado de libertad y generar una serie de acciones de tipo terapéuticas cuyo resultado sea el que no va a delinquir más, pues cuando la persona sale de la cárcel se encontrará con las mismas condiciones sociales y las contradicciones que lo llevaron a cometer el delito.

“Las cárceles rehabilitatorias son un fraude, no existen, podemos dar buena atención, garantizar derechos, dar educación, recreación y contacto con la familia pero todo dirigido al desarrollo humano, no para garantizar, porque no podemos hacerlo, que no exista reincidencia”, argumentó Polanco.

Tras la conclusión de este foro, reina el sentimiento de que el sistema penitenciario y todo el Poder Judicial costarricense se encuentra en una gran encrucijada, debido a múltiples factores como: el incremento continuo de la población en las cárceles, el tratamiento que allí reciben los internos, fórmulas capaces de disminuir las cifras de violencia, así como un régimen que castiga a los menos favorecidos y no a los evasores fiscales.