31 may 2010Gestión UCR

La Universidad de Costa Rica hizo un llamado vehemente a los Poderes del Estado y al Ministerio Público para que reviertan la creciente tendencia a reprimir y criminalizar a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta social.

Así lo manifestó mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario, el pasado 20 de mayo, en el que se determina que estas acciones riñen con los principios de un Estado Social de Derecho, democrático, y con un sistema judicial que, históricamente, ha sido respetuoso de los derechos fundamentales de las personas.

El pronunciamiento del máximo órgano político de la Universidad de Costa Rica tiene como base los hechos acontecidos en distintas protestas sociales, donde se ha visto la reacción desmedida y el exceso en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y de la Fuerza Pública contra sectores de la sociedad civil, estudiantes y profesores.

Para esta Institución de educación superior pública, el creciente clima de intolerancia y la ausencia de diálogo que se ha consolidado en nuestro país, fortalece una cultura de miedo que refuerza la inseguridad ciudadana y podría ser terreno fértil para que sectores de la sociedad estén dispuestos a sacrificar garantías y derechos políticos democráticos bajo la promesa de mayor seguridad.

El pronunciamiento del Consejo Universitario recordó que los cuerpos de seguridad deben estar al servicio del bien común, y que el respeto a la diversidad política y al pluralismo son aspectos centrales de cualquier sistema político que se precie de ser democrático.

Para la Universidad, los excesos represivos ocurridos en la invasión a la ciudad universitaria Rodrigo Facio el 12 de abril, la represión del movimiento de protesta en Limón, la violencia contra un grupo de jóvenes el 8 de mayo y las acciones para implementar una disposición en el uso del uniforme a los estudiantes del Colegio José Joaquín Vargas Calvo,  tuvieron consecuencias en el accionar de la Fiscalía y el Ministerio Público, los cuales han hecho acusaciones y solicitado medidas cautelares propias para criminales peligrosos y no para sectores de la ciudadanía que ejercen su derecho a la protesta.

Al respecto, esta Institución reconoce que en esta secuencia de hechos también ha habido actos vandálicos que, además de reprochables, dañan la propiedad pública y privada, y proyectan una imagen negativa de quienes protestan y mantienen una voz crítica; ante ello, solicitó al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial desarrollar los esfuerzos necesarios para identificar a quienes son realmente los responsables de este accionar.

En este sentido, ofreció respaldo moral a todas las personas encausadas injustamente y pidió que se desista de las acciones penales en curso, en los casos en que han imputado delitos comunes a personas que, en realidad, ejercían su derecho a la protesta.

Finalmente, y con el propósito de contribuir con la construcción de una política de seguridad ciudadana en el marco del Estado Social de Derecho, el Consejo Universitario acordó crear una comisión institucional que, en conjunto con otras instancias universitarias y académicas, formule propuestas y lineamientos en este sentido.