15 jun 2010Sociedad

El estado que establece la libertad de culto sin privilegiar ninguna religión, o sea el estado laico, es el único que puede garantizar la implementación de los derechos de las mujeres y por lo tanto, la existencia y el fortalecimiento de una democracia más verdadera.

Así opina la Dra. Marysa Navarro Aranguren, Presidenta de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir y profesora de la Universidad de Harvard, quien impartió la conferencia “Estado laico, democracia y derecho de las mujeres”, el martes 8 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.

La conferencista hizo un recorrido histórico por la relación entre el poder político y religioso en América Latina desde la conquista, y apuntó que la Iglesia Católica durante siglos, ha mantenido inalterables sus posiciones sobre el papel de la mujer y su sexualidad y ha tenido injerencia sobre las políticas en los estados sobre este asunto.

La experta señaló que desde 1964 la Santa Sede es un observador permanente en la Organización de Naciones Unidas (ONU) con voz y voto, poder que ha utilizado enérgicamente para organizar la oposición en las conferencias internacionales, rechazando las medidas que consideran contrarias a sus enseñanzas en lo que respecta a la familia la sexualidad y el rol de las mujeres en la sociedad.

En su criterio, la jerarquía eclesiástica se opone a todas las medidas que conforman los derechos femeninos porque tienen una concepción problemática de las mujeres, basada en textos de los padres de la Iglesia que se remontan al siglo IV.

Explicó que el texto fundamental es de San Agustín, cuyas ideas siguen vigentes. Para él las mujeres han sido creadas por Dios para estar subordinadas a los hombres, ellas representan el mundo material y el cuerpo, el acto sexual es un acto pecaminoso, que solo puede ser correcto si se realiza en el matrimonio para reproducir la humanidad. Estas ideas aún hoy marcan la posición de la Iglesia en temas trascendentales como el uso de anticonceptivos, el condón, el aborto, VIH-SIDA, entre otros.

Aunque la iglesia ha podido intervenir en la política de los países cuando se debate una ley que considera peligrosa según sus preceptos, según explicó la Dra. Navarro, en las últimas décadas los estados han apoyado el ordenamiento de nuevos derechos para las mujeres. En algunos se ha logrado la aprobación de leyes de salud reproductiva, se está ampliando el acceso a anticonceptivos y la panificación familiar, e incluso actualmente se discute la redefinición del matrimonio. 

A su juicio, los estados laicos existen en un contexto histórico y social distinto para cada país, y en América Latina hay que volver a revisar el laicismo pues se ha dado de forma muy particular en los distintos países y aún en muchos no se incluyen los derechos de la mujer.

Explicó el caso excepcional de Costa Rica, país que desde 1949 con la reforma a la Constitución Política se definió como un estado confesional, en tanto se adoptó como oficial la religión católica. Esta particularidad hace de nuestro país una rareza  en América Latina y en el mundo, al ser uno de los pocos estados que aún mantiene esta condición.  

La historiadora fue enfática en su conclusión al manifestar que “la Iglesia Católica Apostólica y Romana puede defender y proteger sus enseñanzas, pero no se le puede permitir es tratar de imponerlas a toda la sociedad cuando hay sectores que no están de acuerdo con ellas porque profesan otras creencias o no tienen ninguna religión, son ateos, sobre todo cuando esas enseñanzas traen consecuencias fatales para las mujeres sean católicas o no”.

La Dra. Marysa Navarro Aranguren fue invitada por el Posgrado en Estudios de la Mujer en coordinación con el Centro de Investigaciones de Estudios de la Mujer y el Programa Regional Centroamericano de Posgrado en Filosofía de la Universidad de Costa Rica.