Maraña político-judicial en democracias de América Latina

Los panelistas Violeta Pallavicini, Jorge Vargas, Álvaro Navarro y Freddy Maríñez estuvieron de acuerdo en que los ticos pagan impuestos como pobres pero quieren servicios como ricos (fotos Anel Kenjekeeva).

Muchos ciudadanos cuando sienten que sus derechos son violentados tienen la opción de acudir a los tribunales, en nuestro caso la Sala IV, para que se cumpla su reclamo si es que existe fundamento constitucional, pero: ¿hasta dónde puede esto obstaculizar el desarrollo del sistema democrático de un país?

Este y otros ejemplos fueron analizados por un grupo de especialistas en ciencias políticas el pasado viernes 21 de mayo en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), en la presentación del libro “Política Pública y Democracia en América Latina”, cuyo autor Freddy Maríñez Navarro es a su vez profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México.

Maríñez coordinó junto con Vidal Garza Cantú una serie de textos elaborados por profesionales de toda Latinoamérica para incluirlas en esta obra: dentro de los autores de los artículos aparece Jorge Vargas Cullell, subdirector del programa Estado de la Nación de nuestro país.

Tanto Cullell como Maríñez expusieron las ideas principales inmersas en dicha publicación, cuya presentación fue organizada por la Escuela de Ciencias Políticas y el Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la UCR.

El libro fue publicado en México por el Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa (fotos: Anel Kenjekeeva)

A ellos se les unieron los profesores Violeta Pallavicini y Álvaro Navarro como comentaristas, y la subdirectora de la Escuela de Ciencias Políticas, Evelyn Hernández Ortiz, como moderadora de la actividad.

Enorme maraña judicial

Según explicó Freddy Maríñez, la obra ofrece 21 aportaciones escritas sobre política pública y qué tipo de democracia necesitan las sociedades latinoamericanas, pero además ahondan sobre las características que debe tener un Estado para que pueda implementar la democracia como tal y poder hacerla funcionar eficientemente.

A propósito de esto, en el artículo de Jorge Vargas Cullell se trata el vínculo entre democracia y política pública: él afirma que toda democracia da un portafolio de derechos a los ciudadanos y protegerlos significa cierto gasto, “¿cómo podemos medir los derechos difusos o aspiracionales como por ejemplo el derecho a una vida sana?”, preguntó Vargas.

Freddy Maríñez Navarro adelantó que la segunda parte del libro “Política Pública y democracia en América Latina” ya está en proceso y pronto verá la luz (fotos Anel Kenjekeeva).

Esto implicaría, expuso Vargas Cullell, que se deben jerarquizar los derechos y que iniciarían con los exigibles como lo es el derecho al voto, “aunque muchos grupos poderosos de la sociedad se verían tentados a poner de primeros los que a ellos más les convienen”, acotó.

Y es que existen estándares que un Estado debe cumplir para poder ejecutar la protección de los derechos señaló Vargas Cullell, por lo que deben de haber normas que les obliguen a rendir cuentas y alienten el derecho a la información.

Por su parte, Álvaro Navarro fue enfático al decir que dentro de su análisis de la obra y su aplicación a la realidad local concluyó que en Costa Rica se pagan impuestos como pobres pero se demandan servicios como ricos: “¿estaríamos dispuestos a pagar más por nuestra democracia?”, cuestionó Navarro.

El papel de la Sala IV

Jorge Vargas Cullell adujo que en el país tienen a “pan y agua” a las políticas públicas y debido a eso existen problemas como los bajos estándares en la educación pública (fotos Anel Kenjekeeva).

La experiencia de contar con una instancia constitucional para dirimir cualquier conflicto derivado de los derechos de los ciudadanos como lo es la Sala IV, no es exclusiva de los ticos, pues en muchos países de Latinoamérica se dan casos parecidos y es allí donde nacen algunas de las interrogantes más recurrentes de los especialistas en ciencias políticas: ¿será que en realidad en Costa Rica manda la Sala IV?, ¿puede tener el derecho una sola persona de detener lo que definen las autoridades o la mayoría mediante un recurso de amparo?

Dentro de los ejemplos más notorios en los que la Sala IV ha tenido un papel preponderante son los casos de recursos de amparo interpuestos contra la prohibición a la reelección presidencial, la restricción vehicular, el uso del cinturón de seguridad o contra instituciones públicas como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

“El bipartidismo se concentró en repartir derechos o distribuir intangibles, por lo que la democracia en el país se judializó: ahora no se reparten bienes, se reparten derechos”, sentenció Vargas Cullell.

La obra “Política pública y democracia en América Latina” estudia las políticas públicas y su implementación en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Brasil, México, Uruguay, Venezuela y Costa Rica.