“Universidad no recibe ultimátum de nadie”

Para Dra. Yamileth González, es fundamental que las autoridades del Gobierno respeten a las y los rectores de las Universidades Públicas.

En declaraciones dadas esta mañana al periódico La Nación, la rectora de la Universidad de Costa Rica (UCR) y presidenta del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Dra. Yamileth González García, afirmó que “la universidad no recibe ultimátum de nadie”.

De esta forma la Rectora reaccionó a la posición del Gobierno de dar tres días a los rectores y rectoras de las universidades públicas para que decidan si aceptan o no el ofrecimiento presupuestario hecho por el Estado para los próximos cinco años.

Según un comunicado de prensa del Ministerio de Educación, enviado a los medios, no así a los representantes del Conare, si esto no ocurre, el plan se discutiría en la Asamblea Legislativa, una vez que el Ejecutivo envíe el presupuesto nacional del otro año, en el mes de setiembre.

Para la Dra. González el ultimátum, que fue conocido por los representantes del Conare a través de la prensa, fue una sorpresa desagradable, por cuando en la reunión de ayer, que se prolongó hasta horas de la noche, nunca hubo un planteamiento al respecto. “En todo caso, de parte del Gobierno no hay un planteamiento para la educación superior, aquí el asunto es solo de plata”.

A su juicio aunque se supone que las universidades y el Gobierno están en un proceso de negociación “el Gobierno no negocia, sino que busca imponerse y eso es inaceptable”.

La propuesta de financiamiento del Gobierno es de otorgar un aumento real (más inflación) del 4% para el 2011, y del 4,5%, para los siguientes cuatro años.

Por su parte las universidades estatales piden un incremento del 11% real para el 2011, con un incremento de un punto porcentual cada año hasta alcanzar el 15% en el 2015.

Sin esos recursos las instituciones de educación superior públicas se verían obligadas a despedir personal interino, a no incrementar la oferta para estudiantes de primer ingreso, a cerrar cursos, a disminuir en un 17% la inversión en becas, a suspender el envío de docentes al exterior a realizar estudios de posgrado y a postergar los procesos de acreditación.